Con miras a las elecciones generales del 17 de agosto, el plazo para que los candidatos inscritos en las listas al Legislativo o al Ejecutivo presenten su renuncia y sean reemplazados vence el próximo 3 de julio. Este proceso, regulado por el artículo 108 de la Ley de Régimen Electoral, establece que una vez presentada la renuncia, los postulantes no podrán participar en ninguna candidatura durante el mismo proceso electoral.
Negociaciones en torno a candidaturas presidenciales
Mientras algunos binomios ya están consolidados, otros aún atraviesan ajustes y negociaciones clave:
Andrónico Rodríguez: Actualmente en conversaciones con UCS para asumir la candidatura presidencial, lo que obligaría al actual candidato de ese partido, Johnny Fernández, a retirarse.
Eva Copa: Se analiza su posible renuncia para que se una a la fórmula de Rodríguez, aunque aún no se define si Jorge Richter, su actual compañero de fórmula, ocuparía la vicepresidencia en la nueva alianza.
Mariana Prado: Presentada inicialmente como candidata a la vicepresidencia por Rodríguez, podría retirar su postulación para permitir la incorporación de otro perfil, como Paola Fernández (hija del líder de UCS) o Jorge Richter.
Obstáculos y acusaciones
Por su parte, Jaime Dunn, candidato opositor, enfrenta dificultades administrativas para formalizar su candidatura debido a la falta de un certificado de solvencia fiscal, documento que asegura ha sido retrasado por manipulación política.
Contexto electoral
Según recientes encuestas, Rodríguez cuenta con un 14,2% de apoyo según IPSOS Ciesmori, mientras que Dunn se posiciona con un respaldo cercano al 10% en otros sondeos. Estos resultados les otorgan un peso considerable en el tablero electoral, destacando la importancia de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.
El cierre de este plazo será un momento clave para determinar cómo se conforman finalmente las candidaturas, marcando el rumbo de las campañas y las alianzas de cara a los comicios.
Plazo para sustitución de candidatos vence el 3 de julio: negociaciones en curso
Persisten irregularidades en la venta de combustible a pesar de las medidas del gobierno de Arce
A diez días de la implementación de las nuevas disposiciones del gobierno de Luis Arce para regular la venta de combustible en bidones bajo declaración jurada, estas medidas aún no se han cumplido en su totalidad. En La Paz, personas continúan adquiriendo combustible con solo presentar una fotocopia de su cédula de identidad.
El grupo Fides visitó estaciones de servicio, como la Estación Uruguay en la avenida Montes, donde se constató la persistencia de largas filas de compradores bajo esta modalidad, evidenciando la falta de implementación efectiva del Decreto Supremo 5400.
El Decreto Supremo 5400 establece que las personas que necesiten adquirir combustible en envases de hasta 120 litros en territorio nacional (o hasta 50 litros en zonas fronterizas) deben registrarse mediante un formulario electrónico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Este formulario, con calidad de declaración jurada, debe justificar el consumo.
En caso de no cumplir con este trámite, los compradores solo podrán adquirir combustible a precio internacional. Las restricciones también se extenderán a los vehículos que utilicen Gas Natural Vehicular (GNV) y gasolina, imponiendo límites de abastecimiento que, si son superados, obligarán al pago de precios internacionales.
El ejecutivo interciudad de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Roberto Mamani, criticó estas medidas, calificándolas de discriminatorias, especialmente para los conductores que combinan GNV y gasolina en sus vehículos.
“La topografía de La Paz nos obliga a usar gasolina en subidas y GNV en bajadas. Trabajamos con un 80% de gasolina y solo un 20% de GNV. Estas restricciones nos afectan directamente y limitan nuestro trabajo”, señaló Mamani.
Los choferes han anunciado marchas en demanda de un abastecimiento normal de combustible y para exigir la eliminación de las restricciones vehiculares en la ciudad de La Paz. Argumentan que las largas filas en los surtidores dificultan su labor diaria.
La implementación incompleta de las disposiciones gubernamentales refleja desafíos en la coordinación y aplicación de medidas regulatorias. Mientras tanto, la ciudadanía y sectores afectados esperan soluciones más efectivas que garanticen tanto el abastecimiento de combustible como la equidad en su distribución.
