Siete efectivos policiales —seis sargentos y un oficial— están siendo investigados por su presunta implicación en dos fugas de reclusos ocurridas el pasado mes de junio en los penales de Chonchocoro y San Pedro, en el departamento de La Paz. La información fue confirmada este miércoles por el presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, Edgar Cortez.

“Hasta el momento en la ciudad de La Paz tenemos cinco casos que están relacionados a fuga de privados de libertad o evasión de personas que estaban bajo control policial. Estos últimos dos casos (…) están en un proceso investigativo”, declaró Cortez a Unitel.

El primer hecho se produjo el 10 de junio en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Los reclusos fugados fueron Andrés Xavier Da Rocha, de nacionalidad brasileña, alias Felipe Edvaldo Meneses Iglesias, y Víctor Ramírez Valenzuela, ciudadano chileno. Da Rocha ya había escapado anteriormente del penal de Palmasola y del Hospital de Clínicas, y se lo vincula al grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital.

Por este caso, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que tres sargentos fueron aprehendidos. “Ayer (martes) también se ha aprehendido a tres efectivos policiales (…) se ha encontrado responsabilidad en estas personas”, afirmó.

El segundo incidente ocurrió el 28 de junio en el penal de San Pedro, donde dos internos huyeron utilizando una cuerda fabricada con trozos de frazadas. La fuga se registró cerca de las 04:00, coincidiendo con el cambio de turno del personal de seguridad. “La fuga fue planificada, incluso eligieron el día y hora para evadir controles. La música y el ruido de la fiesta distrajeron al personal”, explicó el director Nacional de Seguridad Penitenciaria, David Machicado.

En relación con este caso, otros cuatro efectivos (tres sargentos y un oficial) se encuentran bajo investigación.

El presidente del Tribunal Disciplinario aclaró que los procedimientos en curso forman parte del sistema disciplinario interno de la Policía Boliviana y son independientes de cualquier proceso penal. “Nosotros tenemos nuestro sistema disciplinario, nos regimos a la Ley 101 (…). Obviamente, independientemente de esta situación, ellos están sujetos al proceso penal, del cual nosotros no tenemos tuición”, explicó Cortez.

El concejal de Santa Cruz de la Sierra por el partido Demócratas, Manuel Saavedra, denunció este martes que la Alcaldía mantiene una deuda superior a los 2 millones de bolivianos por la adquisición de 494 aires acondicionados, equipos que actualmente funcionan en hospitales de la ciudad y que podrían dejar de operar por falta de pago.

Saavedra explicó que el contrato fue firmado en diciembre de 2023 y que los equipos fueron entregados en marzo de 2024. Sin embargo, hasta la fecha no se ha efectuado el desembolso correspondiente, lo que ha llevado a la empresa proveedora a iniciar el proceso de rescisión contractual. “Los centros de salud y hospitales corren el riesgo de quedarse sin aires acondicionados porque la Alcaldía no los ha pagado”, advirtió.

El edil subrayó que los equipos son fundamentales para el funcionamiento adecuado de quirófanos, laboratorios y otros ambientes críticos dentro del sistema de salud municipal. “Esto afectará al sistema de salud. Hay más riesgo en el funcionamiento de hospitales y laboratorios”, afirmó.

Según el concejal, la deuda corresponde a una compra realizada hace más de un año y cuya falta de pago pone en entredicho la capacidad de gestión de la actual administración municipal. “Queremos saber ¿por qué no paga?, ¿qué hace con la plata? Es una irresponsabilidad más del alcalde Jhonny Fernández y su equipo”, sostuvo.

Hasta el momento, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra no se ha pronunciado oficialmente sobre la denuncia.

Una investigación periodística reveló vínculos financieros entre los hijos del presidente Luis Arce Catacora y el Banco Ganadero, además de la participación de entidades estatales como la Gestora Pública de Pensiones, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) en un controvertido negocio agropecuario en Santa Cruz.

Según se confirmó, los hijos del mandatario, Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira, obtuvieron en octubre de 2021 créditos por un total de 63,1 millones de bolivianos (aproximadamente 9,2 millones de dólares) del Banco Ganadero para la compra de la finca “Adán y Eva”, ubicada entre Porongo y La Guardia, destinada al desmonte, adquisición de insumos agrícolas y maquinaria. “En este tipo de inversiones lo importante es la viabilidad del proyecto y su rentabilidad”, declaró el presidente Arce en una reciente entrevista, minimizando el impacto del escándalo.

El financiamiento se complementó con una inversión estatal de 21,7 millones de bolivianos (3,1 millones de dólares) destinada a la construcción de un puente de 148 metros que mejora el acceso a la finca, ejecutada por la UPRE, entidad dependiente del Ministerio de la Presidencia. Además, la ABT otorgó permisos para desmontes y ampliación agrícola, pese a denuncias que apuntan a la aceleración irregular en la aprobación de solicitudes, violando normativas vigentes.

Edith Gálvez, analista económica, cuestionó las condiciones del préstamo: “¿Cómo fue posible que el Banco Ganadero aprobara y desembolsara esa cantidad de dinero a favor de dos jóvenes sin experiencia ni patrimonio documentado? ¿Cómo no se detectó un conflicto de interés en la Gestora Pública de Pensiones, que invirtió cerca de 200 millones de dólares en el Banco Ganadero en los últimos tres años?” Gálvez destacó además que los organismos reguladores, como la ASFI y la APS, están bajo designación directa del presidente Arce.

Desde el Banco Ganadero, la respuesta oficial ha sido escueta y remite a procedimientos formales, rechazando trato preferencial y calificando las operaciones como “normales”. En contraste, el diputado opositor Enrique Urquidi anunció que una denuncia sobre la compra de tierras fue admitida para trámite en el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aunque esta instancia también depende de funcionarios vinculados al oficialismo.

Hasta el momento, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, mantiene silencio sobre el caso, pese a la relevancia y las múltiples interrogantes planteadas. El escándalo pone en evidencia la compleja relación entre inversiones privadas, préstamos estatales y la influencia política en el sector agropecuario boliviano.

Ante el incremento en el costo de algunas variedades de pan como la marraqueta y el toco, que en ciertos mercados alcanzan hasta Bs 0,70, la Intendencia Municipal del Cercado aseguró que el precio del pan de batalla se mantendrá en Bs 0,50, conforme a la regulación vigente.

Enrique Navia, director de la Intendencia, informó que se han intensificado los controles en los diferentes puntos de venta para garantizar el cumplimiento del precio y el peso establecido para este producto básico. “El pan de batalla se mantendrá en Bs 0,50, ya que este sector cuenta con el beneficio de la subvención estatal de harina”, explicó.

Durante las inspecciones, las autoridades verifican que el pan tortilla conserve su peso de 40 gramos y que el toco mantenga los 60 gramos, con el fin de evitar cobros abusivos que puedan afectar la economía de los consumidores. Navia indicó que estas acciones de fiscalización continuarán en los mercados de la ciudad para proteger a las familias cochabambinas.

El funcionario recordó que los panes especiales pueden tener precios diferentes, pero subrayó que dicha variación no debe trasladarse al pan de batalla, el cual está regulado por formar parte de la canasta básica.

De acuerdo con datos oficiales, el Gobierno ha incrementado la entrega de harina subvencionada, pasando de 1,8 millones de bolsas de 50 kilos en 2021 a 2,8 millones en 2024. Para este año se espera superar las 2,5 millones de bolsas distribuidas, beneficiando a más de 2.000 panificadores en todo el país.