En un contexto marcado por la divulgación de un audio que vincula al exministro César Siles con presunta injerencia en decisiones judiciales, el presidente del Estado, Luis Arce, posesionó este lunes a Jessica Paola Saravia Atristaín como nueva ministra de Justicia y Transparencia Institucional.

La designación ocurre en un momento de alta sensibilidad institucional, con el Órgano Judicial enfrentando cuestionamientos sobre su independencia y con el proceso electoral previsto para agosto bajo escrutinio público.

Durante el acto de posesión, el presidente Arce aludió a las circunstancias que motivaron el cambio de autoridad sin mencionar directamente el caso Siles. “Ante las denuncias que ocurrieron el día sábado, el Gobierno nacional, asumiendo con responsabilidad, posesiona hoy una nueva autoridad para darle continuidad al trabajo del Ministerio de Justicia. Nuestra hermana Jessica ha sido viceministra y ahora asume la dirección de todo el ministerio”, expresó.

Arce destacó la experiencia previa de Saravia en la administración pública y su preparación profesional. “Sabemos de su profesionalismo y capacidad. Estamos seguros de que los temas pendientes del Ministerio serán llevados a buen puerto con la ayuda del gabinete y la Asamblea Legislativa”, afirmó. El mandatario también exhortó a su equipo de gobierno a brindar apoyo a la nueva ministra: “Este trabajo va a demandar un mayor esfuerzo, hermana Jessica. Estamos seguros que lo va a hacer con todo empeño”.

La nueva titular de Justicia asume el cargo tras haber ejercido como viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales. Es abogada de profesión, con una trayectoria que incluye funciones como directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego en dos periodos (2016–2019 y 2020–2023), viceministra de Lucha Contra la Corrupción entre 2012 y 2016, así como asesora legal en distintos órganos del Estado.

Su formación incluye especializaciones en auditoría jurídica, sistemas de gestión de calidad y normas antisoborno. También se ha desempeñado como abogada penalista, consultora del Ministerio de Relaciones Exteriores y docente universitaria.

El nombramiento de Saravia se produce mientras el caso que involucra al exministro Siles continúa generando repercusiones. Un audio atribuido a Siles lo vincula con instrucciones para influir en un fallo judicial que buscaba destituir a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. El hecho fue calificado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, como un intento de “golpe judicial”.

En reacción al escándalo, el expresidente Evo Morales fue uno de los primeros líderes políticos en pronunciarse. A través de sus redes sociales, sostuvo que “el audio confirma una intervención directa del presidente Arce y su ministro de Justicia en el manejo del sistema judicial”, y añadió que este hecho “viola la independencia de poderes” y “anula la legitimidad de muchas decisiones judiciales”.

Cabe recordar que Morales ya había acusado a Siles en julio de 2024, cuando este ejercía como Procurador General del Estado, de solicitar pagos a militares investigados por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. Esa acusación derivó en un proceso penal por difamación, que concluyó con una retractación pública de Morales en enero de este año.

La ministra Saravia inicia su gestión con el desafío de restablecer la confianza en el sistema judicial, impulsar la coordinación con el Órgano Judicial y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en un clima de creciente polarización política.

Una investigación por presunta manipulación judicial derivada de un audio atribuido al exministro de Justicia, César Siles Bazán, provocó la aprehensión de dos autoridades judiciales de La Paz, la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) paceño, y una denuncia por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre un intento de «golpe judicial».

La grabación, que circuló tras la renuncia de Siles al cargo ministerial, revelaría gestiones para influir en un fallo judicial destinado a destituir a una magistrada del TSJ, lo que desató una cadena de reacciones institucionales y judiciales. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el hecho como un atentado contra el sistema judicial. “Es un golpe a la democracia y a la institucionalidad del Órgano Judicial”, advirtió desde Santa Cruz.

