La Fiscalía informó que el presunto daño económico en la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) supera los Bs 100 millones, luego de la aprehensión de su exgerente, Ramiro Villarpando, investigado por presuntos hechos de corrupción durante su gestión.

La fiscal Magaly Bustamante detalló que, además del exgerente, existen otras siete personas investigadas, entre funcionarios del área administrativa y exautoridades, quienes deberán prestar declaración en el marco del proceso.

Irregularidades en gastos de personal

De acuerdo con los avances investigativos, uno de los principales hallazgos está relacionado con contrataciones y gastos de personal presuntamente injustificados. Según explicó la fiscal, en la gestión 2024 los gastos registrados por este concepto superaron los Bs 24 millones, mientras que la producción anual de la empresa alcanzó aproximadamente Bs 13 millones, lo que evidencia un desbalance financiero significativo.

“El daño económico asciende a más de 100 millones de bolivianos”, afirmó Bustamante, al precisar que se continúan realizando pericias contables y análisis documentales para establecer responsabilidades individuales.

Allanamiento y aprehensión

La tarde del miércoles, efectivos policiales y personal del Ministerio Público allanaron el domicilio del exgerente en Cochabamba; sin embargo, no fue encontrado en el lugar, por lo que se emitió una citación para que se presente ante las autoridades.

Posteriormente, Villarpando se presentó en dependencias del Ministerio Público en La Paz para prestar su declaración informativa y en ese momento fue aprehendido por la Policía. Actualmente permanece en celdas policiales y será investigado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

La Fiscalía no descarta ampliar la investigación a otras instancias y exautoridades, conforme se consoliden los elementos probatorios. El caso vuelve a poner en debate la administración y control de las empresas estatales, así como los mecanismos de fiscalización del gasto público.

El presidente de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, ratificó este jueves el compromiso del organismo multilateral de destinar hasta $us 3.100 millones a Bolivia hasta el año 2030, en el marco de la denominada “Estrategia País”. El anuncio se realizó tras una reunión sostenida en La Paz con el presidente Rodrigo Paz.

Durante el encuentro, Díaz-Granados explicó que ya se encuentra en ejecución cerca del 30% del financiamiento comprometido, lo que equivale a aproximadamente $us 918 millones. Precisó que en diciembre el directorio de la CAF aprobó los primeros $us 500 millones, a los que se sumaron $us 50 millones adicionales y más de $us 400 millones orientados principalmente a programas de infraestructura.

“Queremos que estos recursos activen el crecimiento económico del país”, afirmó la autoridad, al señalar que el financiamiento contempla proyectos estratégicos en energía, infraestructura vial, agua y saneamiento, además de iniciativas vinculadas al desarrollo productivo.

Proyectos estratégicos en agenda

El titular de la CAF adelantó que, en el marco de su visita oficial, se prevé la firma de contratos para obras relevantes, entre ellas la construcción de una planta solar de gran magnitud en la región de Chichas y una planta de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, anunció visitas a Tarija y Uyuni para avanzar en la estructuración de otros proyectos.

Además del financiamiento reembolsable, Díaz-Granados informó que parte de los excedentes del banco serán destinados a cooperaciones técnicas no reembolsables, enfocadas en la promoción de exportaciones, inclusión financiera, mejora del comercio internacional y estructuración de proyectos de infraestructura.

Llamado a la unidad y reformas

En su intervención, el presidente de la CAF hizo un llamado a la unidad nacional y a la necesidad de impulsar reformas que permitan fortalecer la economía boliviana. Señaló que el respaldo financiero del organismo busca acompañar los planes del Gobierno para dinamizar el crecimiento y mejorar la calidad de vida de la población.

Con este anuncio, la CAF consolida su rol como uno de los principales socios estratégicos de Bolivia en materia de financiamiento multilateral, en un contexto marcado por desafíos económicos y demandas de inversión en infraestructura.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) presentó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital destinada a atender de manera técnica, ordenada y transparente los reportes de posibles daños en vehículos vinculados a la comercialización de gasolina desestabilizada.

El anuncio se realizó en una reunión encabezada por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, junto al presidente de YPFB, Yussef Akly; el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno; y representantes del sector del transporte.

Según explicó Akly, el sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con respaldo en bases de datos oficiales como B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT, a fin de verificar la titularidad del vehículo y la carga de combustible en el periodo crítico. Los daños serán clasificados como leves, medios o graves, bajo criterios técnicos definidos por peritos especializados.

Los casos leves podrán resolverse mediante declaración jurada, finiquito digital y pago directo, mientras que los daños medios o graves serán sometidos a una evaluación adicional antes de definir la compensación correspondiente. Una vez concluida la revisión y validación por el seguro, el monto será depositado en la cuenta bancaria designada por el usuario.

El SREC operará a través de WhatsApp, con el objetivo de facilitar el acceso en todo el país, incluso en áreas rurales, sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones. También se habilitará un número telefónico vinculado a un Centro de Atención al Usuario para brindar orientación durante el proceso.

La plataforma incluirá expediente digital, firma electrónica, trazabilidad completa y auditoría en tiempo real, con el propósito de reducir tiempos de respuesta, evitar fraudes y garantizar control técnico y financiero.

Entre los requisitos para acceder a la compensación se encuentran el RUAT, cédula de identidad, número de celular, SOAT, datos bancarios y la documentación que respalde los daños (facturas, fotografías e informes técnicos), además de la declaración jurada y el finiquito de liquidación.