Con el objetivo de mejorar la atención integral a personas afectadas por hechos de violencia, la Fiscalía Departamental de Beni, a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), llevó adelante una jornada de capacitación especializada dirigida al personal del Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés.

La actividad fue liderada por el enlace del IDIF, Dr. Gary Juaniquina, y tuvo como propósito principal reforzar los conocimientos técnicos del personal de salud sobre dos herramientas clave en el proceso legal: el Certificado Único y la Caja de Evidencias.

El Fiscal Departamental, Félix Balderas, explicó que se brindó una instrucción minuciosa sobre el correcto llenado del Certificado Único, documento que no solo respalda la atención médica brindada, sino que también tiene peso legal dentro de las investigaciones penales. Asimismo, se abordaron los procedimientos adecuados para el uso y manejo de la Caja de Evidencias, garantizando el cumplimiento de la cadena de custodia y la preservación de indicios recolectados en casos de violencia.

“Esta formación técnica permite asegurar que el trabajo médico no solo sea clínicamente correcto, sino también útil y válido en el ámbito legal. Cada dato, cada evidencia, puede ser determinante para obtener justicia para una víctima”, sostuvo Balderas.

La capacitación forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio Público en coordinación con el sector salud, y será replicada progresivamente en otros establecimientos del departamento. El objetivo es consolidar un modelo de atención integral, sensible y técnicamente sólido que permita responder de manera más eficaz ante los casos de violencia, especialmente en contextos donde la intervención médica representa uno de los primeros eslabones de la ruta de atención.

En un acto que reafirma el compromiso institucional frente a la violencia de género y la protección de los más vulnerables, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, encabezó la instalación de la Primera Mesa Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia de Género 2025. La actividad, que se realizó en el marco de los 200 años de la independencia del país, congregó a autoridades estatales, organismos internacionales y organizaciones sociales, en un espacio de diálogo y coordinación estratégica.

“Esta Mesa Nacional es mucho más que un evento; es una muestra de lo que se puede lograr cuando instituciones distintas trabajan con un objetivo común. Hoy estamos consolidando flujos de atención más articulados, mesas técnicas que producen resultados y mecanismos que priorizan a las víctimas”, afirmó Mariaca.

Una de las principales novedades anunciadas durante la jornada fue el cambio de enfoque hacia las violencias emergentes en entornos digitales, una amenaza creciente que afecta a niñas, niños y adolescentes en todo el país. En ese marco, la autoridad presentó el avance del Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, aprobado por unanimidad en el Senado y actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados.

A la par, el Ministerio Público creó la Unidad Especializada en la Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Fiscalía Superior en Razón de Género, con el fin de fortalecer la capacidad institucional para investigar y sancionar estos delitos, incluso antes de la aprobación final de la normativa.

“Las violencias digitales no descansan, cruzan fronteras y muchas veces permanecen invisibles. Tenemos la obligación de actuar con responsabilidad histórica. No podemos hablar de justicia si ignoramos lo que ocurre en las plataformas digitales”, agregó Mariaca, destacando el carácter innovador de la unidad creada.

La Fiscal Superior de Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, remarcó la necesidad de colocar a las víctimas en el centro de la respuesta institucional. “Cuando alguien sufre violencia, lo primero que necesita no es saber quién tiene competencia, sino quién está dispuesto a ayudar. Y esa es una respuesta que debemos construir entre todos”, manifestó.

El evento contó con la participación de altas autoridades del Estado, como el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez; el Ministro de Gobierno, Roberto Ríos Sanjinés; y el Comandante General de la Policía Boliviana, Augusto Russo Sandoval, entre otros representantes del Órgano Judicial, el Ministerio de Salud y Deportes, y varias instancias especializadas en atención y protección a víctimas.

Además, se recibió el respaldo de organizaciones internacionales como UNICEF, ONU Mujeres, UNFPA, UNODC, Save The Children, EDUCO, World Vision Bolivia, así como de plataformas nacionales como la Comunidad de Derechos Humanos, el SEPMUD y la FELCV.

La Mesa Nacional se consolida así como un espacio de planificación interinstitucional que busca responder de manera integral a las múltiples expresiones de violencia de género, incluyendo aquellas que, aunque menos visibles, generan profundos impactos en la vida de niñas, niños y adolescentes en Bolivia

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, dio a conocer oficialmente el “Protocolo de Dirección Funcional de la Investigación en Accidentes de Tránsito”, una herramienta inédita en el país que permitirá a los fiscales abordar estos casos con mayor precisión técnica, eficiencia y objetividad.

Este documento fue desarrollado por la Fiscalía Superior en Delitos contra la Vida y Personas, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y establece una metodología estructurada que optimiza el rol del Ministerio Público desde la primera intervención.

“Cada víctima merece verdad, justicia y reparación. Y cada persona imputada merece un proceso legítimo, basado en pruebas objetivas, no en suposiciones”, sostuvo Mariaca, enfatizando que el protocolo representa un cambio sustancial hacia una justicia más rigurosa y humana.

Entre sus principales aportes, el protocolo define tiempos máximos de respuesta, mejora la coordinación interinstitucional y propone una visión multidisciplinaria, integrando peritajes técnicos y análisis científicos en la reconstrucción de los hechos.

La iniciativa fue respaldada por el Ministro de Gobierno, Roberto Ignacio Ríos Sanjines, quien subrayó que la herramienta no solo fortalece la respuesta institucional ante estos hechos, sino que promueve un trabajo conjunto entre fiscales, policías, peritos y bomberos. “Los accidentes de tránsito son una realidad dolorosa que afecta a miles de familias bolivianas”, expresó.

Desde el IDIF, su directora Ana Katherine Ramírez resaltó que el protocolo nace del compromiso interinstitucional con la verdad y la transparencia. “Cada investigación debe ser precisa y realizada con el más alto estándar científico”, afirmó.

Asimismo, el Fiscal Superior Sergio Fajardo destacó que la guía va más allá de un simple manual operativo: “Representa una voluntad institucional clara, ética y comprometida con la vida y la verdad”.

Según datos del Ecosistema ROMA del Ministerio Público, actualmente existen más de 11.600 casos abiertos por accidentes de tránsito en el país. Esta nueva herramienta permitirá no solo una investigación más certera, sino también el análisis de patrones delictivos y el diseño de políticas preventivas con base en evidencia científica.

La implementación de este protocolo responde a la necesidad de abordar los siniestros viales como un fenómeno complejo, donde influyen múltiples factores como la imprudencia, el consumo de alcohol, fallas mecánicas o incluso intentos de encubrimiento, dejando atrás la visión de que estos hechos son meramente fortuitos.