lunes, abril 6, 2026
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Reporte de Umopar señala que cinco aeronaves están precintadas, mientras el Vicepresidente comenta que fueron devueltas

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Un reporte de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) indica que cinco aeronaves se encuentran actualmente precintadas en dependencias policiales, como parte de investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades en su operación.

Según el informe, las aeronaves fueron inmovilizadas durante operativos de control realizados en distintas regiones del país, tras detectarse inconsistencias en la documentación, planes de vuelo y autorizaciones correspondientes.

Umopar sostiene que el precintado se mantiene mientras se realizan pericias técnicas, verificación de registros aeronáuticos y análisis de la situación legal de cada una de las aeronaves involucradas.

Sin embargo, el vicepresidente, Edmand Lara declaró que las cinco aeronaves ya habrían sido devueltas a sus propietarios, asegurando que se cumplieron los procedimientos legales y que no existe ninguna retención irregular.

Lara afirmó que los dueños presentaron la documentación requerida y demostraron la legalidad de las aeronaves, motivo por el cual se procedió a su liberación.

La contradicción entre el reporte de Umopar y la versión del vicepresidente generó dudas sobre el estado real de los aviones y el avance de las investigaciones.

Sectores políticos y especialistas en seguridad pidieron que se brinde información clara y oficial, para evitar confusión y versiones contradictorias entre instituciones del propio Estado.

Caso tuberías: Epsas reporta un daño económico al Estado de Bs 14 millones

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La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) informó que el denominado “caso tuberías” habría generado un daño económico al Estado de aproximadamente 14 millones de bolivianos, tras una auditoría interna y la revisión de los contratos involucrados.

Según el reporte oficial, las irregularidades estarían relacionadas con la adquisición de tuberías que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, lo que ocasionó pérdidas económicas y problemas en la ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado.

Epsas señaló que los materiales observados no habrían sido aptos para su uso, generando retrasos en obras y la necesidad de nuevas compras para reemplazar los insumos defectuosos.

Desde la empresa se indicó que el caso fue remitido a las instancias correspondientes para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales contra los involucrados.

Aprehenden al director jurídico de YPFB Corporación y será investigado por dos delitos, informa la Fiscalía

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El director jurídico de YPFB Corporación fue aprehendido este lunes por efectivos policiales, tras una orden emitida por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Según el reporte de la Fiscalía, la autoridad será investigada por dos delitos, cuyos detalles serán ampliados conforme avance el proceso y se tomen las declaraciones correspondientes.

Desde el Ministerio Público se informó que la aprehensión forma parte de una investigación en curso, basada en denuncias presentadas y elementos recolectados durante la etapa preliminar.

El funcionario fue trasladado a dependencias policiales, donde se prevé que preste su declaración informativa en las próximas horas, antes de ser puesto a disposición de un juez cautelar,
la Fiscalía aseguró que se actuará con objetividad y transparencia, respetando el debido proceso y los derechos del investigado, pero sin interferencias de ningún tipo, por su parte, YPFB aún no emitió un pronunciamiento oficial, aunque se espera que la empresa estatal brinde un informe institucional sobre la situación del funcionario.

El caso generó repercusión en el sector energético, debido al alto cargo que ocupaba el aprehendido dentro de la estructura administrativa de la petrolera estatal.

EEUU pide a los países reforzar su poder militar , en una cumbre internacional , con presencia de Bolivia

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En el marco de una cumbre internacional con la participación de Bolivia y otros países de la región, el Gobierno de Estados Unidos instó a las naciones asistentes a reforzar su poder militar, señalando la necesidad de asumir una “responsabilidad compartida” frente a los desafíos globales de seguridad.

Durante el encuentro, autoridades estadounidenses destacaron que el fortalecimiento de las capacidades defensivas es clave para enfrentar amenazas como el crimen organizado, el terrorismo y los conflictos internacionales.

Asimismo, se remarcó la importancia de la cooperación entre países, tanto en el intercambio de información como en la realización de ejercicios conjuntos y programas de capacitación militar.

La delegación boliviana participó en las sesiones de trabajo, donde se abordaron temas relacionados con seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y control de fronteras.

