El representante del Transporte Internacional, Erland Melgar, expresó su preocupación por el agravamiento de la escasez de combustibles en el país, y aseguró que la situación ha llegado a niveles críticos. “Estamos realmente allá abajo, en el hueco”, advirtió al referirse al impacto en el sector.

Según Melgar, los problemas comenzaron a intensificarse desde septiembre del año pasado. Desde entonces, los transportistas han tenido que hacer filas de hasta ocho días para conseguir diésel, especialmente en zonas rurales. “Esto empezó con colas de dos días y fue empeorando. Hoy, en algunas regiones, podemos estar hasta una semana esperando combustible”, relató.

Criticó al Gobierno por su falta de respuesta efectiva. “Habrá que preguntarle al Gobierno, a YPFB, al ministro, por qué han sido tan obtusos. Incluso el presidente Luis Arce reconoció hace unos 15 días que no hay condiciones para cubrir la demanda, incluso si llegan los créditos”, afirmó.

Melgar también cuestionó el decreto que habilita la importación privada de combustibles, asegurando que impone más trabas que soluciones. “Tiene como 20 requisitos y no facilita nada. El sector privado no está en condiciones de asumir ese rol”, dijo.

La escasez de carburantes afecta directamente a la cadena productiva, advirtió. “Nos preocupa el sector primario, el que produce los alimentos. Si no hay diésel, no pueden sembrar ni cosechar. Y nosotros no podemos transportar. Todo termina afectando al consumidor”, explicó.

Para el dirigente, el origen de esta crisis está relacionado con la escasez de dólares, que —según apuntó— comenzó en febrero de 2023. Atribuyó la responsabilidad directa al Gobierno de Luis Arce y lo acusó de no tomar decisiones estructurales para resolver el problema.

“La clase política, y en este caso el Gobierno, debe dirigir el país con soluciones. Lamentablemente, no lo está haciendo. Lo advertimos y hoy vivimos las consecuencias”, concluyó.

La mañana de este miércoles, vecinos del Distrito 6 del municipio de Sacaba instalaron tres puntos de bloqueo que interrumpen el tránsito en la ruta que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Las medidas de presión se ubican en la avenida Circunvalación, la avenida Villazón y el túnel de El Abra, donde los pobladores exigen que las autoridades atiendan un pliego de tres demandas.

Los manifestantes reclaman, en primer lugar, el respeto al proyecto original de un camposanto que debía ocupar 75 hectáreas en su distrito, pero que —según denuncian— se ha reducido a apenas una hectárea y media. Además, exigen la pavimentación de una avenida que conecta la zona este con la oeste del distrito y solicitan la habilitación de transporte público por el túnel de El Abra.

“El proyecto del cementerio tiene folio real y debía contar con 75 hectáreas, pero se ha reducido sin explicación. También necesitamos que se pavimente la avenida principal y que haya transporte público por el túnel, porque la población crece y no tiene movilidad adecuada”, explicó uno de los representantes vecinales.

Los vecinos afirman que el conflicto podría levantarse de forma pacífica si autoridades del Ejecutivo y Legislativo se presentan en el lugar y firman un compromiso por escrito para dar solución a los tres puntos demandados. “Somos 34 organizaciones movilizadas, queremos una solución concreta”, expresó otro dirigente.

Ante el conflicto, la Policía se movilizó hasta los puntos de bloqueo para intentar entablar un diálogo y restablecer el tránsito vehicular. El comandante de la Policía de Sacaba, Marcelo César Acuña, informó que se está conversando con los vecinos, y que se espera una convocatoria por parte de las autoridades municipales para instalar una mesa de negociación.

En el departamento de Santa Cruz, casi mil ciudadanos sorteados como jurados electorales han presentado excusas para evitar cumplir con esta función en las próximas elecciones generales del 17 de agosto. De un total de 54.690 jurados designados —casi en partes iguales entre hombres y mujeres—, hasta mediados de esta semana se contabilizaron 974 solicitudes de exención ante el Tribunal Electoral Departamental (TED).

La principal razón para presentar excusas es el cuidado de un menor lactante de hasta dos años, con 277 casos registrados. Le siguen otras causas como enfermedades (211), situaciones fortuitas (139), fuerza mayor (101) y estado de gravidez (95). También figuran excusas relacionadas con la prestación de servicios indispensables el día de la elección, el cuidado de personas enfermas, y un pequeño número de dirigentes de organizaciones políticas.

Los interesados pueden realizar el trámite de manera presencial en la sede del TED en la ciudad de Santa Cruz, ubicada en la calle Andrés Ibáñez con avenida Cañoto, o a través de la plataforma digital habilitada por el Órgano Electoral Plurinacional para facilitar los procesos vinculados a la jornada electoral, incluida la presentación de excusas y el acceso a pases de circulación para el día de la votación.

El reglamento electoral vigente establece que las personas sorteadas tienen un plazo de siete días desde la publicación de las listas para presentar sus excusas, las cuales deben estar acompañadas por la documentación que respalde la causa alegada. En zonas rurales, estas excusas pueden ser presentadas ante notarios electorales, quienes se encargan de remitir la información correspondiente al TED.

Entre las excusas válidas se incluyen certificados médicos por enfermedad o embarazo, documentos que acrediten fuerza mayor o caso fortuito (como desastres naturales o viajes), certificaciones para dirigentes políticos o candidatos, constancias laborales para quienes prestan servicios esenciales durante la elección, y documentación que acredite el cuidado de personas con discapacidad o menores lactantes. Además, las personas mayores de 60 años pueden excusarse presentando su cédula de identidad.

Este miércoles se cumple el segundo día del paro de 72 horas asumido por los trabajadores de salud del departamento de Santa Cruz. La medida, que comenzó el martes y se extiende hasta este jueves, exige el pago del bono de vacunación correspondiente a esta gestión.

Durante estos días, se suspendió la atención externa en centros de salud y hospitales de los tres niveles, tanto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como en las provincias, afectando a cientos de pacientes que madrugan con la esperanza de ser atendidos o reprogramados.

Según Robert Hurtado, representante del sector, la Gobernación propuso un plazo de 45 días para el pago, lo cual fue rechazado. “Exigimos la cancelación inmediata del bono”, afirmó.

Los trabajadores advirtieron que si no reciben una respuesta favorable, desde el próximo lunes iniciarán un paro de cinco días consecutivos. Por ahora, solo se atienden emergencias en los centros médicos cruceños.