Con el propósito de garantizar el abastecimiento de combustible a ambulancias y vehículos de emergencia, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) lleva a cabo supervisiones en estaciones de servicio en todo el país. Estas inspecciones se realizan en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

En una reciente supervisión a la estación de servicio Volcán en La Paz, el equipo técnico de la ASUSS, liderado por su Director General Ejecutivo, Dr. Rubén Omar Colque Mollo, detectó demoras en la atención. Ante esta situación, las ambulancias fueron redirigidas a otras estaciones con mayor capacidad para garantizar la provisión ágil de combustible.

Durante una conferencia de prensa en el lugar, el Dr. Colque destacó la importancia de asegurar el abastecimiento rápido para las ambulancias, especialmente frente a la crisis generada por bloqueos en varias regiones. “Coordinamos con la ANH para identificar estaciones de servicio que puedan atender con prontitud, ya que el traslado de pacientes es una necesidad prioritaria y permanente”, afirmó.

El Director también subrayó que las gestiones entre la ASUSS y la ANH son constantes, no solo en La Paz, sino en todos los departamentos, para que el suministro de gasolina a los vehículos de emergencia sea regular y eficiente.

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, expresó su enérgico rechazo a los actos de violencia registrados en puntos de bloqueo en Cochabamba, que han obstaculizado el acceso oportuno a servicios médicos críticos. La Ministra denunció agresiones físicas y psicológicas a pacientes y personal de salud, destacando la urgencia de respetar el derecho a la vida.

Uno de los casos más alarmantes involucró a una paciente de 77 años con pancreatitis aguda, cuyo traslado en ambulancia desde Kami al Hospital Gastroenterológico fue interrumpido violentamente en Vinto. Los bloqueadores agredieron al equipo médico, incluida una doctora, y revisaron el vehículo antes de permitir el paso. La condición de la paciente se agravó, requiriendo atención de emergencia en una clínica privada en Quillacollo.

Otro caso crítico fue el de una madre y su bebé de un mes con ictericia, quienes fueron obligados a descender de una ambulancia por manifestantes mientras buscaban atención en Cochabamba. Los agresores les ordenaron continuar a pie, poniendo en grave peligro la vida del menor.

“La salud no puede ser rehén de ninguna protesta. Lo ocurrido es un atentado contra la vida y la dignidad humana”, declaró la Ministra. Anunció que el Gobierno emprenderá acciones legales contra los responsables, señalando que se ha cruzado una línea inaceptable.

Además, 11 profesionales de salud, incluidos 10 médicos, fueron retenidos y agredidos en Pajo, ruta a Caracollo. Un médico sufrió traumatismo craneal leve a moderado y posible fractura nasal, requiriendo cirugía.

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la atención médica pese a las adversidades y llamó a los manifestantes a permitir el libre tránsito de ambulancias y personal de salud. “Debemos pensar que el paciente en una ambulancia podría ser alguien de nuestra familia. Respetemos la vida”, exhortó la Ministra.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, anunció que la Policía ejecutó órdenes de aprehensión contra Saúl P.E. y el efectivo policial Hans G.A.C. Ambos están acusados de varios delitos, entre ellos Concusión, Tráfico de Influencias, Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, Uso Indebido de Influencias y Usurpación de Funciones.

Según las investigaciones, los dos implicados habrían prestado colaboración al ciudadano brasileño Marcos R. de A., conocido como «Tuta». Este caso ha generado gran atención debido a la gravedad de los cargos y el supuesto vínculo con actividades ilícitas.

Zeballos indicó que los detenidos serán presentados en las próximas horas ante el Juzgado 24° de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia de la Mujer, donde se determinarán las medidas cautelares correspondientes.

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Jueza Nancy Hernández López, destacó el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, impulsado por el Fiscal General del Estado de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro. Hernández calificó esta iniciativa como un avance clave en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.

“Todo lo que promueva la protección de derechos humanos en poblaciones en situación de vulnerabilidad constituye un paso esencial hacia el fortalecimiento de las sociedades democráticas”, afirmó Hernández durante una reunión con el Fiscal General en Sucre.

El proyecto, presentado ante la Cámara de Senadores el pasado 31 de marzo, busca salvaguardar a menores de edad contra el abuso y la explotación sexual en entornos digitales, respondiendo a las amenazas del cibercrimen en un contexto de acelerada digitalización en Bolivia. Actualmente, el documento se encuentra en la Cámara de Diputados para su tratamiento legislativo.

“La defensa de los derechos humanos debe abordarse con determinación y firmeza. Este proyecto consolida un Ministerio Público moderno, accesible y eficaz, comprometido con soluciones concretas y resultados tangibles”, declaró el Fiscal General Mariaca Montenegro.

El proyecto de ley incluye medidas integrales para prevenir y combatir delitos digitales que afectan la integridad sexual de menores, utilizando plataformas como redes sociales, aplicaciones, mensajería y videojuegos en línea. La iniciativa refleja el compromiso del Estado boliviano de enfrentar los desafíos emergentes de la tecnología con un enfoque centrado en la protección de la infancia.