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El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este viernes que la situación en el predio Santa Rita, ubicado en el municipio El Puente del departamento de Santa Cruz, fue restablecida por la Policía, tras haber sido avasallado por personas armadas la jornada anterior. La autoridad garantizó que actualmente “la situación está completamente controlada”.
“El operativo fue ejecutado durante la madrugada. La Policía logró recuperar el control del lugar, liberar a los retenidos y comenzar las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido”, explicó Ríos en conferencia de prensa.
Durante la ocupación, cerca de 20 personas fueron retenidas por los avasalladores. Según Melisa Barba, esposa del propietario del predio Felipe Barbieri, las víctimas fueron liberadas durante la intervención policial. Además, se reportó que uno de los trabajadores resultó herido por impacto de bala en el brazo, y fue trasladado a un centro médico donde permanece en recuperación. “El diagnóstico médico refiere una herida de ingreso de proyectil, sin salida”, detalló el ministro.
Como parte del operativo, las fuerzas del orden también desmantelaron puentes artesanales construidos por los ocupantes para facilitar el ingreso al predio, ubicado en la provincia Guarayos.
El abogado de la familia Barbieri, Álvaro Latorre, denunció que detrás de este hecho estarían involucrados grupos de campesinos interculturales. “No es la primera vez que ocurre. Este es el quinto avasallamiento que se registra en esa propiedad en lo que va del año”, afirmó.
Finalmente, Ríos aseguró que el contingente policial no solo actuó para restablecer el orden, sino también para iniciar el proceso investigativo. “No vamos a permitir más hechos de violencia ni tomas ilegales de tierras”, advirtió.

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) aprobó este jueves una reforma parcial a su Estatuto Autonómico que reduce el número de legisladores titulares de 30 a 17, elimina la figura de los asambleístas suplentes y suprime a los subgobernadores en los municipios. La normativa fue respaldada por dos tercios de los votos y ahora debe ser promulgada por el gobernador Oscar Montes antes de ser enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión.

La modificación fue impulsada como una medida de ajuste institucional y económico. Según explicó el presidente de la ALDT, Damián Castillo, la decisión busca racionalizar el gasto público ante la falta de recursos para el funcionamiento pleno del órgano legislativo departamental. “La Asamblea está enfrentando serias limitaciones presupuestarias. Esta reestructuración permitirá aliviar los costos operativos”, afirmó.

El nuevo artículo 49 del Estatuto establece que la Asamblea estará conformada por 17 asambleístas: 12 en base a la igualdad territorial de provincias y la Región del Chaco, 3 por población y 2 representantes de pueblos indígenas, con un mandato de cinco años y posibilidad de reelección por una sola vez.

El legislador Francisco Rosas, de la bancada de Todos, señaló que la reforma también busca eliminar duplicidades en el ámbito ejecutivo. “La figura de los subgobernadores ha quedado desfasada, pues genera funciones paralelas con los gobiernos municipales”, afirmó. También explicó que los cambios afectan por igual a todos los municipios y regiones, incluida la representación indígena.

Sin embargo, asambleístas indígenas como José Luis Ferreira y Nicolás Montero expresaron su rechazo a la reducción de su representación de tres a dos escaños. “No puede vulnerarse la participación indígena sin consulta y sin consenso”, advirtieron.

Por su parte, Mauricio Lea Plaza, legislador por la bancada Unidos, indicó que la reducción implica un recorte del 43% en los asambleístas titulares y del 100% en los suplentes, lo que también significará menos contratos de asesores y gastos administrativos. No obstante, reconoció que las regiones de Cercado, Arce y el Chaco resultaron las más afectadas.

La reforma incluye además un cambio en la modalidad de elección indígena, permitiendo que los pueblos Guaraní, Weenhayek y Tapiete definan sus representantes de forma rotativa según sus usos y costumbres.

La ley aún debe superar el control constitucional del TCP y, de no presentar observaciones, será sometida a un referéndum para su aprobación por voto popular. Aunque los plazos son ajustados, las autoridades prevén que entre en vigencia para la próxima legislatura.