En medio del paro cívico de 24 horas en Beni, convocado para exigir mayores recursos para salud, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) aseguró que realiza transferencias automáticas a la Gobernación y que estas se encuentran determinadas por la recaudación efectiva, de acuerdo con la normativa vigente. Además, alertó sobre la caída sostenida en los ingresos por regalías mineras, que pasaron de Bs 114 millones en 2019 a tan solo Bs 26 millones en 2024.
El MEFP señaló que la Gobernación beniana, hasta junio de 2025, ejecutó apenas el 31,9% de su Plan Operativo Anual (POA), a pesar de haber recibido más recursos. En ese sentido, instó a las autoridades departamentales a realizar un análisis, verificación y conciliación de sus ingresos, para priorizar adecuadamente su distribución y evitar afectar a la población con medidas como el paro.
En respuesta a las acusaciones del gobierno departamental sobre supuestos “incumplimientos” en la transferencia de recursos, el Ministerio enfatizó que los montos establecidos en el POA son estimativos y no garantizados, por lo que no corresponde solicitar desembolsos fijos. Además, cuestionó el desconocimiento normativo de parte de los servidores públicos de la Gobernación.
El jefe de la Unidad de Entidades Territoriales del MEFP, Romer Bello, remarcó que la reducción de ingresos por regalías mineras es un factor clave en la situación financiera del Beni y recordó que, según la Ley 535, la recaudación y fiscalización de estos recursos es competencia directa de los gobiernos autónomos departamentales. Por ello, llamó a la autocrítica y a mejorar la gestión tributaria.
El MEFP también subrayó su apoyo permanente a Beni, mencionando la transferencia de Bs 14 millones este año para el financiamiento de establecimientos de salud. Asimismo, recordó que en 2022, el Gobierno asignó más de Bs 100 millones al departamento, destinados a proyectos de inversión que permitieran liberar fondos locales para áreas sensibles como salud y educación.
Finalmente, el Ministerio instó a las autoridades benianas a evitar decisiones que perjudiquen a la población y reafirmó su disposición para colaborar en la mejora de la gestión departamental.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, informó que los alimentos más incautados en operativos fronterizos en lo que va del año son productos de alta demanda en los hogares bolivianos, como el huevo, la carne y el aceite, en el marco de la lucha contra el llamado contrabando a la inversa.

Según Velásquez, hasta la fecha se han decomisado 182.606 unidades de huevo, 101.300 kilogramos de carne de res, 20.908 kilogramos de carne de pollo, y 18.560 kilogramos de carne de cerdo. Además, se confiscaron 27.500 litros de aceite, 33.252 quintales de azúcar, 12.146 quintales de maíz y 259 cabezas de ganado ovino. Estos productos esenciales para la canasta familiar son sacados ilegalmente por las líneas fronterizas, afectando directamente la seguridad alimentaria y la economía de las familias bolivianas.

El viceministro destacó que hasta el momento el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) ha realizado 6.382 operativos de interdicción durante el año, lo que permitió detectar 23 nuevos pasos clandestinos usados por contrabandistas en distintas zonas fronterizas.

En el marco de estos operativos, también se incautaron más de 147.000 litros de carburantes, entre diésel y gasolina, así como 814 garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). Velásquez agregó que otros productos como quinua y harina de trigo también son objeto frecuente del contrabando hacia países vecinos, afectando la producción nacional y la economía del país.

El Gobierno aprobó un anteproyecto de ley que busca modificar los artículos 261 y 262 del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas por delitos relacionados con accidentes de tránsito. La propuesta legislativa, anunciada por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional y responde a una demanda creciente de la población que exige sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.

El anteproyecto plantea que, en caso de causar lesiones graves en un accidente, la pena se mantenga entre uno y tres años de prisión. Si las lesiones son gravísimas, la pena se elevaría de dos a cuatro años. En caso de fallecimiento de una o más personas, la sanción será de tres a cinco años de reclusión. Cuando el conductor se encuentre bajo efectos de alcohol o sustancias controladas, las penas se agravan: de cuatro a ocho años si hay lesiones y de cinco a diez años si hay víctimas fatales. En estos casos, se dispone además la inhabilitación definitiva para conducir.

En relación con el artículo 262 del Código Penal, referido a la omisión de socorro, la pena actual de uno a cuatro años de prisión será elevada a un rango de dos a cinco años. Asimismo, se contempla un agravante si el hecho ocurre en un lugar completamente deshabitado.

El ministro Ríos enfatizó que estas medidas buscan eliminar la percepción de impunidad ante hechos que, en su mayoría, obedecen a la imprudencia del conductor. Según datos oficiales, en 2024 se reportaron 1.748 fallecidos por accidentes de tránsito, lo que representa un aumento del 15,38 % respecto a los 1.515 casos registrados en 2023. Asimismo, se contabilizaron 15.817 personas heridas en 2024 frente a 15.051 del año anterior, lo que representa un incremento del 5,09 %. Del total de accidentes, un 61 % se atribuye a imprudencia al conducir y un 5,1 % al consumo de alcohol o drogas.

Ríos manifestó su preocupación por el aumento sostenido de estos hechos y expresó su esperanza de que la propuesta no quede paralizada en el Legislativo, como ha ocurrido con otras iniciativas enviadas anteriormente por el Ejecutivo.