Este miércoles, la Cámara de Diputados sesionará para tratar la aprobación de dos importantes créditos internacionales que suman 160 millones de dólares. El presidente de la Cámara, Omar Yujra, destacó avances significativos en las gestiones y calificó el proceso como resultado de un “diálogo técnico, transparente y comprometido con el país”.

La agenda del día incluye la discusión del proyecto de Ley 268/2024-2025, que autoriza un contrato de préstamo con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por 50 millones de dólares. Estos recursos están destinados al Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos en Unidades Educativas.

Además, se abordará el proyecto de Ley 271/2024-2025, que avala un préstamo de 110 millones de dólares firmado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el Programa Nacional de Puentes para el Desarrollo – Mi Puente.

Yujra señaló, a través de sus redes sociales, que las reuniones previas fueron clave para alcanzar consensos: “Con la información clara y precisa brindada por los ministros de Economía y Planificación, logramos avances positivos para priorizar las necesidades del pueblo boliviano”, afirmó.

El presidente del Legislativo también reconoció el papel de la comisión mixta que trabajó en la Vicepresidencia, donde participaron autoridades y representantes de diferentes bancadas. “Saludamos la convocatoria de nuestro vicepresidente David Choquehuanca, que permitió unir esfuerzos. Seguiremos trabajando con responsabilidad para fortalecer la economía y responder a las demandas del pueblo boliviano”, agregó.

En el contexto de la crisis económica y divisiones internas en el partido gobernante, varios créditos han enfrentado obstáculos en su aprobación. El presidente Luis Arce ha insistido reiteradamente en la necesidad de destrabar estos recursos para atender las prioridades nacionales y garantizar la estabilidad del país.

La creciente escasez de pollo y otros insumos esenciales, agravada por los bloqueos en la región, ha obligado a Pollo Pampeño, uno de los restaurantes más reconocidos en el país, a cerrar su sucursal en Cochabamba. Este miércoles, la sucursal servirá su última comida económica, dejando sin empleo a 28 trabajadores.

El propietario del restaurante, Veymar Daza, explicó que el kilo de pollo ha alcanzado un precio insostenible de 45 bolivianos, mientras que el litro de aceite se vende a 58 bolivianos. “El proveedor que me traía, me está abasteciendo de a poco, pero ya no da para vender a 19 bolivianos el económico, la gente no paga”, señaló. Antes de la crisis, Pollo Pampeño demandaba entre 800 y 1.000 pollos diarios; sin embargo, actualmente no logran superar los 100.

Daza expresó su preocupación por el impacto económico de los bloqueos: “Mínimo tendría que vender a 25 bolivianos el económico (…). Estamos haciendo terminar todo lo que hay, pero ya no es viable mantener el negocio”, lamentó.

La crisis también afecta a otros sectores vinculados a la gastronomía y el turismo en Cochabamba. En un pronunciamiento multisectorial, empresarios de la hotelería, agencias de viaje y restaurantes exigieron al Gobierno garantizar el libre tránsito y la estabilidad económica.

“Rechazamos de manera categórica los hechos que han convertido a Cochabamba en el epicentro de conflictos sociales. Estos bloqueos han paralizado actividades económicas, afectando directamente a miles de trabajadores y empresas del rubro turístico”, indicó el comunicado.

Los empresarios alertaron que esta situación no solo compromete la economía regional, sino que empaña celebraciones significativas como el Bicentenario, perdiéndose oportunidades para destacar la riqueza cultural y natural del departamento.

La falta de medidas inmediatas podría agravar aún más una situación que ya amenaza la sostenibilidad de industrias clave para Cochabamba y el resto del país.

La Policía aprehendió a Iván Campero, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), investigado por tráfico de influencias y consorcio judicial. Campero debía asumir el cargo si prosperaba la suspensión contra la magistrada titular Fanny Coaquira.

Según la denuncia de la Unidad de Transparencia del TSJ, Campero estuvo vinculado a un presunto plan para suspender a Coaquira mediante un fallo judicial emitido en Coroico, beneficiándolo directamente. El juez Fernando Lea Plaza, ya con detención preventiva, habría dirigido este fallo bajo presión de autoridades del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.

También están implicados la vocal Claudia Castro y el expresidente del TDJ, Yván Córdova, con posible protección política del exministro de Justicia César Siles, quien renunció y fue reemplazado por Jessica Paola Saravia. Un audio difundido muestra a Siles y un juez coordinando el fallo, aunque el exministro alega manipulación.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el caso como un intento de golpe institucional e inició una intervención. Castro y Lea Plaza ya fueron imputados; Córdova renunció por emergencia médica.

El proceso sigue en curso y se investigan más personas. Siles anunció que se defenderá y el caso entró en reserva.