A tres semanas del inicio del caso Consorcio, que involucra a exautoridades judiciales y políticas en presuntas irregularidades para destituir ilegalmente a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ninguno de los acusados está en un penal.

Los tres detenidos preventivamente son:

César Siles, exministro, quien debería estar en la cárcel de Patacamaya pero fue internado en una clínica tras ser intervenido quirúrgicamente.

Claudia Castro, exvocal, trasladada del penal de Obrajes a un centro médico por problemas de epilepsia y salmonelosis.

Fernando Lea Plaza, juez de Coroico, hospitalizado debido a complicaciones de salud y un cuadro de depresión.

Los otros cuatro implicados cumplen detención domiciliaria: Iván Campero (magistrado suplente del TSJ), Yván Córdoba (expresidente del Tribunal Departamental de Justicia), un abogado, y un exfuncionario judicial.

La investigación apunta a una red que habría presionado al juez Lea Plaza para emitir un fallo ilegal contra una magistrada. Entre las pruebas presentadas están audios y testimonios que sugieren la implicación de Siles y otros vocales.

El Consejo de la Magistratura señaló que el Ministerio Público debe evaluar cómo el proceso afecta la salud de los acusados. Entretanto, el caso sigue en reserva ampliada y se conoce de un prófugo relacionado con el recurso legal usado para intentar destituir a la magistrada.

La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz eligió este martes a Margot Pérez Montaño como nueva presidenta, reemplazando a Yván Córdova, quien renunció tras verse implicado en el caso Consorcio, un proceso judicial que buscaba sustituir mediante fallo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira. La elección contó con la participación de los 29 vocales que integran la Sala Plena. Pérez Montaño cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito judicial y fue presidenta de la Asociación de Magistrados de La Paz (AMALAP) entre 2020 y 2022. Bajo su liderazgo, el TDJ La Paz afrontará los desafíos institucionales derivados de la crisis generada por el caso Consorcio, en el que están procesados penalmente tres autoridades judiciales y el exministro de Justicia César Siles.

La Gobernación de Santa Cruz implementó puntos estratégicos de control sanitario y vacunación en la Terminal Bimodal de buses y el Aeropuerto Internacional Viru Viru, como respuesta a la emergencia sanitaria por sarampión que afecta al departamento y otras regiones del país. Estas acciones buscan contener el brote y garantizar la inmunización de los grupos vulnerables.

En la Terminal Bimodal, el horario de vacunación es de 09:00 a 18:00 y se dispone de una sala de aislamiento para personas con síntomas como fiebre, sarpullido o congestión nasal. Por su parte, en el aeropuerto, personal de las líneas aéreas verifica que los menores porten su carnet de vacunación con el esquema completo antes de viajar, gracias a la colaboración de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Ministerio de Obras Públicas.

La Gobernación recordó a la población que la vacunación está dirigida a niños menores de 10 años y recomendó a los padres llevar la cédula de identidad del menor y su carnet de vacunación para recibir atención inmediata. Además, se instó a evitar viajes innecesarios durante el descanso pedagógico adelantado, que se aplicó como medida preventiva frente a la crisis sanitaria.

Un informe del Servicio Departamental de Salud (Sedes) reveló que Santa Cruz registra 71 de los 79 casos confirmados a nivel nacional. La Paz y Potosí cuentan con cinco y tres casos, respectivamente. Gracias al reciente arribo de 100.000 dosis adicionales contra el sarampión, se ha ampliado el grupo prioritario de vacunación en Santa Cruz.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera y sordera. Sus síntomas incluyen fiebre, erupciones cutáneas, congestión nasal y conjuntivitis, y se transmite por secreciones respiratorias de personas infectadas. La Gobernación cruceña reafirma la importancia de la vacunación para prevenir complicaciones severas y proteger a la población más vulnerable.

En un importante operativo de seguridad, la Policía Boliviana intervino 10 domicilios en el municipio de Llallagua, ubicado en el norte de Potosí, logrando la detención de cinco personas, entre ellas un individuo señalado como francotirador. Este operativo forma parte de las investigaciones relacionadas con los actos violentos ocurridos en junio, que causaron alarma en la población.

Las acciones se llevaron a cabo durante la madrugada, movilizando unidades especiales de la Policía en una intervención coordinada. Uno de los detenidos ha sido identificado como un presunto francotirador, acusado de participar activamente en los enfrentamientos registrados el mes pasado. Este individuo estaría implicado en el uso de armas de fuego, lo que representó un grave riesgo para la seguridad ciudadana.

Los cinco aprehendidos fueron trasladados a instalaciones policiales para ser sometidos a investigaciones más detalladas. Las autoridades procederán con pericias balísticas y revisión de antecedentes para esclarecer el grado de implicación de los sospechosos en los hechos de violencia.

Este operativo busca no solo avanzar en la resolución de los recientes conflictos en la región, sino también garantizar la seguridad de los habitantes de Llallagua. Además, representa un mensaje claro contra la violencia armada y el uso ilegal de armas en el país, reafirmando el compromiso de las autoridades con la paz y el orden público.