Desde EEUU se sostuvo que la estabilidad no puede recaer en un solo país, por lo que cada nación debe asumir compromisos concretos para garantizar la paz y el orden internacional.

Algunos representantes expresaron que el llamado al rearme debe ir acompañado de políticas de desarrollo y fortalecimiento institucional, para evitar una escalada de tensiones en la región.

La cumbre también permitió debatir el rol de los organismos multilaterales en la prevención de conflictos y en la promoción del diálogo entre Estados.

El encuentro se desarrolló en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial, lo que ha reactivado el debate sobre el gasto militar y la cooperación en materia de defensa.

Gobierno y Codepro coordinan inspección técnica para habilitar la importación de crudo en Santa Cruz

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El Gobierno nacional y el Comité Pro Santa Cruz (Codepro) acordaron coordinar una inspección técnica conjunta con el objetivo de evaluar las condiciones necesarias para habilitar la importación de crudo en el departamento cruceño.

Según informaron las autoridades, la inspección permitirá verificar la infraestructura existente, los puntos de ingreso del combustible y los mecanismos de control que se aplicarán para garantizar un proceso seguro y transparente.

Desde Codepro señalaron que la medida busca reducir los problemas de abastecimiento y generar alternativas que permitan asegurar el suministro de combustibles para el sector productivo y el transporte.

Por su parte, representantes del Gobierno indicaron que se priorizará el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad, antes de autorizar cualquier operación de importación.

Asimismo, se analizarán los costos logísticos y la capacidad de almacenamiento disponible en la región, con el fin de evitar sobrecargas en el sistema y posibles riesgos operativos.

Las autoridades también destacaron la importancia de una coordinación interinstitucional, que incluya a entidades reguladoras y operadores privados, para asegurar un control adecuado del proceso.

Desde ambos sectores coincidieron en que la inspección técnica será determinante para tomar una decisión final sobre la viabilidad de la importación de crudo en Santa Cruz.

Asosur y YPFB se reúnen para agilizar la logística de distribución de combustibles en todo el país

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La Asociación de Surtidores y Estaciones de Servicio (Asosur) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sostuvieron una reunión de coordinación con el objetivo de mejorar y agilizar la logística de distribución de combustibles, ante las recurrentes quejas por demoras en el abastecimiento.

Durante el encuentro, representantes de ambos sectores analizaron los principales cuellos de botella en la cadena de suministro, desde la importación hasta la entrega final en las estaciones de servicio, buscando soluciones que permitan garantizar un flujo constante de diésel y gasolina.

Asosur expresó su preocupación por los retrasos en la provisión, que en algunas regiones generaron largas filas y malestar entre los usuarios, afectando tanto al transporte público como al sector productivo.

Por su parte, YPFB informó que se están realizando ajustes operativos y reprogramaciones en la distribución, además de un refuerzo en los volúmenes destinados a los departamentos con mayor demanda.

Las autoridades también evaluaron la posibilidad de optimizar los sistemas de carga y descarga, así como mejorar la comunicación entre las plantas de almacenamiento y las estaciones de servicio.

Desde Asosur señalaron que es fundamental contar con información oportuna y planificación conjunta para evitar escenarios de desabastecimiento que perjudiquen a la población.

Fedecomin rechaza la reactivación de la ley que fija un impuesto del 4,8% al oro y exige su archivo en una semana

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La Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fedecomin) manifestó su rechazo a la reactivación del proyecto de ley que plantea un impuesto del 4,8% a la comercialización del oro, señalando que esta medida afectará directamente a miles de cooperativistas en todo el país.

Dirigentes del sector advirtieron que el nuevo gravamen incrementará los costos de producción y reducirá la rentabilidad de las operaciones mineras, principalmente en las cooperativas pequeñas que ya enfrentan dificultades económicas.

Fedecomin sostuvo que la aplicación del impuesto podría generar mayor informalidad en la actividad aurífera, ya que muchos productores optarían por comercializar el mineral fuera de los canales legales para evitar la carga tributaria.

Asimismo, alertaron que la norma podría provocar una caída en las exportaciones de oro, afectando el ingreso de divisas y debilitando la economía nacional en un contexto de crisis financiera.

Desde la dirigencia indicaron que el sector ya cumple con el pago de impuestos, regalías y otros aportes al Estado, por lo que consideran injusta la imposición de un nuevo tributo sin un análisis técnico previo.

