En un evento realizado en Cochabamba, el Ministerio de Educación premió a los ganadores de la 12ª Olimpiada del Saber del Adulto Mayor, una iniciativa que reunió a 27 finalistas provenientes de los nueve departamentos del país. La competencia busca rescatar, valorar y difundir los conocimientos y experiencias de vida de personas mayores de 60 años, reconociendo su papel fundamental como portadores de saberes ancestrales en sus comunidades.

Los ganadores de esta edición fueron Santos Macoño Masai, de Santa Cruz; Víctor Cortez Yuamona, de Pando; y Gervacio Quispe Salas, de La Paz, quienes recibieron medallas, certificados y canastones otorgados por el Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial y el Programa Nacional de Post-Alfabetización (PNP).

Durante la ceremonia, la viceministra de Educación Alternativa y Especial, Viviana Mamani Laura, destacó la importancia de este espacio para “rescatar los saberes de los adultos mayores, quienes son verdaderas bibliotecas andantes”. Además, enfatizó el valor histórico de esta Olimpiada en el marco del Bicentenario de Bolivia, subrayando el rol de los adultos mayores como testigos y protagonistas del pasado y presente del país.

En esta oportunidad, 398 adultos mayores se inscribieron a nivel nacional, y 107 avanzaron a la fase departamental que se desarrolló en distintas regiones como Santa Cruz, Pando, Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, La Paz, Oruro y Tarija. Los participantes compitieron en tres categorías: Salud y Alimentación, Costumbres e Historias de los Pueblos, y Formas de Producción y cuidado de la Madre Tierra.

La Olimpiada del Saber del Adulto Mayor es un espacio de encuentro intergeneracional que permite la producción de textos, videos y narraciones orales, facilitando la transmisión de conocimientos desde los mayores hacia las nuevas generaciones y contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural boliviana.

En un operativo orientado a preservar la transparencia en la lucha contra el contrabando, la Unidad de Supervisión y Control (USC), dependiente del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, detuvo a cinco efectivos militares que habrían favorecido el ingreso ilegal de mercancía al país. La acción se desarrolló en el departamento de Oruro, y los implicados ya se encuentran con detención preventiva en el penal de San Pedro por un periodo de tres meses.

El Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN. (R.A) Luis Amílcar Velásquez Burgoa, confirmó en entrevista televisiva que las detenciones fueron el resultado de una intervención inmediata de la patrulla de la USC, que logró identificar pruebas contundentes a través de la revisión de los teléfonos celulares de los uniformados.

“Los efectivos contaban con información que evidenciaba su participación o encubrimiento de actividades de contrabando. Fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente de manera inmediata”, explicó Velásquez.

El caso está siendo investigado por un fiscal especializado en delitos aduaneros, quien tendrá a su cargo las pericias necesarias para esclarecer el alcance del presunto delito de favorecimiento al contrabando, una de las problemáticas más persistentes en las regiones fronterizas del país.

Velásquez subrayó que la transparencia debe ser un principio irrenunciable dentro de las filas militares, especialmente para aquellos que forman parte del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC). “Este tipo de controles internos son clave para garantizar que el personal actúe bajo los valores de integridad, legalidad y compromiso con la defensa económica del Estado”, puntualizó.

La Unidad de Supervisión y Control del Ministerio de Defensa continuará realizando inspecciones sorpresivas y operativos de verificación, con el objetivo de asegurar que los mecanismos de lucha contra el contrabando no se vean vulnerados desde el interior de las fuerzas encargadas de ejecutarlos.

Un operativo conjunto entre la Fiscalía Departamental de La Paz y la Policía Boliviana permitió intervenir varios locales nocturnos en zonas denominadas “rojas” de la ciudad de El Alto, resultando en la aprehensión de dos personas por el presunto delito de proxenetismo y el rescate de dos menores de edad.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el operativo abarcó bares clandestinos, discotecas y alojamientos donde se presume que se desarrollaban actividades ilícitas. “Hemos arrestado a 12 personas, dos fueron aprehendidas y están siendo investigadas por proxenetismo. Además, se rescató a dos menores que fueron derivados a la Defensoría de la Niñez para su protección y seguimiento”, indicó.

