Un caso de maltrato animal y extorsión ha sido denunciado nuevamente en la ciudad de La Paz, donde un presunto albergue de mascotas es señalado por secuestrar animales y extorsionar a sus dueños para devolverlos.

Según las denuncias, estas irregularidades no son recientes. Asociaciones protectoras de animales indican que las primeras denuncias datan desde 2018. En 2023, el refugio fue intervenido y se recuperaron 33 perros y dos gatos. En esa ocasión, la administradora fue imputada por tratos crueles a los animales.

“No solo de salario vive el hombre”, expresó Samuel Doria Medina en una entrevista reciente, aunque en este caso la preocupación se centra en el bienestar animal.

La defensora de animales Susana Carpio explicó a la Televisión Estatal que informes fiscales revelaron las pésimas condiciones en las que se encontraron a los perros. Durante el allanamiento, la acusada fue instruida a no recibir más animales, pero habría incumplido esa orden.

Desde la Alcaldía de La Paz, Miguel Aparicio, funcionario municipal, aclaró que el lugar no está reconocido oficialmente como albergue, sino como un sitio donde se acumulaban animales y se cometían actos de secuestro y extorsión. “Le escribía a las personas que publicaban la pérdida de sus mascotas en redes sociales, para luego extorsionarlas,” señaló Aparicio.

El lugar carecía de las condiciones mínimas de higiene y cuidado para los animales. Recientemente, se rescataron 16 perros y un gato de este sitio, los cuales fueron trasladados por la Dirección de Zoonosis y POFOMA.

El proceso legal contra la administradora continúa, y se espera que se apliquen las sanciones necesarias para evitar la repetición de estos actos de maltrato animal.

El excomandante del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, actualmente en detención preventiva por la asonada militar ocurrida el 26 de junio de 2024, solicitó una audiencia personal con el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, para que se ordene la ampliación de su declaración informativa.

En una carta fechada el 2 de julio y difundida este lunes, Zúñiga expresa su petición para que se tome de forma inmediata su declaración ampliatoria “conforme al derecho” y solicita la audiencia para “informarle sobre otros aspectos de fondo de mi proceso judicial y mi causa”, la cual podría realizarse en su celda del penal de El Abra en Cochabamba.

El exmilitar denuncia que, a pesar de haber sido notificado en tres ocasiones por la Fiscalía para ampliar su declaración y manifestar su voluntad expresa de declarar, esta diligencia fue “sistemáticamente impedida por la misma autoridad y Régimen Penitenciario”.

Zúñiga cumple detención preventiva desde junio de 2024, cuando fue acusado de comandar una insurrección militar en la Plaza Murillo. Inicialmente estuvo recluido en el penal de Chonchocoro, pero fue trasladado a El Abra luego de que otros internos emitieran un voto resolutivo declarándolo persona no grata.

Tras la no habilitación de Evo Morales como candidato para las elecciones generales del 17 de agosto, sectores afines al expresidente aplican diversas estrategias para presionar el proceso electoral. Entre ellas, prohíben campañas de otros candidatos en ciertas regiones, llaman al voto nulo y advierten que no permitirán la llegada de ánforas electorales a comunidades y municipios donde tengan apoyo.

El diputado evista Anyelo Céspedes advirtió que, si no se realiza una reestructuración del orden constitucional y electoral, no permitirán que las ánforas electorales lleguen a esas zonas rurales, lo que podría poner en riesgo el desarrollo normal de las elecciones.

Por su parte, el diputado Héctor Arce instó a votar nulo en caso de que Evo Morales no sea habilitado, marcando incluso una hoja con una “X” para mostrar su rechazo.

Dirigentes como Pedro Llanque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), señalaron que impedirán la entrada de candidatos a las comunidades rurales, particularmente aquellos que, según afirmaron, reprimieron o detuvieron a sus dirigentes.

Estas acciones se producen luego del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en mayo de 2025, que impide ejercer más de dos veces la presidencia o vicepresidencia, cerrando la puerta a la candidatura de Morales.

Mientras tanto, Evo Morales permanece confinado en la sede de las Seis Federaciones del Trópico en Lauca Ñ bajo fuerte resguardo sindical, con una orden de aprehensión vigente en su contra.

Desde inicios de año, el evismo ha buscado diversas vías para habilitar la candidatura de Morales, incluyendo negociaciones con partidos políticos, bloqueos y protestas que en mayo dejaron seis muertos, sin lograr sus objetivos.