La ministra de Salud y Deportes, María Reneé Castro, informó que este miércoles se reunirá el Comité Intersectorial para analizar si las condiciones epidemiológicas y climáticas permiten el retorno a las actividades escolares presenciales en el país. La decisión será tomada en base a criterios técnicos de diferentes instituciones.

“El miércoles se analizarán los datos y daremos a conocer las recomendaciones correspondientes”, indicó Castro, en contacto con medios en La Paz. Señaló que en el comité participan entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Senamhi, que presentarán informes actualizados sobre el comportamiento del clima y la evolución de enfermedades respiratorias y del brote de sarampión.

Respecto a la campaña de inmunización, la ministra confirmó que ya se han aplicado más de 500.000 dosis contra el sarampión, especialmente en menores de 15 años. No obstante, aclaró que por el momento no se ampliará el rango de edad debido a la limitada disponibilidad de vacunas.

“Si logramos recibir más dosis, se evaluará extender la cobertura a otros grupos poblacionales”, sostuvo.

Desde que Bolivia declaró emergencia sanitaria por sarampión el pasado 23 de junio, se han registrado 148 casos confirmados, la mayoría en el departamento de Santa Cruz, donde se concentra la estrategia de contención.

Las autoridades esperan que el Comité Intersectorial brinde lineamientos claros que garanticen la seguridad de estudiantes y docentes, mientras continúan los esfuerzos por frenar el brote y monitorear las condiciones climáticas adversas.

Con la participación de más de 200 representantes de América Latina y el Caribe, Bolivia inauguró este martes la Conferencia Regional de Datos Abiertos ABRELATAM y CONDATOS 2025, evento que se extenderá hasta el 24 de julio en el campus de la Universidad Privada de Bolivia (UPB), en el municipio de Achocalla, departamento de La Paz.

Durante el acto inaugural, realizado en la Casa Grande del Pueblo, la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia Atristaín, destacó el compromiso del país con la agenda digital y el uso de tecnologías para la transparencia gubernamental. “Los datos abiertos son hoy una herramienta transformadora. Democratizan el acceso a la información, fomentan la participación ciudadana y permiten construir servicios públicos más eficientes y cercanos a la gente”, afirmó.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del Órgano Ejecutivo, como la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos Laguna; y el director de AGETIC, Vladimir Terán, entre otros representantes institucionales.

El evento, considerado uno de los más importantes en materia de tecnología cívica y derechos digitales en la región, incluye siete salas temáticas donde se debatirán temas como transparencia, rendición de cuentas, periodismo de datos, protección de datos personales y participación ciudadana.

Bolivia busca consolidarse como un actor relevante en el ecosistema digital de América Latina. En ese marco, la ministra Saravia destacó avances nacionales como el desarrollo del sistema SITPRECO S2+, SIIARBE S2+, la plataforma REDSAJ y el observatorio ciudadano de transparencia, entre otras herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el acceso público a la información y la lucha contra la corrupción.

La organización del encuentro está a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Pacto Global Red Bolivia y la Fundación InternetBolivia.org, y cuenta con el respaldo de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Con esta edición, Bolivia se proyecta como un país líder en el impulso de políticas públicas digitales, promoviendo una visión de desarrollo basada en la apertura de datos, la innovación y el fortalecimiento de los derechos digitales en la región.

Ocho efectivos de la Armada Boliviana resultaron heridos tras ser atacados por contrabandistas mientras realizaban un control rutinario en la zona fronteriza de Bermejo, departamento de Tarija. El hecho ocurrió la mañana del sábado 19 de julio y fue confirmado este martes por el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN. (S.P.) Luis Amílcar Velásquez Burgoa, durante una conferencia de prensa.

Según el informe oficial, los militares realizaban labores de inspección en puertos fronterizos cuando fueron sorprendidos por un grupo de personas que, al verse afectados por el decomiso de productos de contrabando, reaccionaron con violencia y comenzaron a lanzar piedras contra los uniformados. Ocho miembros del Área Naval 3 resultaron policontusos.

“Los militares fueron atacados con piedras por una turba enardecida, dañando también los vehículos utilizados en el operativo, rompiendo los vidrios y afectando la logística del control”, detalló Velásquez.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó que ya se logró identificar a cuatro de los presuntos agresores, quienes serán denunciados ante el Ministerio Público por su participación en el ataque.

Comiso en La Paz

En otro operativo, realizado la madrugada del lunes en la carretera de Lloko Lloko, en el departamento de La Paz, se incautaron 4.000 kilos de carne de cerdo transportados de forma ilegal. La mercancía tenía un valor comercial superior a los Bs160.000, y el vehículo en el que era trasladada también fue retenido, generando una afectación estimada de más de Bs300.000 al contrabando.

La carne fue trasladada al Regimiento de Infantería Mecanizada RIM-23 “Max Toledo” para su custodia, mientras se inician las investigaciones correspondientes.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha frontal contra el contrabando, pese a los riesgos que implica el cumplimiento de estas tareas en zonas de alta conflictividad fronteriza.

En una aventura que entrelaza tradición, naturaleza y soberanía, cuatro ciudadanos franceses emprenden una inédita travesía fluvial a bordo de una balsa construida artesanalmente con totora, navegando desde el municipio paceño de Guanay hasta las aguas del Océano Atlántico. La embarcación, bautizada como Pipilintu (mariposa en aymara), ya ha superado más de 1.200 kilómetros en territorio nacional, contando con el acompañamiento activo de la Armada Boliviana.