MTS es notificado de amparo constitucional y enfrenta el desafío de reorganizarse
El Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por Félix Patzi, fue notificado del amparo constitucional que lo obliga a corregir irregularidades para recuperar su sigla, aunque no a tiempo para participar en las elecciones del 17 de agosto.
“Hemos sido notificados con la acción de amparo constitucional de manera escrita, y ahora corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinar que el MTS se ponga en regla y subsane todo lo que hicieron mal”, explicó Frank Campero, abogado de Massiel Terrazas, exesposa de Patzi y demandante en el proceso que resultó en la inhabilitación del partido.
Irregularidades y nulidad de decisiones
El MTS enfrenta observaciones derivadas de irregularidades en su ampliado del 30 de marzo de 2024. Como resultado, todas las decisiones tomadas en esa instancia, incluida la alianza para postular al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, han sido declaradas nulas.
Campero señaló que el partido deberá convocar a un congreso para elegir una nueva directiva y legitimar su capacidad de realizar alianzas, pactos y asambleas. “Hasta que no se cumpla con este proceso, cualquier representación del directorio surgido el 30 de marzo carece de legalidad y legitimidad”, afirmó.
Futuro incierto para el MTS y sus aliados
En medio de esta crisis, Andrónico Rodríguez, quien buscaba participar en las elecciones mediante la alianza con el MTS, estaría explorando otras opciones políticas. “El señor Andrónico está buscando otras tiendas políticas porque sabe que el MTS, en este momento, no podrá participar de las elecciones del 17 de agosto debido a su situación irregular”, añadió Campero.
El tiempo apremia, ya que faltan solo tres días para el cierre definitivo de candidaturas. Mientras tanto, el MTS deberá concentrarse en reorganizarse y recuperar su legitimidad para futuros comicios.
El caso refleja los desafíos legales y administrativos que pueden enfrentar los partidos políticos en Bolivia y subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en sus procesos internos.
Arce señala la industrialización como solución estructural en medio de protestas por alza de precios
En un contexto marcado por problemas de abastecimiento de combustible y el incremento de precios en los mercados, el presidente Luis Arce utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación económica del país.
«Estamos seguros de que la industrialización con sustitución de importaciones es la solución estructural a los problemas de la economía nacional», escribió el mandatario, destacando que este enfoque permitirá diversificar los ingresos de Bolivia y fortalecer su economía a largo plazo.
Restricciones a exportaciones y críticas económicas
El mensaje del presidente llega en medio de medidas gubernamentales que han bloqueado las exportaciones de carne y restringido la salida de soya, pese a que los productores aseguran que el abastecimiento interno está garantizado. Estas acciones han generado críticas desde distintos sectores productivos.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) alertó recientemente sobre una caída de aproximadamente 1.800 millones de dólares en las exportaciones bolivianas durante 2024, lo que ha intensificado la falta de dólares y encarecido las operaciones comerciales en el país.
«Exportar más es la única vía sostenible para sostener el tipo de cambio sin devaluar el boliviano», expresó Luis Ernesto Castedo, presidente del IBCE, subrayando la importancia de fomentar las ventas al exterior como herramienta clave para la estabilidad económica.
Contexto de protestas
El mensaje de Arce se da en medio de un clima social tenso, con protestas ciudadanas en distintos puntos del país debido al alza de precios y la escasez de ciertos productos básicos. Estos problemas han incrementado la presión sobre el Gobierno para ofrecer soluciones inmediatas, mientras Arce insiste en medidas estructurales a largo plazo como la industrialización.
El debate sobre las medidas necesarias para afrontar los desafíos económicos de Bolivia sigue abierto, con sectores que demandan acciones más inmediatas para aliviar las tensiones actuales.
Montaño denuncia impacto económico y político de bloqueos organizados por sectores afines a Evo Morales
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que los bloqueos iniciados este lunes por grupos vinculados al expresidente Evo Morales han generado pérdidas económicas de 1,4 millones de bolivianos para Vías Bolivia. En una conferencia de prensa, Montaño afirmó que estas medidas de presión no solo afectan la economía del país, sino que también tienen como objetivo desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce.
“Hasta ayer teníamos pérdidas por más de 700 mil bolivianos, pero hoy la cifra ha ascendido a 1,4 millones. Siguen perjudicando la economía del pueblo boliviano, especialmente en Cochabamba, que está siendo asfixiada por los cortes de vías”, señaló Montaño.
