El alcalde de La Paz, Iván Arias, envió una carta al presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, Galo Carrillo, solicitando la postergación de la tradicional Entrada del Señor Jesús del Gran Poder. La petición se fundamenta en la crisis social y económica que atraviesa el país debido a los bloqueos y la violencia que en Llallagua dejó cuatro policías y un civil fallecidos.

Arias reconoció que la festividad genera un importante movimiento económico para la ciudad, pero advirtió que celebrar el evento en este contexto “podría parecer insensible y desconectada de la realidad nacional”, afectando la imagen y la unidad de la población.

En caso de que no se acepte la postergación, el alcalde pidió que se reduzca al mínimo el consumo de alcohol durante la Entrada y que se suspendan las fiestas posteriores, con el fin de evitar mayores conflictos o desbordes. Además, confirmó que su participación estará limitada exclusivamente a los actos protocolares centrales para mantener la tranquilidad y el orden.

Este llamado refleja la preocupación por mantener la paz social y priorizar la seguridad en momentos de alta tensión en el país.

El Ministerio de Salud lanzó un llamado urgente a la población para completar el esquema de vacunación contra el sarampión, tras la confirmación de un brote con ocho casos en Santa Cruz. El viceministro Max Enríquez Nava destacó la importancia de una coordinación efectiva entre los niveles nacional, departamental y municipal para fortalecer la vigilancia epidemiológica y ejecutar bloqueos vacunales que eviten la expansión del virus.

Enríquez Nava recalcó que las vacunas contra el sarampión son gratuitas y accesibles para toda la población, pero enfatizó que la participación activa de la ciudadanía es fundamental para prevenir contagios masivos y complicaciones graves asociadas a esta enfermedad.

El Ministerio de Salud continúa implementando estrategias de control y sensibilización en las comunidades, y hace un llamado especial a los padres de familia para que lleven a sus hijos a los centros de vacunación y protejan así a la población vulnerable.

El Fiscal General Roger Mariaca informó que, siguiendo instrucciones precisas, los nueve fiscales departamentales del país han establecido una coordinación estrecha con los tribunales electorales departamentales (TED) en vistas a las próximas elecciones generales. Este trabajo conjunto tiene como objetivo principal garantizar una investigación oportuna y rigurosa de cualquier hecho ilícito que pueda afectar la transparencia y legalidad del proceso electoral.

Mariaca destacó que el Ministerio Público mantiene un compromiso firme con la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, asegurando que cada votante pueda ejercer su derecho en un entorno seguro y libre de presiones o irregularidades. Asimismo, subrayó la importancia de la cooperación interinstitucional para fortalecer los mecanismos de control y vigilancia durante las elecciones, con el fin de evitar fraudes, coacción o cualquier tipo de delito electoral.

Esta coordinación también incluye la capacitación y el intercambio de información constante entre fiscales y vocales electorales para anticipar y prevenir posibles conflictos o denuncias que puedan surgir durante la jornada electoral. De esta manera, el Ministerio Público y los TED buscan responder con rapidez y eficacia ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad del proceso.

El Fiscal General hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente y confíe en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, reafirmando que la justicia estará vigilante para garantizar elecciones limpias y transparentes.

Estas acciones forman parte de un plan integral para fortalecer la democracia en Bolivia y asegurar que las elecciones generales del 17 de agosto se desarrollen en un marco de respeto, seguridad y legalidad.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) repudió con firmeza la violencia desatada durante los bloqueos que dejaron como saldo cuatro policías asesinados y múltiples agresiones a estudiantes. El rector Vicente Cuéllar responsabilizó directamente a Evo Morales por estos hechos y exigió su inmediata aprehensión.

En su pronunciamiento, Cuéllar denunció la pasividad del Gobierno frente a la escalada de violencia que afecta al país y pidió acciones urgentes para frenar la crisis social que profundiza la división y el sufrimiento de la población. “No podemos permitir que la violencia y la impunidad sigan prevaleciendo,” enfatizó.

La UAGRM hizo un llamado a la comunidad educativa, a las autoridades y a la sociedad en general a unirse para exigir justicia y restaurar la paz mediante el respeto a los derechos humanos y la legalidad.

El líder político Luis Fernando Doria Medina lanzó un firme llamado al presidente Luis Arce para que envíe de forma inmediata helicópteros con provisiones hacia Llallagua, región golpeada por intensos bloqueos y la reciente muerte de cuatro policías durante enfrentamientos violentos.

En su pronunciamiento, Doria Medina manifestó profunda solidaridad con la población afectada, destacando el sufrimiento que enfrentan los ciudadanos ante la crisis de abastecimiento y la inseguridad creciente. Asimismo, condenó enérgicamente todos los actos de violencia que han escalado en la zona, generando un clima de inestabilidad y temor.

El líder opositor responsabilizó directamente a Evo Morales y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de promover y fomentar estos conflictos con intereses políticos y para mantener sus posiciones de poder. Según Doria Medina, esta estrategia ha profundizado la división y la confrontación entre bolivianos, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.

Además, insistió en que el Gobierno debe priorizar la atención humanitaria y la restauración del orden, garantizando el suministro de alimentos, combustible y servicios básicos a la población de Llallagua y otras zonas afectadas. Llamó a dejar de lado las disputas políticas y a buscar soluciones a través del diálogo, la unidad y el respeto a la institucionalidad.

Finalmente, Doria Medina hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a prestar atención a la situación crítica en Bolivia y apoyar iniciativas que contribuyan a la pacificación y reconstrucción del tejido social.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) presentó un informe detallado sobre las consecuencias de los conflictos sociales derivados de los bloqueos registrados en Bolivia entre febrero y junio de 2025. En este periodo, se realizaron 102 valoraciones médico forenses vinculadas a estos hechos de violencia.

Entre las víctimas fatales confirmadas figuran cinco personas: tres policías que perdieron la vida mientras cumplían sus funciones en zonas de conflicto, un bombero fallecido en Llallagua y un comunario de Cochabamba. Actualmente, las autopsias continúan en proceso para esclarecer las causas exactas de cada deceso, con el objetivo de contribuir a la justicia y la verdad.

El IDIF resaltó la gravedad de la situación y advirtió que estos números reflejan un preocupante aumento en la violencia y sus consecuencias directas sobre la población civil y los agentes de seguridad. Además, hizo un llamado urgente a las autoridades y a los sectores movilizados para buscar soluciones pacíficas y evitar que más vidas se pierdan en el marco de protestas y confrontaciones.

Este informe pone en evidencia la necesidad de un diálogo sincero entre el Gobierno, los movimientos sociales y la sociedad civil para superar la crisis y restaurar la estabilidad y seguridad en el país. La institución reafirmó su compromiso de continuar con los procedimientos forenses necesarios para apoyar a las familias de las víctimas y colaborar con las investigaciones judiciales.

La crisis social y política en Bolivia sigue dejando un saldo doloroso, que demanda responsabilidad, diálogo y acciones concretas para evitar que el conflicto se siga profundizando.

La Defensoría del Pueblo en Llallagua informó que logró recuperar los cuerpos de dos policías fallecidos durante los recientes enfrentamientos en la zona. Tras realizar la autopsia correspondiente, se coordina su traslado en helicóptero hacia Oruro para evitar los bloqueos que se han reinstalado en las carreteras.

Esta medida busca garantizar un traslado seguro y respetuoso hacia sus familiares, evitando mayores riesgos y retrasos provocados por la situación de conflicto y protesta social que persiste en el área.

La Defensoría también hizo un llamado a la calma y al respeto por la dignidad de las víctimas en medio de la crisis.