El ministro de Economía, Marcelo Espinoza, destacó la reducción del riesgo país de Bolivia por debajo de los 500 puntos básicos, calificando este hecho como una señal positiva para la estabilidad financiera y la confianza de los mercados internacionales ,la autoridad explicó que esta disminución refleja una mejora en la percepción de solvencia del país, lo que facilita el acceso a financiamiento externo en mejores condiciones y con menores tasas de interés.

Espinoza señaló que el resultado es producto de una serie de medidas económicas orientadas a fortalecer las reservas, controlar el déficit fiscal y garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.

Asimismo, indicó que la reducción del riesgo país puede incentivar la llegada de inversiones extranjeras, al mostrar un escenario más predecible y seguro para el capital internacional.

El ministro remarcó que mantener este indicador en niveles bajos dependerá de la continuidad de políticas responsables y del fortalecimiento de sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y exportaciones.

También destacó que este comportamiento positivo del indicador beneficia indirectamente al sector privado, ya que mejora el entorno para créditos, proyectos productivos y generación de empleo.

Un juez cautelar determinó 60 días de detención preventiva para tres exfuncionarios de la Aduana Nacional, implicados en el denominado caso “maletas”, vinculado a presuntas irregularidades en el ingreso de equipaje sin control.
La decisión se asumió luego de que la Fiscalía presentara suficientes indicios que hacen presumir la participación de los exservidores públicos en hechos que podrían constituir delitos de corrupción y favorecimiento al contrabando.

Según la investigación, los exfuncionarios habrían permitido el paso de maletas sin la revisión correspondiente, vulnerando los procedimientos establecidos en aeropuertos y puestos de control,
el Ministerio Público sostuvo que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, motivo por el cual solicitó la detención preventiva mientras se amplían las indagaciones.

Durante la audiencia, la defensa solicitó medidas sustitutivas, argumentando arraigo laboral y familiar, sin embargo, el juez rechazó el pedido al considerar la gravedad del caso.

Los tres imputados fueron trasladados a un centro penitenciario, donde permanecerán mientras se realizan pericias técnicas, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones testificales.

Desde la Aduana Nacional se informó que se colaborará con todas las investigaciones y que se reforzarán los controles internos para evitar hechos similares.

En el marco de las celebraciones por el Carnaval 2026, el presidente Rodrigo Paz encabezó la tradicional ch’alla en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, como parte de las costumbres ancestrales que se realizan cada año en estas fechas.

Durante el acto, el mandatario participó del ritual andino de agradecimiento a la Pachamama, realizando ofrendas con bebidas, flores y serpentinas, pidiendo prosperidad, salud y estabilidad para el país.

La ceremonia incluyó la ch’alla de diferentes espacios institucionales, entre ellos oficinas, vehículos oficiales y ambientes del edificio gubernamental, siguiendo la tradición de “bendecir” los lugares de trabajo.

Rodrigo Paz destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales y señaló que el Carnaval es una oportunidad para fortalecer la identidad, la unidad y el respeto por las costumbres del pueblo boliviano.

Asimismo, remarcó que estas celebraciones no solo tienen un valor simbólico, sino que también dinamizan la economía, impulsan el turismo y generan movimiento en distintos sectores productivos.

El presidente llamó a la población a vivir el Carnaval con alegría, pero también con responsabilidad, evitando excesos y priorizando el cuidado de la familia y la seguridad ciudadana.

Un reporte de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) indica que cinco aeronaves se encuentran actualmente precintadas en dependencias policiales, como parte de investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades en su operación.

Según el informe, las aeronaves fueron inmovilizadas durante operativos de control realizados en distintas regiones del país, tras detectarse inconsistencias en la documentación, planes de vuelo y autorizaciones correspondientes.

Umopar sostiene que el precintado se mantiene mientras se realizan pericias técnicas, verificación de registros aeronáuticos y análisis de la situación legal de cada una de las aeronaves involucradas.

Sin embargo, el vicepresidente, Edmand Lara declaró que las cinco aeronaves ya habrían sido devueltas a sus propietarios, asegurando que se cumplieron los procedimientos legales y que no existe ninguna retención irregular.

Lara afirmó que los dueños presentaron la documentación requerida y demostraron la legalidad de las aeronaves, motivo por el cual se procedió a su liberación.

La contradicción entre el reporte de Umopar y la versión del vicepresidente generó dudas sobre el estado real de los aviones y el avance de las investigaciones.

Sectores políticos y especialistas en seguridad pidieron que se brinde información clara y oficial, para evitar confusión y versiones contradictorias entre instituciones del propio Estado.

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) informó que el denominado “caso tuberías” habría generado un daño económico al Estado de aproximadamente 14 millones de bolivianos, tras una auditoría interna y la revisión de los contratos involucrados.

Según el reporte oficial, las irregularidades estarían relacionadas con la adquisición de tuberías que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, lo que ocasionó pérdidas económicas y problemas en la ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado.

Epsas señaló que los materiales observados no habrían sido aptos para su uso, generando retrasos en obras y la necesidad de nuevas compras para reemplazar los insumos defectuosos.

Desde la empresa se indicó que el caso fue remitido a las instancias correspondientes para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales contra los involucrados.

El director jurídico de YPFB Corporación fue aprehendido este lunes por efectivos policiales, tras una orden emitida por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Según el reporte de la Fiscalía, la autoridad será investigada por dos delitos, cuyos detalles serán ampliados conforme avance el proceso y se tomen las declaraciones correspondientes.

Desde el Ministerio Público se informó que la aprehensión forma parte de una investigación en curso, basada en denuncias presentadas y elementos recolectados durante la etapa preliminar.

El funcionario fue trasladado a dependencias policiales, donde se prevé que preste su declaración informativa en las próximas horas, antes de ser puesto a disposición de un juez cautelar,
la Fiscalía aseguró que se actuará con objetividad y transparencia, respetando el debido proceso y los derechos del investigado, pero sin interferencias de ningún tipo, por su parte, YPFB aún no emitió un pronunciamiento oficial, aunque se espera que la empresa estatal brinde un informe institucional sobre la situación del funcionario.

El caso generó repercusión en el sector energético, debido al alto cargo que ocupaba el aprehendido dentro de la estructura administrativa de la petrolera estatal.

En el marco de una cumbre internacional con la participación de Bolivia y otros países de la región, el Gobierno de Estados Unidos instó a las naciones asistentes a reforzar su poder militar, señalando la necesidad de asumir una “responsabilidad compartida” frente a los desafíos globales de seguridad.

Durante el encuentro, autoridades estadounidenses destacaron que el fortalecimiento de las capacidades defensivas es clave para enfrentar amenazas como el crimen organizado, el terrorismo y los conflictos internacionales.

Asimismo, se remarcó la importancia de la cooperación entre países, tanto en el intercambio de información como en la realización de ejercicios conjuntos y programas de capacitación militar.

La delegación boliviana participó en las sesiones de trabajo, donde se abordaron temas relacionados con seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y control de fronteras.

Desde EEUU se sostuvo que la estabilidad no puede recaer en un solo país, por lo que cada nación debe asumir compromisos concretos para garantizar la paz y el orden internacional.

Algunos representantes expresaron que el llamado al rearme debe ir acompañado de políticas de desarrollo y fortalecimiento institucional, para evitar una escalada de tensiones en la región.

La cumbre también permitió debatir el rol de los organismos multilaterales en la prevención de conflictos y en la promoción del diálogo entre Estados.

El encuentro se desarrolló en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial, lo que ha reactivado el debate sobre el gasto militar y la cooperación en materia de defensa.