El presidente del Estado, Rodrigo Paz, realizó una denuncia pública en la que asegura que los problemas en el abastecimiento y calidad de la gasolina no se deben solamente a fallas técnicas, errores administrativos o retrasos logísticos, sino a un sabotaje intencional y organizado que busca afectar la estabilidad de su Gobierno y generar conflictos sociales y económicos en el país. Según el mandatario, este sabotaje estaría operando dentro de la cadena de importación, almacenamiento, distribución y control del combustible, comprometiendo la capacidad del Estado de garantizar servicios esenciales y estratégicos a la ciudadanía.

El presidente explicó que las irregularidades observadas incluyen retrasos en la distribución de combustible, desabastecimiento en sectores urbanos y rurales, daños a motores y sistemas mecánicos de vehículos debido a la mala calidad de la gasolina, así como problemas administrativos que afectan la eficiencia de la estatal petrolera. Estas acciones, según Paz, no son incidentes aislados, sino parte de un patrón coordinado que evidencia la existencia de redes internas con intereses particulares, que buscan generar caos en la gestión gubernamental y cuestionar la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones.

Paz aseguró que el sabotaje tiene impactos directos en la población, afectando a transportistas, mototaxistas, productores, empresas y ciudadanos, quienes han reportado fallas operativas y costos adicionales debido a la calidad irregular del combustible. Además, señaló que estas acciones ponen en riesgo la soberanía energética del país, al interferir en la correcta operación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en la logística de distribución de hidrocarburos a nivel nacional.

El mandatario subrayó que se requiere una investigación exhaustiva y transparente para identificar a los responsables de estas irregularidades, aplicar sanciones correspondientes y establecer mecanismos de control más estrictos que prevengan futuras acciones de sabotaje. Insistió en que la defensa del abastecimiento de combustible y la transparencia en la gestión de YPFB son esenciales para garantizar la estabilidad social, económica y política del país.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación ciudadana y tensión social, donde múltiples sectores han denunciado bloqueos, protestas y daños en vehículos debido al suministro irregular y de baja calidad de gasolina. Paz señaló que estas afectaciones tienen repercusiones directas en la economía local, la productividad y la vida cotidiana de los bolivianos, y representan un desafío importante para la gestión gubernamental en materia de energía y logística.

El presidente también destacó que la existencia de sabotajes internos debilita la credibilidad institucional, compromete la confianza de la ciudadanía y dificulta la implementación de proyectos estratégicos vinculados al transporte, producción, educación y salud. Por ello, insistió en que la transparencia, eficiencia y control administrativo deben fortalecerse de manera urgente, asegurando que los recursos del Estado se gestionen correctamente y que la cadena de suministro funcione de manera confiable y segura.

Finalmente, la denuncia de Paz resalta los retos estructurales y operativos que enfrenta Bolivia en el sector energético y subraya la urgencia de medidas correctivas y preventivas que garanticen la estabilidad del abastecimiento de combustibles, protejan los intereses de los ciudadanos y mantengan la credibilidad y autoridad del Gobierno. La intervención busca transmitir un mensaje claro: que se investigarán y sancionarán todas las acciones que busquen desestabilizar al Estado y que la administración continuará trabajando para garantizar que el combustible distribuido sea de calidad, confiable y accesible en todas las regiones del país.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, realizó una denuncia formal sobre la existencia de un “boicot” interno y de una “mafia” al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el contexto de la crisis que atraviesa el país por la mala calidad de los combustibles y los problemas estructurales en la cadena de importación, refinación y distribución de gasolina y diésel. Según el mandatario, estas prácticas internas estarían afectando el normal funcionamiento de la estatal, generando desorden administrativo, fallas operativas, ineficiencia logística y posibles actos de corrupción, con consecuencias directas en la disponibilidad de combustibles y en la confianza de la ciudadanía hacia la empresa y el Estado.

Paz señaló que estas redes internas de intereses estarían buscando afectar la gestión de YPFB con fines propios, comprometiendo no solo el abastecimiento de gasolina y diésel, sino también la operatividad de proyectos estratégicos de energía, lo que a su vez impacta en sectores productivos, transporte, comercio y servicios esenciales. La denuncia se da en un momento de alta sensibilidad social, con múltiples reportes de choferes, mototaxistas, productores y empresas que han experimentado daños en motores, filtros, bombas de combustible y equipos productivos debido a la mala calidad del combustible, así como retrasos y fallas en la distribución que afectan la economía local.