Rodrigo Paz denuncia sabotaje deliberado contra su Gobierno atribuido a fallas intencionales en la cadena de importación, almacenamiento y distribución de gasolina

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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, realizó una denuncia pública en la que asegura que los problemas en el abastecimiento y calidad de la gasolina no se deben solamente a fallas técnicas, errores administrativos o retrasos logísticos, sino a un sabotaje intencional y organizado que busca afectar la estabilidad de su Gobierno y generar conflictos sociales y económicos en el país. Según el mandatario, este sabotaje estaría operando dentro de la cadena de importación, almacenamiento, distribución y control del combustible, comprometiendo la capacidad del Estado de garantizar servicios esenciales y estratégicos a la ciudadanía.

El presidente explicó que las irregularidades observadas incluyen retrasos en la distribución de combustible, desabastecimiento en sectores urbanos y rurales, daños a motores y sistemas mecánicos de vehículos debido a la mala calidad de la gasolina, así como problemas administrativos que afectan la eficiencia de la estatal petrolera. Estas acciones, según Paz, no son incidentes aislados, sino parte de un patrón coordinado que evidencia la existencia de redes internas con intereses particulares, que buscan generar caos en la gestión gubernamental y cuestionar la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones.

Paz aseguró que el sabotaje tiene impactos directos en la población, afectando a transportistas, mototaxistas, productores, empresas y ciudadanos, quienes han reportado fallas operativas y costos adicionales debido a la calidad irregular del combustible. Además, señaló que estas acciones ponen en riesgo la soberanía energética del país, al interferir en la correcta operación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en la logística de distribución de hidrocarburos a nivel nacional.

El mandatario subrayó que se requiere una investigación exhaustiva y transparente para identificar a los responsables de estas irregularidades, aplicar sanciones correspondientes y establecer mecanismos de control más estrictos que prevengan futuras acciones de sabotaje. Insistió en que la defensa del abastecimiento de combustible y la transparencia en la gestión de YPFB son esenciales para garantizar la estabilidad social, económica y política del país.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación ciudadana y tensión social, donde múltiples sectores han denunciado bloqueos, protestas y daños en vehículos debido al suministro irregular y de baja calidad de gasolina. Paz señaló que estas afectaciones tienen repercusiones directas en la economía local, la productividad y la vida cotidiana de los bolivianos, y representan un desafío importante para la gestión gubernamental en materia de energía y logística.

El presidente también destacó que la existencia de sabotajes internos debilita la credibilidad institucional, compromete la confianza de la ciudadanía y dificulta la implementación de proyectos estratégicos vinculados al transporte, producción, educación y salud. Por ello, insistió en que la transparencia, eficiencia y control administrativo deben fortalecerse de manera urgente, asegurando que los recursos del Estado se gestionen correctamente y que la cadena de suministro funcione de manera confiable y segura.

Finalmente, la denuncia de Paz resalta los retos estructurales y operativos que enfrenta Bolivia en el sector energético y subraya la urgencia de medidas correctivas y preventivas que garanticen la estabilidad del abastecimiento de combustibles, protejan los intereses de los ciudadanos y mantengan la credibilidad y autoridad del Gobierno. La intervención busca transmitir un mensaje claro: que se investigarán y sancionarán todas las acciones que busquen desestabilizar al Estado y que la administración continuará trabajando para garantizar que el combustible distribuido sea de calidad, confiable y accesible en todas las regiones del país.

Rodrigo Paz denuncia boicot interno y existencia de “mafia” en YPFB que afecta abastecimiento de combustibles, operaciones estratégicas y confianza ciudadana

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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, realizó una denuncia formal sobre la existencia de un “boicot” interno y de una “mafia” al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el contexto de la crisis que atraviesa el país por la mala calidad de los combustibles y los problemas estructurales en la cadena de importación, refinación y distribución de gasolina y diésel. Según el mandatario, estas prácticas internas estarían afectando el normal funcionamiento de la estatal, generando desorden administrativo, fallas operativas, ineficiencia logística y posibles actos de corrupción, con consecuencias directas en la disponibilidad de combustibles y en la confianza de la ciudadanía hacia la empresa y el Estado.