La intervención se llevó a cabo en sectores críticos de la ciudad, especialmente en la Ceja de El Alto, donde las autoridades desplegaron a más de 200 efectivos policiales y 25 fiscales, organizados en grupos de trabajo por zonas. Esta acción se enmarca en una estrategia de control y prevención de delitos que, según anunciaron las autoridades, será ejecutada de manera continua.

El Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Gabriel Neme, destacó la coordinación institucional como elemento clave del éxito operativo. “Estamos reforzando la presencia del Estado en lugares donde se producen hechos que vulneran derechos fundamentales. Estos operativos serán constantes para proteger a la población y disuadir la comisión de delitos”, afirmó.

Este operativo representa el primer gran despliegue del año en el municipio de El Alto, y refuerza el compromiso de ambas instituciones de atacar frontalmente el proxenetismo, el tráfico de personas y otras actividades ilegales que afectan especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Con el objetivo de mejorar la atención integral a personas afectadas por hechos de violencia, la Fiscalía Departamental de Beni, a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), llevó adelante una jornada de capacitación especializada dirigida al personal del Hospital Materno Infantil Boliviano Japonés.

La actividad fue liderada por el enlace del IDIF, Dr. Gary Juaniquina, y tuvo como propósito principal reforzar los conocimientos técnicos del personal de salud sobre dos herramientas clave en el proceso legal: el Certificado Único y la Caja de Evidencias.

El Fiscal Departamental, Félix Balderas, explicó que se brindó una instrucción minuciosa sobre el correcto llenado del Certificado Único, documento que no solo respalda la atención médica brindada, sino que también tiene peso legal dentro de las investigaciones penales. Asimismo, se abordaron los procedimientos adecuados para el uso y manejo de la Caja de Evidencias, garantizando el cumplimiento de la cadena de custodia y la preservación de indicios recolectados en casos de violencia.

“Esta formación técnica permite asegurar que el trabajo médico no solo sea clínicamente correcto, sino también útil y válido en el ámbito legal. Cada dato, cada evidencia, puede ser determinante para obtener justicia para una víctima”, sostuvo Balderas.

La capacitación forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio Público en coordinación con el sector salud, y será replicada progresivamente en otros establecimientos del departamento. El objetivo es consolidar un modelo de atención integral, sensible y técnicamente sólido que permita responder de manera más eficaz ante los casos de violencia, especialmente en contextos donde la intervención médica representa uno de los primeros eslabones de la ruta de atención.

En un acto que reafirma el compromiso institucional frente a la violencia de género y la protección de los más vulnerables, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, encabezó la instalación de la Primera Mesa Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia de Género 2025. La actividad, que se realizó en el marco de los 200 años de la independencia del país, congregó a autoridades estatales, organismos internacionales y organizaciones sociales, en un espacio de diálogo y coordinación estratégica.

“Esta Mesa Nacional es mucho más que un evento; es una muestra de lo que se puede lograr cuando instituciones distintas trabajan con un objetivo común. Hoy estamos consolidando flujos de atención más articulados, mesas técnicas que producen resultados y mecanismos que priorizan a las víctimas”, afirmó Mariaca.

Una de las principales novedades anunciadas durante la jornada fue el cambio de enfoque hacia las violencias emergentes en entornos digitales, una amenaza creciente que afecta a niñas, niños y adolescentes en todo el país. En ese marco, la autoridad presentó el avance del Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, aprobado por unanimidad en el Senado y actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados.

A la par, el Ministerio Público creó la Unidad Especializada en la Gestión y Tratamiento de Material de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Fiscalía Superior en Razón de Género, con el fin de fortalecer la capacidad institucional para investigar y sancionar estos delitos, incluso antes de la aprobación final de la normativa.

