Las brigadas conformadas por guardias municipales y policías realizaron un operativo de control desde las 19:00 del lunes hasta las 03:00 del martes, cubriendo los 14 distritos de El Alto para sofocar fogatas encendidas pese a la prohibición municipal. El Distrito 14 registró la mayor cantidad con 55 fogatas apagadas, mientras que en el Distrito 6 se contabilizaron seis.

El secretario municipal Gabriel Pari informó que el índice de calidad del aire alcanzó 85 microgramos durante la madrugada, evidenciando el impacto ambiental. También se identificaron 40 casas que infringieron la norma municipal 103/2010, que prohíbe encender fogatas y pirotecnia, por lo que enfrentarán multas de Bs 1.000.

Aunque la población muestra mayor conciencia para cuidar el ambiente, aún existe desconocimiento sobre la normativa. En zonas rurales, muchas personas apagaron los incendios cuando fueron informadas de la prohibición, evidenciando la necesidad de fortalecer la educación ambiental.

Tras registrarse dos casos de sarampión en El Alto, un adolescente de 16 años y un bebé de nueve meses, la alcaldesa Eva Copa pidió a la Dirección Distrital de Educación adelantar las vacaciones escolares para prevenir contagios masivos, especialmente entre niños.

La Secretaría Municipal de Salud activó un sistema de rastreo con 150 brigadas que visitan hogares para vacunar a niños menores de cinco años, además de garantizar la disponibilidad de vacunas en 58 centros de salud y 145 consultorios vecinales.

Las autoridades hicieron un llamado a los padres para vacunar a sus hijos, ya que solo 4 de cada 10 niños en la ciudad están inmunizados contra el sarampión. El Ministerio de Educación había programado inicialmente el descanso pedagógico del 7 al 18 de julio, pero se evalúa adelantarlo por la emergencia sanitaria.

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el caso de infanticidio ocurrido en la zona Sur de Oruro involucra a la tía abuela de la menor, quien presuntamente la envenenó con raticida y la asfixió con un cordón. En la escena del crimen se encontraron cartas póstumas que sugieren que la mujer actuó por intereses económicos relacionados con la custodia de la niña y una propiedad a su nombre.

La madre de la menor falleció en enero de 2025, dejando a la niña bajo el cuidado de la tía abuela. La disputa familiar por la custodia del inmueble derivó en episodios de maltrato y conflictos que culminaron en el trágico hecho. La tía abuela, hospitalizada y con diagnóstico reservado, es la principal sindicada y también se investiga la posible participación de otros familiares que habrían maltratado a la niña.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación y la ingesta de raticida. La Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida abrió una investigación formal por infanticidio y tentativa de suicidio, tras encontrar a la tía abuela inconsciente junto al cuerpo de la niña.

El Fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, confirmó la fuga de la interna Eduarda C.P., de 24 años, del penal de Cantumarca el 19 de junio. La denuncia fue presentada el mismo día por la directora del pabellón de mujeres y se verificó mediante las cámaras de seguridad que la fuga ocurrió alrededor de las 19:30 por la torre N° 2 del recinto.

Durante el llamado de lista a las 21:00 horas, la oficial de turno constató que la interna no estaba en su celda, lo que alertó a las autoridades. Actualmente, la Fiscalía realiza actos investigativos y trabaja con la Policía Boliviana para capturar a la mujer prófuga.

Las autoridades continúan en la búsqueda activa para esclarecer los detalles de la fuga y evitar más incidentes similares en el centro penitenciario.