En el marco de esta investigación, el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, acusado de prevaricato. La vocal de la Sala Penal del TDJ de La Paz, Claudia Castro, fue aprehendida en sus oficinas y permanece detenida a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, explicó que la intervención al Juzgado de Coroico se realizó tras detectar irregularidades en una resolución constitucional. “La determinación de este juez ha sido prevaricadora, la resolución que ha dictado no se adecúa a la norma. Incluso va en contra del orden constitucional y se estaría poniendo en riesgo cualquier elección”, sostuvo Baptista en una conferencia de prensa desde Sucre. Añadió que se iniciará una acción disciplinaria y auditorías específicas a las decisiones emitidas por ese juzgado.

Por su parte, la defensa de Lea Plaza aseguró que su cliente solicitó a la Fiscalía prestar una declaración ampliatoria y que busca acogerse a la figura de testigo protegido. La abogada Zuleika Lanza afirmó que el juez dispone de nuevas evidencias que podrían comprometer aún más a Siles y a otros altos funcionarios del sistema judicial.

Respecto a la vocal Claudia Castro, su detención fue motivada por una presunta participación en un consorcio ilegal. Anteriormente, cuando se desempeñaba como jueza, fue cuestionada por emitir fallos en favor de exautoridades, como la anulación del mandamiento de aprehensión contra el exministro Juan Ramón Quintana en noviembre de 2020.

Además, el caso incluye la renuncia del presidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, quien fue incorporado a la investigación como sujeto procesal. Una comisión de fiscales fue conformada para ampliar la pesquisa contra Córdova y el exministro Siles, bajo los cargos de tráfico de influencias y consorcio entre servidores judiciales, delitos que contemplan penas de hasta 10 años de prisión.

El audio que dio origen a la investigación contiene fragmentos donde supuestamente Siles instruye al juez Lea Plaza emitir un fallo favorable para remover a la magistrada Fanny Coaquira, permitiendo que asuma su suplente, Iván Campero. “Nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que va a emitirse se confirme en el Tribunal Constitucional, y también controlar cualquier reacción que pueda tener”, dice una voz atribuida al exministro.

Saucedo alertó sobre el impacto institucional que una destitución irregular de magistrados podría tener sobre la legitimidad del proceso electoral: “Esto puede abrir la puerta para que mañana, tras las elecciones del 17 de agosto, se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas”, subrayó.

El caso fue declarado en reserva y permanece en etapa de recolección de pruebas mientras continúan las detenciones, renuncias y nuevas líneas de investigación que podrían alcanzar a más funcionarios judiciales.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Boliviana sostuvieron una reunión técnica para evaluar el progreso en la implementación del sistema de interoperabilidad, en el marco del cumplimiento de la Ley N.º 1173, que busca agilizar los procesos penales y fortalecer la lucha contra la violencia.

Durante el encuentro, se analizaron los avances técnicos alcanzados por la institución policial para integrarse al ecosistema digital del Ministerio Público, conocido como ROMA, el cual permite el intercambio de información entre actores del sistema judicial.

El director nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Armando Corral Davezies, destacó la disposición de la Policía para adecuar sus sistemas al entorno tecnológico de la Fiscalía. “Reconocemos y valoramos el compromiso demostrado por la Policía Boliviana en el proceso de interoperabilidad, debido a que la institución policial ha realizado esfuerzos significativos para adaptar sus sistemas y procesos con el objetivo de lograr una comunicación fluida y eficiente con nuestro ecosistema tecnológico ROMA”, afirmó.

Corral explicó que, gracias a estos esfuerzos, se están consolidando mejoras tanto técnicas como operativas que permitirán una mayor fluidez en la transmisión de datos relativos a causas penales. “La Policía ha demostrado su voluntad institucional de formar parte activa de esta transformación digital del sistema de justicia penal, que tiene como único fin mejorar el servicio a las personas que tienen un proceso penal activo”, agregó.

El proceso de interoperabilidad forma parte de la estrategia de modernización del sistema penal, que busca fortalecer la coordinación interinstitucional. “Nuestro ecosistema ROMA está diseñado específicamente para facilitar la integración con otras instituciones del sistema de justicia penal, y seguiremos trabajando de manera coordinada con la Policía Boliviana para superar cualquier desafío técnico u operativo que pueda presentarse en este importante proceso de modernización”, concluyó Corral.

La reunión evidenció un compromiso conjunto para consolidar esta transformación digital, que permitirá una gestión más eficiente y transparente de los procesos penales en el país.