El viaje comenzó el 14 de julio y recorre ríos emblemáticos como el Mapiri, el Kaká y el Beni, pasando por localidades como Rurrenabaque y Riberalta. Se trata de una ruta total de 3.600 kilómetros, impulsada a remo y vela, que rinde homenaje al Bicentenario de Bolivia y a la profunda conexión cultural e histórica del país con sus ríos.

Fabien Gallier, Erwan Rolland, Thomas Merzlic y Benjamin Vaysse son los cuatro expedicionarios que lideran esta misión, movidos por el respeto a la naturaleza y a las técnicas de navegación ancestrales. La Pipilintu fue construida en Huatajata, a orillas del lago Titicaca, con técnicas tradicionales y materiales nativos como la totora.

La Armada Boliviana ha acompañado esta travesía desde su inicio, brindando apoyo logístico, seguridad y asesoramiento técnico. Además de garantizar la protección de los navegantes, la institución participa en la recolección de datos ambientales y en el fortalecimiento de la identidad fluvial nacional.

“Este tipo de iniciativas permiten proyectar al país desde una perspectiva acuática, fortaleciendo el orgullo por nuestras rutas ancestrales y reafirmando la soberanía en cada kilómetro de río recorrido”, señalaron desde la Armada Boliviana.

Con el zarpe desde Rurrenabaque hacia Riberalta, la Pipilintu inicia la etapa final de su recorrido en suelo boliviano, cubriendo los últimos 845 kilómetros antes de continuar rumbo a Brasil y, finalmente, al Atlántico.

Más allá del desafío físico, esta travesía representa un mensaje profundo: Bolivia es una nación fluvial, con ríos que cuentan historias, conectan pueblos y fortalecen la identidad de un país que mira al futuro sin olvidar sus raíces.

Con el objetivo de institucionalizar y fortalecer la lucha contra la violencia de género, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, socializó este lunes el Proyecto de Ley Departamental de la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI) ante el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental.

Durante su intervención en la audiencia pública, Zeballos explicó que la propuesta busca transformar la RAI en una herramienta legal con respaldo normativo, que permita una atención rápida y coordinada a víctimas de violencia, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.

“Queremos que esta ruta, que ya aplicamos desde el Ministerio Público, se consolide como Ley Departamental para garantizar una protección estructural y efectiva. Es fundamental coordinar esfuerzos y unificar criterios entre todas las instituciones competentes”, señaló la autoridad.

La sesión contó con la presencia de representantes de la Comisión de Género y Generacionales, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Policía Boliviana, y otras entidades que participan activamente en la prevención, atención y sanción de hechos de violencia.

Con esta iniciativa, la Fiscalía busca no solo reforzar los canales de actuación interinstitucional, sino también asegurar que las autoridades departamentales asuman compromisos claros en la atención integral a víctimas, garantizando sus derechos a través de una respuesta articulada.

En el marco de la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI), que promueve una atención rápida y coordinada a víctimas de violencia, se llevó a cabo con éxito la Primera Sesión de la Mesa Departamental Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia de Género. El encuentro, liderado por el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, reunió a diversas instituciones que acordaron fortalecer el apoyo psicológico inmediato a personas afectadas por violencia de género.

Torrez explicó que, siguiendo las directrices de la Fiscalía General del Estado, se busca mejorar la coordinación entre entidades responsables de atención, protección e investigación de estos casos. “Uno de los acuerdos principales es garantizar atención psicológica a través de otras entidades, evitando la saturación de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y brindando una respuesta más efectiva a los sectores más vulnerables”, afirmó.

Este apoyo será articulado entre el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y otras instancias, complementando el trabajo que ya realizan las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), los SLIM y el Departamento de Psicología de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

En la sesión participaron representantes de instituciones clave como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, los Gobiernos Municipales de La Paz y El Alto, el SEPDAVI, SEDEGES, el SEPDEP y el SIJPLU, entre otras.

El objetivo común de los asistentes fue fortalecer la prevención, atención, persecución y reparación de los hechos de violencia en razón de género, mediante una respuesta integral y coordinada.

Con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier hecho delictivo durante el proceso electoral, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que el Ministerio Público activará un despliegue nacional de 425 fiscales de materia, junto a peritos forenses y personal de apoyo, quienes operarán en turnos especiales desde días antes hasta después de las elecciones generales del 17 de agosto.

“La atención será ininterrumpida en todo el país. Más de 400 fiscales estarán presentes tanto en capitales como en provincias, atentos a cualquier situación con implicancia penal que pudiera surgir en el marco del proceso electoral”, afirmó Mariaca en declaraciones desde Sucre.

El operativo institucional fue coordinado previamente con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve Tribunales Electorales Departamentales. En esa línea, Mariaca detalló que sostuvo una reunión con la Sala Plena del TSE en Santa Cruz, mientras que los fiscales departamentales hicieron lo propio con los vocales de sus respectivas jurisdicciones.

Según los planes de trabajo establecidos, la distribución de fiscales por departamento será la siguiente: La Paz (123), Santa Cruz (83), Tarija (43), Chuquisaca (39), Cochabamba (38), Beni (36), Oruro (30), Potosí (21) y Pando (12). A este contingente se sumarán 251 especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y personal de apoyo técnico.

El Fiscal General reiteró que, si bien el Ministerio Público sigue atendiendo otras investigaciones en curso, el despliegue electoral es prioritario para asegurar que el proceso se desarrolle con legalidad, transparencia y sin contratiempos.