La familia de Brenda Alicia Santiesteban, la adolescente que perdió la vida tras ser atropellada por un micro de transporte público en la avenida Arroyito, zona del Plan Tres Mil en Santa Cruz de la Sierra, solicitó formalmente que se suspenda la licencia de conducir del responsable del hecho.

El trágico accidente ocurrió el lunes y generó consternación entre vecinos del sector, quienes denunciaron que en esa zona son frecuentes los hechos de conducción imprudente. El abogado de la familia, Romel Ipamo, manifestó que el conductor, de 27 años, actuó con impericia y conducción peligrosa, cuestionando además que personas jóvenes estén al mando de vehículos de transporte público con varios pasajeros.

“Que no vuelva a manejar, que se le quite la licencia, porque es un peligro al volante”, sostuvo el jurista, remarcando que la víctima era menor de edad y tenía “toda una vida por delante”.

Ipamo también pidió a las autoridades mayor control sobre el transporte público y apoyo institucional para la familia, que es de escasos recursos. Señaló que este tipo de hechos no puede quedar impune y debe marcar un precedente para reforzar la seguridad vial, especialmente en zonas periféricas como el Plan Tres Mil.

El conductor se encuentra aprehendido y a la espera de que se fije fecha y hora para su audiencia cautelar, donde un juez determinará su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, sufrió una descompensación la tarde de este martes mientras prestaba su declaración en instalaciones de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en el marco de la investigación por un presunto pavimento no ejecutado en la capital cruceña.

Según informó uno de sus abogados, el hecho se registró cerca de las 14:30, luego de que la autoridad municipal acudiera al lugar tras ser convocada por el Ministerio Público. Personal médico tuvo que asistirlo tras presentar un malestar mientras cumplía con el acto procesal.

Antes de ingresar a dependencias policiales, Fernández sostuvo un breve contacto con la prensa, donde negó cualquier irregularidad en la ejecución de obras y afirmó que la denuncia responde a intereses políticos. “Las obras están ahí, no se puede pagar algo que no se ha ejecutado”, manifestó en esa oportunidad.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el concejal Manuel Saavedra, quien señaló que la Contraloría habría establecido un presunto daño económico cercano a Bs 6 millones por trabajos de pavimentación que, según su versión, fueron cancelados pero no ejecutados. El denunciante indicó que al menos 10 cuadras continuarían siendo de tierra.

El proceso se encuentra en etapa investigativa y se aguardan informes oficiales tanto sobre el estado de salud del burgomaestre como sobre el avance de las actuaciones fiscales. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusión en el ámbito político local.

La Fiscalía de La Paz ejecutó el secuestro de un inmueble perteneciente a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, en el marco de una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. El bien, ubicado en la zona de Obrajes, en el sur de la ciudad de La Paz, está valuado en aproximadamente medio millón de dólares y pasó a la administración de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

El fiscal anticorrupción del caso, David Tórrez, informó que el Ministerio Público identificó elementos indiciarios relacionados con la adquisición del inmueble, lo que motivó la medida cautelar real. “Se ha realizado inicialmente el secuestro para posteriormente efectuar la entrega a Dircabi, acción que ya fue cumplida conforme a procedimiento”, explicó.

Este proceso forma parte de una investigación más amplia que involucra la presunta compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama que, según la Fiscalía, no habrían sido debidamente justificados en cuanto a su origen económico.

Además, el investigado fue declarado rebelde por la Justicia boliviana tras no presentarse a una audiencia de medidas cautelares en enero. En ese contexto, se activó el sello rojo ante la Interpol, con el objetivo de ubicarlo y proceder a su captura en caso de ser encontrado fuera del país.

El Ministerio Público señaló que se trata del tercer proceso que enfrenta Arce Mosqueira y reiteró que las investigaciones continúan, mientras se ejecutan las acciones legales correspondientes para garantizar su comparecencia ante la Justicia.

Una adolescente de 15 años perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atropellada por un micro de transporte público en la avenida Arroyito, en la zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra. El hecho generó consternación entre vecinos, estudiantes y padres de familia del sector.

De acuerdo con la información preliminar, la menor salía de su unidad educativa y cruzaba la vía cuando fue embestida por el vehículo de transporte público. Testigos señalaron que el micro circulaba presuntamente con exceso de velocidad y que el conductor no se habría percatado de la presencia de la estudiante en la avenida.

A raíz del impacto, la adolescente sufrió múltiples fracturas en las piernas, además de golpes en distintas partes del cuerpo y un traumatismo encéfalo craneano grave. Fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro médico, donde ingresó a la unidad de terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, cerca de las 16:00 se confirmó su fallecimiento.

La Policía inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. Vecinos del lugar pidieron mayor control al transporte público y reforzar la señalización en inmediaciones de unidades educativas para evitar nuevas tragedias.