Un vehículo sufrió un accidente de tránsito la madrugada de este jueves en la autopista La Paz–El Alto, luego de impactar contra piedras y escombros que quedaron sobre la vía tras las movilizaciones y bloqueos registrados en inmediaciones del peaje durante la jornada pasada.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 05:00 en el carril de subida. Presuntamente, el conductor no logró advertir a tiempo las piedras colocadas sobre el asfalto y terminó chocando violentamente contra el material disperso en la carretera.

Tras el impacto, el motorizado quedó atrapado entre los escombros y sufrió severos daños en la parte delantera. Además, el accidente provocó el derrame de aceite sobre la vía, complicando aún más la circulación vehicular en esta importante ruta que conecta las ciudades de La Paz y El Alto.

Pese a la magnitud del hecho, no se reportaron personas heridas. El conductor tuvo que pedir ayuda para retirar el vehículo, que permaneció obstaculizando parte de la autopista y generó congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana.

Conductores expresaron preocupación por la presencia de piedras, tierra y otros objetos abandonados en distintos puntos de la autopista tras las protestas instaladas por sectores movilizados.

Bolivia cumple este jueves 28 días de conflictos, marchas y bloqueos en diferentes regiones del país, mientras el Gobierno insiste en impulsar espacios de diálogo para intentar solucionar la crisis.

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, alertó este jueves que los bloqueos y conflictos sociales que afectan al país generan pérdidas económicas de aproximadamente Bs 45 millones diarios para la ciudad alteña.

La autoridad edil señaló que la paralización de rutas y el cerco instalado alrededor de El Alto están golpeando seriamente la actividad económica, comercial y productiva de la urbe.

“En El Alto estamos perdiendo 45 millones de bolivianos a diario, de acuerdo al ingreso per cápita”, afirmó Roca durante una improvisada conferencia de prensa.

El alcalde advirtió que estas pérdidas provocan un retroceso económico y afectan directamente a miles de familias que dependen del comercio, transporte y actividades diarias para generar ingresos.

“Es una pérdida que hace que nuestra sociedad, en vez de desarrollar, vaya hacia atrás”, sostuvo.

En ese contexto, Roca pidió al presidente Rodrigo Paz buscar una solución al conflicto “escuchando al pueblo” y recordó que el actual Gobierno llegó al poder gracias al respaldo electoral del occidente del país y particularmente de la ciudad de El Alto.

“No se olviden que gracias al occidente, el Gobierno nacional está donde se encuentra y no puede ser que tomen medidas contrarias”, manifestó la autoridad edil.

Asimismo, rechazó las propuestas que plantean declarar estado de excepción para frenar las protestas y bloqueos, señalando que restringir libertades no resolverá la crisis social.

“Toda medida que cuarte la libertad en una sociedad no es el camino correcto; el camino correcto es gobernar escuchando al pueblo”, afirmó.

Roca también planteó la necesidad de impulsar un plan de producción alimentaria para reducir la dependencia de otras regiones del país y fortalecer el abastecimiento desde el norte paceño.

La crisis social y los bloqueos cumplen este jueves 28 días, afectando principalmente a La Paz y El Alto con escasez de combustibles, problemas de abastecimiento y dificultades en el transporte público.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó este jueves que el Gobierno garantizará condiciones para instalar una mesa de diálogo con los líderes de las protestas y aseguró que no se ejecutarán órdenes de aprehensión mientras se desarrollen las negociaciones.

La autoridad indicó que las invitaciones formales ya fueron enviadas a Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, y a Mario Argollo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), con el objetivo de buscar una salida al conflicto que atraviesa el país.

“Garantizamos que durante la reunión van a poder gozar de todas las garantías para desarrollar el diálogo de forma adecuada y encontrar soluciones”, afirmó Lupo en entrevista con la red UNITEL.

Los sectores movilizados habían solicitado precisamente garantías para participar de las negociaciones, debido a las órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público contra algunos dirigentes.

Lupo reconoció que existen procesos que ya están en manos de la Fiscalía, pero sostuvo que el Ejecutivo no ejecutará acciones mientras se mantenga abierta la posibilidad de diálogo.

“Si queremos diálogo y el país entero quiere una solución, obviamente no ejecutaríamos ningún tipo de instrucción”, señaló.

Sin embargo, el ministro remarcó que el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz no será parte de la agenda de negociación.

“La democracia no se negocia ni se dialoga, se defiende”, afirmó la autoridad.

El anuncio se produce en medio de los conflictos y bloqueos que ya cumplen 27 días en distintas regiones del país. Este miércoles, el Gobierno, representantes de algunos sectores movilizados y entidades mediadoras participaron en un primer acercamiento impulsado por la Vicepresidencia.

