En un esfuerzo por sacar a Bolivia de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno presentó un proyecto de ley que introduce agentes encubiertos y entregas vigiladas como mecanismos para investigar delitos relacionados con financiamiento del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas.

“Los agentes encubiertos son policías especializados con identidad falsa para recabar información directa de los hechos investigados”, explicó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.

Además, las entregas vigiladas permitirán monitorear remesas ilícitas hasta su destino final, identificando a los responsables. “Estas operaciones buscan desarticular estructuras ilegales que operan mediante empresas fachada y cuentas en el exterior, utilizando diversas monedas y redes clandestinas”, agregó Saravia.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que no aprobar esta ley podría llevar a Bolivia a la lista negra de la GAFI. “Cumplir con estas técnicas es una exigencia explícita para salir de las listas grises”, enfatizó.

La propuesta se enmarca en las recomendaciones internacionales para combatir delitos financieros de manera más efectiva.

En un operativo exitoso contra el contrabando, efectivos de la Capitanía de Puerto Mayor “Bermejo” de la Armada Boliviana decomisaron 86,2 kilos de carne de res, transportados en tres bultos por el sector de “Las Chalana”. La intervención se realizó la tarde del 17 de junio, logrando evitar un daño estimado en más de Bs. 6.880,00.

La carne incautada fue sometida a una inspección sanitaria por personal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). Posteriormente, se realizó la entrega oficial a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en Bermejo, reforzando la lucha contra el contrabando y protegiendo la producción nacional.

Esta acción reafirma el compromiso de la Armada Boliviana con la seguridad alimentaria del país y la defensa de los intereses económicos nacionales.

En el marco de las directrices del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, la Comisión Técnica de la Fiscalía General llegó a Tarija con el objetivo de inspeccionar y evaluar el desempeño de los fiscales de materia de la Fiscalía Departamental. Esta acción busca fortalecer el servicio institucional y garantizar una mejor atención a la población.

“La presencia de la Comisión tiene el objetivo de identificar fortalezas y debilidades en el trabajo fiscal para proponer mejoras que beneficien directamente a la población tarijeña”, señaló Sandra Gutiérrez, Fiscal Departamental de Tarija. Asimismo, subrayó que estos mecanismos internos de control son esenciales para mantener un servicio de calidad.

Durante la inspección, se llevaron a cabo reuniones técnicas, revisiones de causas judiciales y entrevistas individuales con los fiscales para evaluar el cumplimiento de sus funciones, la atención brindada a las víctimas y los tiempos procesales. Estas acciones forman parte de la política institucional de transparencia y rendición de cuentas, orientada a fortalecer la labor del Ministerio Público en beneficio de la ciudadanía.

La evaluación permitirá implementar medidas correctivas y optimizar la calidad del servicio en cada etapa del proceso penal, reafirmando el compromiso de la Fiscalía General del Estado con la justicia y la eficiencia.

El programa “Mi Sonrisa”, implementado por el Ministerio de Salud y Deportes, proporcionó cerca de 2 millones de atenciones odontológicas gratuitas a menores de 18 años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 54 años en más de 220 municipios del país durante los últimos cinco años (2021–abril 2025).

El Responsable Nacional de Salud Oral, Roger Blacutt, destacó que esta iniciativa fortalece la salud dental en zonas periurbanas y rurales, muchas de difícil acceso geográfico, mediante consultorios móviles equipados y personal especializado. “Mi Sonrisa refuerza la salud en lugares que no cuentan con servicios dentales, también en áreas de difícil acceso geográfico (fluvial y terrestre). Para ello desplazamos personal preparado con equipos portátiles móviles. Hasta la fecha hemos realizado 1.946.436 atenciones gratuitas y entregado 23.548 prótesis dentales para personas mayores de 54 años”, afirmó Blacutt.

El programa incluye profilaxis, restauraciones, cirugías bucales menores, tratamientos de abscesos, sellados de fosas y fisuras, así como tartrectomías, con atención gratuita en todo el territorio nacional. En el departamento de La Paz se brindaron 453.635 servicios, seguido de Cochabamba con 323.883 y Santa Cruz con 277.630, entre otros.

El responsable señaló que el personal cuenta con especialidades en rehabilitación oral y odontopediatría para la atención infantil, y que los buses odontológicos están equipados como consultorios completos, con esterilización y luz halógena. “Por día, cada bus atiende al menos a 16 personas”, añadió.

Además, el programa desarrolla campañas de promoción y prevención en unidades educativas para enseñar técnicas de cepillado, cuidado del cepillo dental y hábitos saludables, entregando gratuitamente pastas dentales, cepillos y estuches de higiene. A los niños pequeños se les proporciona material educativo con juegos didácticos para fortalecer sus conocimientos.

En paralelo, desde 2021 hasta 2024, “Mi Sonrisa” entregó 23.548 prótesis dentales gratuitas a adultos mayores, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, función masticatoria, pronunciación y autoestima. Según Blacutt, “en un consultorio particular una prótesis completa puede costar entre 1.000 y 1.200 bolivianos, monto que muchos adultos mayores no pueden pagar, por lo que esta entrega cubre una necesidad importante”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) identificaron a Bolivia como uno de los países que requieren «seguimiento estrecho» en términos de seguridad alimentaria. Sin embargo, el informe «Puntos críticos sobre el hambre» descarta que el país enfrente una situación de hambruna.

El documento, publicado el 16 de junio, señala que la inseguridad alimentaria en Bolivia podría agravarse entre junio y octubre debido a la inflación sostenida, la reducción de reservas de divisas y la escasez de combustible. “Esto seguirá erosionando la capacidad de importación y el poder adquisitivo de los hogares, limitando aún más el acceso a los alimentos”, menciona el informe en su página 18.

En respuesta a interpretaciones que vinculaban al país con un riesgo de hambruna, el Gobierno rechazó enfáticamente estas afirmaciones. “Bolivia no está en riesgo de hambruna, lo cual es totalmente falso”, aseguró el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, quien destacó los esfuerzos gubernamentales en la producción de alimentos mediante programas de riego tecnificado y fomento agrícola.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, defendió la capacidad productiva del país: “En Bolivia tenemos el privilegio de gozar realmente de una seguridad alimentaria en comparación con otros países”, afirmó, recordando su experiencia como agricultora.

La representante de la ONU en Bolivia, Ana Martina, corroboró que el informe no menciona al país como un caso de hambruna y reconoció los avances en seguridad alimentaria. “La hambruna es un término técnico que no aplica a Bolivia según los criterios internacionales”, aclaró durante una conferencia de prensa junto a autoridades locales.

Causas de la crisis
El informe subraya que Bolivia atraviesa una situación preocupante que requiere atención. Aunque no hay evidencia suficiente para incluirla en los países con focos de hambre, se destaca la necesidad de monitoreo constante.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, atribuyó el deterioro en los precios de alimentos y la inflación a los bloqueos liderados por el expresidente Evo Morales: “Estos bloqueos han generado desabastecimiento, especulación y un aumento en los precios que afecta directamente a la inflación”, sostuvo.

Mientras tanto, el Gobierno y organismos internacionales coincidieron en la importancia de continuar trabajando en políticas públicas que fortalezcan la producción agropecuaria, la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en el país.