Más de 50 adolescentes y jóvenes de El Alto se graduaron este miércoles del programa Atención Integral de Adolescentes (AIDA), impulsado por la Red de Salud Los Andes en coordinación con UNFPA. Durante más de dos años, los participantes recibieron formación para convertirse en líderes capaces de transmitir conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos a sus compañeros en las unidades educativas.

El evento, celebrado en el Centro de Convenciones del Distrito 1, incluyó un diálogo intergeneracional para fortalecer la gestión participativa juvenil en la exigibilidad de derechos. Pablo Borda, director en Gestión en Salud, destacó la importancia de la participación de padres y la superación de brechas generacionales en este proceso.

Pablo Salazar, representante de UNFPA en Bolivia, explicó que el trabajo con adolescentes busca romper barreras culturales y de acceso a servicios de salud, enfatizando la necesidad de un diálogo abierto sobre sexualidad en las familias para prevenir embarazos adolescentes.

Finalmente, se firmó un convenio entre la Alcaldía de El Alto y UNFPA para continuar fortaleciendo los servicios de salud y la participación juvenil en el municipio.

La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y el Tribunal Departamental de Justicia realizaron una visita al penal de Morros en el marco de la Ley N° 1173. El objetivo fue revisar los casos de personas privadas de libertad, identificar vulneraciones a sus derechos y agilizar los procesos judiciales.

Gutiérrez destacó la importancia de estas acciones para garantizar las garantías constitucionales de los internos y fomentar la descongestión judicial con un enfoque humanitario. Estas visitas buscan fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la coordinación entre la Fiscalía y el órgano judicial.

En el marco del 55º Período Ordinario de Sesiones de la OEA, la canciller Celinda Sosa Lunda expresó su preocupación ante los recientes hechos de violencia en Bolivia, que podrían amenazar la realización de las elecciones generales del 17 de agosto.

Sosa destacó la importancia de salvaguardar el derecho del pueblo boliviano a elegir su destino mediante el voto libre y soberano. Asimismo, reafirmó el compromiso del gobierno boliviano con la protección de los derechos humanos y el respeto a la institucionalidad.

La ministra solicitó el acompañamiento técnico de la Misión de Observación Electoral de la OEA, instando a la comunidad internacional a promover el diálogo y la paz en este momento crucial para la democracia en Bolivia.

El Ministerio Público, a través del Fiscal Departamental de Beni, Gerardo Balderas Arteaga, investiga un caso de Tráfico de Sustancias Controladas tras el hallazgo de 108.728 gramos de marihuana en la ciudad de Riberalta. Dos hombres, un boliviano (Jean M.C.W., de 25 años) y un colombiano (Diego F.Z.G., de 54 años), fueron aprehendidos durante el operativo realizado el 25 de junio.

El operativo, liderado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), encontró 330 paquetes tipo ladrillo en nueve bolsas. Durante el ingreso al inmueble, un tercer sospechoso logró huir hacia el monte.

El Fiscal del caso, Windsor Ortiz Bascopé, informó que la prueba de campo dio positivo a marihuana, y se recabaron evidencias como actas de aprehensión, muestrario fotográfico, y el informe de secuestro de las sustancias controladas.

La Fiscalía de La Paz, a través del Fiscal Departamental Luis Carlos Torrez, informó la recepción de ocho maletines quirúrgicos entregados por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Cinco maletines fueron proporcionados directamente por la Gobernación y tres más fueron donados por la empresa proveedora.

Los maletines cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y serán utilizados en autopsias médico-legales, como parte del plan de fortalecimiento impulsado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro.

Torrez destacó que estos equipos mejoran la capacidad operativa del IDIF y solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz agilizar la entrega de otros recursos comprometidos, como un montacarga para cadáveres y cámaras frigoríficas, que forman parte del convenio interinstitucional suscrito en 2024.

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó la detención preventiva de Ana A.Q. (73 años) en el penal de La Merced, acusada de causar la muerte de su sobrina nieta de ocho años el pasado 21 de junio en la ciudad de Oruro. La menor falleció por envenenamiento en una vivienda de la zona Sur.

La audiencia de medidas cautelares se realizó en el hospital Oruro-Corea, donde la acusada estaba internada tras haber ingerido veneno el mismo día del hecho. El juez determinó que existen pruebas suficientes para vincularla con el delito de infanticidio.

El caso sigue bajo investigación por el Ministerio Público.