Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) recordó que el proceso de selección de empresas y tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL) para la industrialización del recurso comenzó en abril de 2021, con una convocatoria pública internacional que atrajo a más de 21 compañías de distintos países. La iniciativa fue impulsada en el primer año de gestión del presidente Luis Arce, quien subrayó que la industrialización del litio fue asumida “con gran responsabilidad”.

De acuerdo con los informes técnicos de YLB, tras una evaluación detallada de las propuestas, se seleccionaron ocho firmas internacionales provenientes de Estados Unidos, China, Rusia y Argentina. Estas empresas realizaron pruebas de laboratorio con muestras de salmuera boliviana, y solo seis presentaron resultados, entre ellas Catl Brunp & Cmoc (CBC) y Uranium One Group.

Las pruebas concluyeron que las tecnologías aplicadas eran viables para los salares bolivianos, con tasas de recuperación de litio entre el 80% y 90%, muy por encima del rendimiento actual de menos del 25% mediante el método de evaporación.

En 2023, se firmaron convenios con ambas compañías bajo un modelo de negocio considerado “soberano”, lo que permitió avanzar hacia estudios preliminares técnicos, económicos y medioambientales. Tras su cumplimiento, YLB suscribió dos contratos principales:

En septiembre de 2024, un contrato de Asociación Accidental con Uranium One Group para instalar una planta de EDL en el Salar de Uyuni (Potosí), con capacidad para producir 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.

Posteriormente, un contrato de servicios con CBC Hong Kong CBC Investment Limited para la construcción de dos plantas industriales en el mismo salar, con una producción escalonada de 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Ambos contratos fueron enviados a la Asamblea Legislativa en noviembre de 2024, conforme establece la Constitución, pero permanecen sin tratamiento.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, advirtió que la falta de aprobación legislativa pone en riesgo la posibilidad de que Bolivia aproveche el alza proyectada del precio internacional del litio hacia 2030. “El rechazo a estos proyectos podría costarle al país una oportunidad histórica”, advirtió.

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, informó que hasta el 10 de julio se registraron 98 casos positivos de sarampión en Bolivia, con un enfoque diferenciado por departamento para enfrentar la enfermedad. En Santa Cruz, el trabajo se centra en la contención masiva, mientras que en La Paz, Cochabamba, Pando, Beni, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija se desarrollan actividades de prevención.

“Varias localidades en Santa Cruz presentan casos, por eso hemos implementado un trabajo diferenciado según la situación epidemiológica de cada región. Cochabamba, que actualmente no tiene casos, está enfocada en la prevención, mientras que Santa Cruz aplica una estrategia de contención masiva”, explicó Castro.

El 23 de junio, el Ministerio declaró Emergencia Sanitaria Nacional ante el aumento de casos, coordinando acciones con los Servicios Departamentales de Salud y los distintos niveles del Estado. La ministra recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, transmitida por pequeñas gotas de saliva y capaz de permanecer en el aire o superficies hasta dos horas.

Castro hizo un llamado a los padres para vacunar a niños entre 1 y 9 años, destacando que la vacunación es “la mejor medida de prevención” y un “acto de amor” para protegerlos contra esta enfermedad, que había sido erradicada pero ha reaparecido en el país por casos importados.

El sarampión puede causar complicaciones graves, especialmente en niños, como neumonía, encefalitis, ceguera o sordera, con efectos tanto a corto como a largo plazo. Ante esta situación, la ministra señaló que se analiza con el Comité Intersectorial la posible ampliación del receso escolar o cambios en la modalidad de aprendizaje en Santa Cruz.

Hasta la fecha, el departamento de Santa Cruz concentra 84 de los 98 casos positivos, seguido por La Paz (7), Potosí (4), Oruro (1), Chuquisaca (1) y Beni (1). La autoridad señaló que la reciente ralentización en la transmisión responde al avance de la vacunación.

La Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, vinculada al sector evista, resolvió este jueves que las elecciones del 17 de agosto no deberían realizarse sin la candidatura del expresidente Evo Morales. Además, anunciaron movilizaciones nacionales para agosto en defensa de los recursos naturales, especialmente el litio.

Durante un ampliado en Lauca Ñ, el dirigente David Veizaga afirmó: “Sin los pueblos indígenas, sin el candidato del pueblo, el hermano Evo Morales, no pueden llevarse unas elecciones antidemocráticas, el 17 de agosto en toda Bolivia”. Asimismo, el sector se declaró en defensa del litio boliviano y otros recursos naturales, y convocó a movilizaciones a nivel nacional.

En este contexto, el grupo expulsó y calificó de “traidor” a Andrónico Rodríguez, candidato a la Presidencia por la Alianza Popular y considerado exmano derecha de Evo Morales. Los interculturales exigieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de sus candidatos bajo la sigla Pan-Bol para las elecciones próximas.

Además, pidieron la liberación de sus dirigentes detenidos durante los bloqueos evistas de junio y decidieron expulsar a todos aquellos miembros que “estén pisoteando los estatutos” de la organización.

Estas decisiones reflejan la fuerte postura del sector evista en torno a la participación política y la defensa de los recursos naturales en el actual proceso electoral.

El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Mario Borda, confirmó que la organización criminal que operó dentro de la aerolínea estatal para introducir ilegalmente mercancías desde Estados Unidos en el aeropuerto de El Alto ya había realizado al menos dos acciones similares en los meses de mayo y junio de este año. Esta red estaría organizada y liderada para manipular la carga en el arribo.

Para desarticular el grupo, se realizó un seguimiento a cargo del área de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, que permitió la captura de los implicados en flagrancia. Según Borda, “se tiene evidencia de que en este año se ejecutaron operaciones ilegales en mayo, junio y la última en la que fueron aprehendidos”.

El modus operandi consistía en intercambiar cajas con aparatos electrónicos por otras similares que contenían galletas, manteniendo la misma cantidad y peso para evitar ser detectados. La carga ilegal estaba distribuida en 13 cajas manipuladas para pasar desapercibidas.

Cinco personas, incluyendo funcionarios de BoA y un empresario, fueron aprehendidas y actualmente cumplen detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones, informó la Fiscalía de La Paz. Además, se indaga al conductor de una furgoneta que participó en el intercambio ilícito.

La organización criminal usó la misma cantidad de paquetes y peso para evadir los controles del aeropuerto, poniendo en riesgo la integridad de la aerolínea estatal y la seguridad del aeropuerto. La Fiscalía apeló la decisión judicial que permitió medidas sustitutivas a los detenidos para garantizar el avance del proceso.

Este caso revela la existencia de una red criminal con liderazgo definido que manipulaba la carga aérea para cometer contrabando en el aeropuerto de El Alto.