La Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) ha dado un plazo de 72 horas al Gobierno para resolver la crisis de precios, la escasez de combustible y dólares. De no atenderse sus demandas antes del martes, el sector amenaza con tomar instituciones estratégicas y bloquear vías en el departamento.
Este miércoles, organizaciones afiliadas a la Futpoch marcharon por las calles de Sucre, exigiendo atención a cinco puntos críticos: el incremento en los precios de la canasta familiar, la escasez de combustible y divisas, el congelamiento de créditos para prestatarios, una política de austeridad estatal y un tope salarial de Bs 8.000 en los tres niveles de Gobierno.
El secretario ejecutivo de la Futpoch, Julián Romero, subrayó que, mientras el plazo transcurre, las bases permanecerán en estado de alerta. «Si no hay soluciones, tomaremos instituciones estratégicas y, de persistir la indiferencia de las autoridades, recurriremos al bloqueo de caminos», afirmó.
En respuesta a la presión social, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció que se trabaja junto a autoridades locales en un plan de emergencia para combatir el agio, la especulación y el contrabando. En una reunión con la Gobernación, la Alcaldía de Sucre, el Senasag, juntas vecinales y representantes del sector cárnico, se reafirmó el compromiso de implementar medidas conjuntas.
Además, se programó un próximo encuentro con los 29 alcaldes de Chuquisaca y sectores productivos para definir las acciones concretas del plan.
No obstante, Romero expresó escepticismo ante estos anuncios, acusando al Gobierno de «mentir y ofrecer soluciones superficiales». «No queremos parches, queremos soluciones estructurales. Si no tienen capacidad, que se vayan», reclamó.
Por su parte, la Alcaldía de Sucre anunció la creación de un reglamento para regular los precios de productos básicos en mercados y ferias. Erick Medrano, jefe de Comercio y Mercados, informó que este reglamento, actualmente en revisión jurídica, incluirá medidas como decomisos, clausuras temporales y multas de hasta 1.000 UFVs para los infractores. En casos graves, se podrían iniciar procesos penales.
El conflicto sigue escalando, mientras el plazo impuesto por la Futpoch mantiene al departamento en expectativa.