“Las violencias digitales no descansan, cruzan fronteras y muchas veces permanecen invisibles. Tenemos la obligación de actuar con responsabilidad histórica. No podemos hablar de justicia si ignoramos lo que ocurre en las plataformas digitales”, agregó Mariaca, destacando el carácter innovador de la unidad creada.

La Fiscal Superior de Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, remarcó la necesidad de colocar a las víctimas en el centro de la respuesta institucional. “Cuando alguien sufre violencia, lo primero que necesita no es saber quién tiene competencia, sino quién está dispuesto a ayudar. Y esa es una respuesta que debemos construir entre todos”, manifestó.

El evento contó con la participación de altas autoridades del Estado, como el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez; el Ministro de Gobierno, Roberto Ríos Sanjinés; y el Comandante General de la Policía Boliviana, Augusto Russo Sandoval, entre otros representantes del Órgano Judicial, el Ministerio de Salud y Deportes, y varias instancias especializadas en atención y protección a víctimas.

Además, se recibió el respaldo de organizaciones internacionales como UNICEF, ONU Mujeres, UNFPA, UNODC, Save The Children, EDUCO, World Vision Bolivia, así como de plataformas nacionales como la Comunidad de Derechos Humanos, el SEPMUD y la FELCV.

La Mesa Nacional se consolida así como un espacio de planificación interinstitucional que busca responder de manera integral a las múltiples expresiones de violencia de género, incluyendo aquellas que, aunque menos visibles, generan profundos impactos en la vida de niñas, niños y adolescentes en Bolivia

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, dio a conocer oficialmente el “Protocolo de Dirección Funcional de la Investigación en Accidentes de Tránsito”, una herramienta inédita en el país que permitirá a los fiscales abordar estos casos con mayor precisión técnica, eficiencia y objetividad.

Este documento fue desarrollado por la Fiscalía Superior en Delitos contra la Vida y Personas, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y establece una metodología estructurada que optimiza el rol del Ministerio Público desde la primera intervención.

“Cada víctima merece verdad, justicia y reparación. Y cada persona imputada merece un proceso legítimo, basado en pruebas objetivas, no en suposiciones”, sostuvo Mariaca, enfatizando que el protocolo representa un cambio sustancial hacia una justicia más rigurosa y humana.

Entre sus principales aportes, el protocolo define tiempos máximos de respuesta, mejora la coordinación interinstitucional y propone una visión multidisciplinaria, integrando peritajes técnicos y análisis científicos en la reconstrucción de los hechos.

La iniciativa fue respaldada por el Ministro de Gobierno, Roberto Ignacio Ríos Sanjines, quien subrayó que la herramienta no solo fortalece la respuesta institucional ante estos hechos, sino que promueve un trabajo conjunto entre fiscales, policías, peritos y bomberos. “Los accidentes de tránsito son una realidad dolorosa que afecta a miles de familias bolivianas”, expresó.

Desde el IDIF, su directora Ana Katherine Ramírez resaltó que el protocolo nace del compromiso interinstitucional con la verdad y la transparencia. “Cada investigación debe ser precisa y realizada con el más alto estándar científico”, afirmó.

Asimismo, el Fiscal Superior Sergio Fajardo destacó que la guía va más allá de un simple manual operativo: “Representa una voluntad institucional clara, ética y comprometida con la vida y la verdad”.

Según datos del Ecosistema ROMA del Ministerio Público, actualmente existen más de 11.600 casos abiertos por accidentes de tránsito en el país. Esta nueva herramienta permitirá no solo una investigación más certera, sino también el análisis de patrones delictivos y el diseño de políticas preventivas con base en evidencia científica.

La implementación de este protocolo responde a la necesidad de abordar los siniestros viales como un fenómeno complejo, donde influyen múltiples factores como la imprudencia, el consumo de alcohol, fallas mecánicas o incluso intentos de encubrimiento, dejando atrás la visión de que estos hechos son meramente fortuitos.