Tras esa reunión, se informó que un segundo encuentro será organizado por la Conferencia Episcopal Boliviana, con la intención de ampliar la participación de los sectores en conflicto y avanzar hacia una solución negociada.

Mientras tanto, continúan los bloqueos, el desabastecimiento de combustibles y las protestas en diferentes departamentos, especialmente en La Paz, Cochabamba y Potosí.

La denominada “Ley Brisa” volvió a generar un intenso debate jurídico, político y social en Bolivia, luego de que especialistas analizaran sus implicaciones sobre los derechos humanos, la violencia sexual y las garantías constitucionales en el país.

Durante una nueva sesión de “Diálogos al Café Marcos Escudero”, juristas y analistas debatieron sobre el proyecto de reforma penal que actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.

El conversatorio reunió al jurista Carlos Derpic, la especialista en derechos humanos Mónica Bayá y la abogada y columnista Daniela Murialdo, quienes analizaron las tensiones que genera la propuesta legal relacionada con delitos de violencia sexual y consentimiento.

Uno de los principales puntos abordados fue la incorporación explícita del consentimiento como elemento central en los delitos de violación, siguiendo estándares impulsados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales.

Mónica Bayá explicó que la propuesta busca corregir vacíos históricos del sistema judicial boliviano, especialmente tras el caso Angulo Lozada vs. Bolivia, que evidenció graves fallas en la atención de víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, Carlos Derpic y Daniela Murialdo expresaron preocupación por los posibles efectos de la norma dentro de un sistema judicial considerado precario y cuestionado. Ambos advirtieron que las dificultades para probar el consentimiento podrían afectar principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Derpic sostuvo que Bolivia no puede retroceder hacia mecanismos que impliquen presunción de culpabilidad, mientras Murialdo alertó sobre el riesgo de exigir al acusado demostrar la existencia de consentimiento en situaciones donde muchas veces no existen pruebas directas.

El debate también abordó la eliminación del delito de estupro y su incorporación dentro del tipo penal de violación de menores. Mientras algunos consideran que la figura actual normaliza ciertas formas de violencia sexual, otros alertan sobre posibles problemas de proporcionalidad penal en relaciones consentidas entre adolescentes.

Más allá de los artículos específicos, los participantes coincidieron en que el verdadero problema radica en la profunda crisis institucional que atraviesa la justicia boliviana, marcada por corrupción, retardación y falta de especialización.

Además, se advirtió sobre el riesgo de que el debate público se polarice al extremo de considerar cualquier observación técnica como una defensa de agresores o una minimización de la violencia sexual.

Los analistas concluyeron que Bolivia enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de víctimas y el respeto a las garantías fundamentales del Estado de derecho.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hasta las 07:46 de este jueves se registran 66 puntos de bloqueo en seis departamentos del país, en medio de la crisis social y política que atraviesa Bolivia desde hace varias semanas.

La Paz continúa siendo el departamento más afectado, con 21 puntos de bloqueo instalados en diferentes rutas y carreteras. Le siguen Potosí con 14, Cochabamba con 12, Oruro con 11, Chuquisaca con cinco y Santa Cruz con tres puntos de corte.

Según el reporte oficial, Tarija, Beni y Pando son actualmente los únicos departamentos que no registran bloqueos en sus vías.

Las protestas son impulsadas por distintos sectores sociales y sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), inicialmente con demandas relacionadas a su pliego petitorio y el incremento salarial.

Con el paso de los días, otros sectores se sumaron a las medidas de presión, ampliando las demandas hacia temas políticos y económicos.

Ante el incremento de los conflictos, la Vicepresidencia del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Boliviana impulsaron reuniones de diálogo entre el Gobierno y dirigentes movilizados. Tras el primer encuentro realizado este miércoles, se prevé una nueva reunión para este jueves con participación de representantes de la COB y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.

Durante la primera reunión del Consejo Económico y Social, el presidente Rodrigo Paz reiteró el llamado al diálogo y pidió buscar soluciones pacíficas al conflicto.

Mientras tanto, en el trópico de Cochabamba se reportaron nuevos bloqueos luego de un apagón que afectó por más de dos horas a comunidades como Villa Tunari, Chimoré, Shinahota e Ivirgarzama. Sectores afines a Evo Morales denunciaron un supuesto intento de captura contra el exmandatario.

La situación mantiene preocupación en distintos sectores debido a los problemas de abastecimiento, transporte y circulación de alimentos, combustibles e insumos médicos en varias regiones del país.