El presidente enfatizó que la existencia de estas prácticas internas podría estar minando la eficiencia y la transparencia de YPFB, debilitando la credibilidad de la estatal y de las instituciones del país. Según Paz, la situación requiere una investigación profunda y exhaustiva, identificación de responsables y la implementación de medidas de control interno que permitan desarticular las redes de sabotaje, garantizar la correcta gestión de recursos y fortalecer los mecanismos administrativos y logísticos de la empresa.

Autoridades y analistas destacan que este tipo de irregularidades en YPFB no solo tienen un impacto inmediato sobre el abastecimiento de combustibles, sino que también pueden afectar la soberanía energética del país, dado que la estatal cumple un rol estratégico en la importación, refinación, distribución y regulación de hidrocarburos, servicios que son vitales para la economía y la vida cotidiana de millones de bolivianos. En este sentido, garantizar la transparencia y eficiencia operativa de YPFB es considerado crucial para la estabilidad del sistema energético y la confianza ciudadana.

Paz instó a que se implementen mecanismos de control más estrictos, auditorías internas y acciones legales contra quienes resulten responsables de sabotaje o corrupción. Asimismo, señaló que es fundamental restablecer la normalidad en la cadena de abastecimiento, mejorar la supervisión de los procesos de importación y distribución, y asegurar que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente, en beneficio de toda la población.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que ya se ha completado la revisión de más de 10.000 registros de nuevos candidatos dentro del marco del proceso de sustitución de postulaciones presentado por las organizaciones políticas, y que se prevé que hasta este viernes se alcance la cifra de 12.000 sustituciones a nivel nacional. Este proceso forma parte de las acciones preparatorias para los próximos comicios subnacionales y nacionales, y busca garantizar la legalidad, transparencia y confiabilidad en la inscripción de candidatos.

El TSE detalló que esta fase es altamente técnica y administrativa, dado que implica la verificación minuciosa de requisitos legales, la revisión exhaustiva de la documentación presentada por los postulantes y la validación de datos personales, incluyendo nombres, domicilios y antecedentes. Además, el proceso asegura el cumplimiento de criterios de paridad y alternancia de género, con el fin de promover la equidad en la representación política. Paralelamente, se realiza un estricto control de inhabilitaciones, impedimentos y causales de incompatibilidad, para evitar que personas con restricciones legales accedan a candidaturas.

Autoridades del TSE enfatizaron que la revisión de registros es un paso fundamental para la transparencia electoral, ya que permite identificar errores formales, inconsistencias documentales o irregularidades en la presentación de candidatos. Esta revisión detallada también busca prevenir conflictos posteriores, garantizar que los partidos y alianzas políticas cumplan con la normativa vigente y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral.

Según el órgano electoral, alcanzar las 12.000 sustituciones proyectadas permitirá completar la primera etapa de verificación antes de pasar a la fase de publicación oficial de candidaturas, donde se darán a conocer los nombres validados para participar en los próximos comicios. Durante todo el procedimiento, las autoridades destacan que se actúa con objetividad, imparcialidad y estricta observancia de la ley, evitando cualquier tipo de favoritismo o influencia externa que pueda afectar el resultado del proceso.

Expertos en materia electoral señalan que el trabajo del TSE no solo busca cumplir con la normativa legal, sino también fortalecer la institucionalidad del sistema electoral, garantizando elecciones ordenadas, transparentes y confiables. Además, se refuerza la participación de la población al ofrecer un proceso claro, verificable y en el que se asegura que todos los candidatos presentados cumplen con los requisitos legales, técnicos y éticos necesarios.

Finalmente, el TSE reiteró que el control exhaustivo de los registros de candidatos es una medida clave para consolidar la confianza ciudadana en los comicios, asegurar la representatividad de los cargos a nivel nacional y departamental, y garantizar que las elecciones se desarrollen de manera ordenada, transparente y democrática, respetando los derechos de los postulantes y de los votantes por igual. Con estas acciones, se busca que la ciudadanía tenga plena seguridad de que los comicios reflejarán de manera legítima su voluntad electoral.