Paz señaló que estas redes internas de intereses estarían buscando afectar la gestión de YPFB con fines propios, comprometiendo no solo el abastecimiento de gasolina y diésel, sino también la operatividad de proyectos estratégicos de energía, lo que a su vez impacta en sectores productivos, transporte, comercio y servicios esenciales. La denuncia se da en un momento de alta sensibilidad social, con múltiples reportes de choferes, mototaxistas, productores y empresas que han experimentado daños en motores, filtros, bombas de combustible y equipos productivos debido a la mala calidad del combustible, así como retrasos y fallas en la distribución que afectan la economía local.

El presidente enfatizó que la existencia de estas prácticas internas podría estar minando la eficiencia y la transparencia de YPFB, debilitando la credibilidad de la estatal y de las instituciones del país. Según Paz, la situación requiere una investigación profunda y exhaustiva, identificación de responsables y la implementación de medidas de control interno que permitan desarticular las redes de sabotaje, garantizar la correcta gestión de recursos y fortalecer los mecanismos administrativos y logísticos de la empresa.

Autoridades y analistas destacan que este tipo de irregularidades en YPFB no solo tienen un impacto inmediato sobre el abastecimiento de combustibles, sino que también pueden afectar la soberanía energética del país, dado que la estatal cumple un rol estratégico en la importación, refinación, distribución y regulación de hidrocarburos, servicios que son vitales para la economía y la vida cotidiana de millones de bolivianos. En este sentido, garantizar la transparencia y eficiencia operativa de YPFB es considerado crucial para la estabilidad del sistema energético y la confianza ciudadana.

Paz instó a que se implementen mecanismos de control más estrictos, auditorías internas y acciones legales contra quienes resulten responsables de sabotaje o corrupción. Asimismo, señaló que es fundamental restablecer la normalidad en la cadena de abastecimiento, mejorar la supervisión de los procesos de importación y distribución, y asegurar que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente, en beneficio de toda la población.

Satélite boliviano Túpac Katari mantendrá operación hasta 2030 mientras Estado aún debe entre 40 y 50 millones de dólares por su financiamiento

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El satélite boliviano Túpac Katari (TKSat-1) tiene una vida útil estimada hasta el año 2030, según información oficial, aunque el Estado boliviano aún mantiene compromisos financieros pendientes de entre 40 y 50 millones de dólares relacionados con la construcción, lanzamiento y operación del proyecto. Este satélite fue concebido como un proyecto estratégico de soberanía tecnológica, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones del país y garantizar servicios esenciales de conectividad en todo el territorio nacional.

El Túpac Katari fue diseñado para brindar transmisión de datos, televisión, internet, educación a distancia y telemedicina, con un énfasis particular en zonas rurales y regiones de difícil acceso, donde la cobertura de servicios tradicionales es limitada. Las autoridades destacan que el satélite permite no solo ampliar la cobertura de servicios digitales, sino también reducir la brecha tecnológica y mejorar la comunicación en sectores estratégicos como educación, salud y desarrollo económico local.

El proyecto, que representa un esfuerzo significativo en soberanía tecnológica, requirió inversiones millonarias y colaboración internacional para su construcción y puesta en órbita. A pesar de los pagos pendientes, el satélite continúa en operación, cumpliendo con las funciones para las que fue concebido, y se espera que su mantenimiento y monitoreo constante aseguren su funcionamiento hasta 2030, ampliando la cobertura y calidad de los servicios en todo el país.

Especialistas en telecomunicaciones resaltan que la continuidad de Túpac Katari es clave para la infraestructura digital de Bolivia, permitiendo la conectividad en áreas que antes dependían de servicios limitados o inexistentes. Además, se considera un activo estratégico que refuerza la independencia tecnológica del país y reduce la dependencia de sistemas satelitales extranjeros para servicios esenciales.

Finalmente, se informó que el gobierno continúa gestionando los fondos necesarios para cubrir los compromisos financieros restantes, garantizando que la operación del satélite se mantenga sin interrupciones y que Bolivia pueda seguir aprovechando los beneficios de esta tecnología estratégica en educación, salud, comunicación y desarrollo socioeconómico en las próximas décadas.