Impacto en el transporte y suministro
Los bloqueos afectan puntos estratégicos, como la carretera Cochabamba-occidente en Sipe Sipe. Según Montaño, el lunes unos cien camiones cisterna quedaron varados en Viloma, Cochabamba, lo que pone en riesgo el suministro de combustible y productos de primera necesidad.
“El plan de Evo Morales es claro: cortar el acceso a diésel, gasolina y productos básicos para generar descontento en la población. Ese es su objetivo”, declaró el ministro.
El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó, hasta las 12:40 de este martes, 19 puntos de bloqueo en departamentos como Cochabamba, Oruro, La Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, siendo Cochabamba el más afectado.
Acusaciones de intento de golpe de Estado
Montaño denunció que las movilizaciones son parte de un plan para derrocar al gobierno de Luis Arce. “Quieren pedir la renuncia de Lucho para que asuma Andrónico Rodríguez, y de esa forma habilitar a Evo Morales. Estas acciones no son solo bloqueos; son actos de sabotaje y un intento de golpe de Estado”, enfatizó.
Demandas de los sectores movilizados
Los sectores afines a Morales demandan, principalmente, su inscripción como candidato presidencial y la renuncia de Arce. No obstante, han sumado otras exigencias como soluciones a la crisis económica, la escasez de combustible y la falta de dólares.
La situación refleja una creciente polarización política y pone en jaque la estabilidad económica y social del país. Montaño instó a la población y las autoridades a rechazar estas medidas que, según él, perjudican al pueblo boliviano en su conjunto.
Ciudadanía indignada ante viviendas inconclusas en Sucre: símbolo del abandono estatal
Organizaciones vecinales y ciudadanos han expresado su profunda indignación ante el mal uso de recursos estatales en proyectos habitacionales fallidos. Entre los años 2006 y 2010, durante el gobierno de Evo Morales, se destinaron importantes sumas a un proyecto de viviendas sociales en Sucre que nunca fue concluido ni benefició a las familias necesitadas.
Al pie del cerro Sica Sica, frente a la nueva terminal de buses de la zona de Caza y Pesca, permanece una veintena de viviendas inconclusas, convertidas en un símbolo del abandono estatal. Este proyecto, impulsado por la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) en coordinación con la urbanización municipal, fue concebido como una solución habitacional para la zona. Sin embargo, lo que debía ser un espacio digno para vivir es hoy un desolado terreno de estructuras incompletas y promesas incumplidas.
Las imágenes actuales del lugar muestran edificaciones con paredes sin techo, cimientos sin avances y ausencia total de ocupación, mantenimiento o vigilancia. El sitio, lejos de cumplir su propósito, se ha convertido en un baldío de concreto, reflejo del desperdicio de recursos y la desidia institucional.
Ante este panorama, el actual gerente general de AEVivienda, Marco Antonio Orellana, sorprendió al admitir desconocimiento sobre el caso. “No conozco ese proyecto, no sabía que existía esa obra”, declaró en entrevista con 1.2.3 Periodismo Que Cuenta. Este vacío de información institucional levanta serias interrogantes: ¿Qué ocurrió con el presupuesto asignado? ¿Por qué las obras fueron abandonadas? ¿Quiénes eran los beneficiarios previstos?
Más de una década después del inicio de este proyecto, las preguntas persisten. No hay documentación pública accesible ni explicaciones claras por parte de las autoridades responsables. Este silencio institucional ha intensificado el malestar ciudadano.
“Así quedó tu dinero, mi dinero, el dinero de todos los bolivianos”, denunció un vecino afectado, señalando el estado ruinoso del proyecto.
El caso pone de manifiesto deficiencias estructurales en el seguimiento y control de obras públicas, así como una preocupante falta de transparencia en la gestión de recursos destinados a vivienda social. AEVivienda, como entidad responsable, enfrenta el desafío de esclarecer lo ocurrido y brindar respuestas concretas.
La ciudadanía, indignada, no solo exige explicaciones, sino también la recuperación de proyectos como este para que finalmente cumplan su propósito. De lo contrario, el polvo del olvido seguirá sepultando la confianza en las instituciones del Estado.












