La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) informó que la interpelación al ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, será reanudada el martes 3 de marzo de 2026 a las 09:00, luego de haberse declarado un cuarto intermedio y realizar el saneamiento del proceso administrativo correspondiente.

La sesión fue instalada este jueves en el pleno legislativo; sin embargo, alrededor de las 13:00 se determinó un cuarto intermedio. Aunque inicialmente se anunció su reinstalación para horas de la tarde, la Presidencia del ente legislativo comunicó oficialmente que la audiencia continuará la próxima semana con el objetivo de garantizar que cualquier determinación adoptada cuente con plena validez jurídica y carácter ejecutorio.

De acuerdo con el comunicado oficial COM. PRES – ALP N.° 008/2025-2026, la decisión responde al saneamiento del proceso administrativo de la Sexta Sesión de la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de las atribuciones constitucionales de fiscalización.

La interpelación está vinculada a la investigación sobre la presunta compra irregular de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), caso que generó cuestionamientos en el ámbito político y legislativo. La Presidencia de la ALP señaló que la convocatoria se sustenta en el artículo 158, numeral 18, de la Constitución Política del Estado, así como en disposiciones del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Con la reanudación prevista para el 3 de marzo, se espera que el ministro responda al pliego interpelatorio ante el pleno, en el marco del control político que ejerce el Órgano Legislativo sobre las autoridades del Ejecutivo.

El Órgano Electoral Plurinacional informó que este domingo 1 de marzo finaliza el periodo habilitado para que las personas designadas como jurados electorales presenten sus excusas con miras a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

El plazo se abrió tras la publicación oficial de la lista de jurados y permite a los ciudadanos justificar su imposibilidad de ejercer esta función. El trámite puede realizarse de manera presencial ante el Tribunal Electoral Departamental correspondiente o mediante la Plataforma Ciudadana virtual, habilitada para facilitar el proceso y evitar aglomeraciones.

De acuerdo con la Ley 018 del Órgano Electoral, las causales válidas incluyen enfermedad respaldada con certificación médica, estado de gravidez, fuerza mayor debidamente comprobada, ser dirigente o candidato de una organización política, prestar un servicio público o privado indispensable el día de la votación, ser mayor de 60 años o tener bajo dependencia a una persona con enfermedad incapacitante.

La entidad electoral recordó que el ejercicio como jurado es una obligación ciudadana y que la inasistencia injustificada puede derivar en sanciones establecidas por la normativa vigente

El exgerente de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), Ramiro Villarpando, fue enviado con detención preventiva por el lapso de dos meses al penal de San Pedro, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en esa empresa estatal.

La decisión fue asumida por la jueza de instrucción en lo penal Lorena Camacho, tras la audiencia cautelar desarrollada la mañana de este viernes. Según informó la fiscal anticorrupción Magaly Bustamante, el Ministerio Público fundamentó la existencia de riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga y obstaculización, por lo que se determinó la reclusión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con los datos preliminares de la Fiscalía de La Paz, el daño económico estimado supera los 100 millones de bolivianos. Las irregularidades estarían vinculadas a gastos de personal presuntamente injustificados y otras decisiones administrativas asumidas durante la gestión del exgerente.

La fiscal Bustamante también confirmó que al menos otras siete personas, entre personal administrativo y exautoridades —incluidos exministros—, forman parte de la investigación y serán convocadas a declarar en los próximos días.

El proceso penal se encuentra en etapa preparatoria, mientras el Ministerio Público continúa recabando documentación y elementos que permitan esclarecer la magnitud del presunto daño económico en la estatal agropecuaria.

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra afirmó que la detención preventiva del alcalde Jhonny Fernández no constituye una causal automática de suspensión del mandato conferido por voto popular. La autoridad fue enviada por 100 días al penal de Palmasola, en el marco del denominado caso “pavimento”, donde es investigado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, el Ejecutivo municipal sostuvo que la detención preventiva es una medida cautelar y no implica destitución, suspensión ni pérdida de derechos políticos. En ese sentido, argumenta que no existe en el ordenamiento jurídico una norma que establezca que esta situación active de manera automática la suplencia temporal del alcalde.

La Alcaldía citó la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, indicando que la suplencia procede en casos de ausencia o impedimento expresamente establecidos por ley, y que en Derecho Público no puede aplicarse una interpretación extensiva cuando la causal no está claramente prevista.

Asimismo, el pronunciamiento remarca que el mandato de Fernández tiene origen en el voto ciudadano y que cualquier restricción a su ejercicio debe estar expresamente regulada. El documento también asegura que la institucionalidad municipal continúa funcionando con normalidad, destacando que el Órgano Ejecutivo está conformado por una estructura administrativa que garantiza la continuidad operativa, financiera y administrativa del municipio.

El caso continúa en etapa investigativa y se aguardan las próximas actuaciones judiciales dentro del proceso.

El Gobierno confirmó que el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, no asistirá a la interpelación convocada para este viernes por el vicepresidente Edmand Lara en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, quien argumentó que la citación no cumple con los procedimientos formales establecidos en el reglamento legislativo. Según explicó, antes de una interpelación deben agotarse etapas previas como la solicitud y presentación de informes escritos y orales.

La autoridad recordó además que la normativa vigente impide interpelar a una misma autoridad dos veces por el mismo tema dentro de una misma legislatura. En ese marco, sostuvo que la convocatoria carece de sustento legal.

Santamaría añadió que una resolución constitucional emitida en 2023 mantiene suspendidas las facultades de interpelación, lo que —según el Ejecutivo— invalida la convocatoria actual.

La decisión se produce tras un cruce verbal entre Lara y Medinacelli en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la compra de crudo y la situación de abastecimiento de combustibles en el país.

Con esta postura, el Ejecutivo vuelve a frenar un intento de control político sobre la gestión del área de hidrocarburos, en un contexto de tensión entre el Legislativo y el Gobierno.