Evo Morales volvió a acusar al Órgano Electoral de cumplir órdenes del Gobierno en busca de su inhabilitación como candidato.
El expresidente Evo Morales denunció este viernes persecución política impulsada, en su criterio, desde el Gobierno y acusó a jueces de actuar bajo órdenes del poder político con el objetivo de excluir al movimiento popular.
“Hoy vemos cómo algunos jueces actúan bajo las órdenes del poder político y no en base a la ley y la verdad. Sus decisiones pretenden excluir al movimiento popular y borrar de la historia a la Bolivia profunda que tanto ha luchado para conquistar sus derechos”, escribió el líder político en redes sociales.
Evo Morales
El exmandatario aseguró que el Gobierno ha llevado “el abuso de poder al extremo” mediante la represión a la protesta, el encarcelamiento de inocentes, la presión al sistema judicial y la “manipulación” del Órgano Electoral, con el fin de “entregar el poder a la derecha” y desmantelar el Proceso de Cambio.
Invocó ante su militancia unidad y movilización. “Necesitamos unidad, conciencia, movilización y compromiso para vencer una vez más, como lo hicimos antes. No por ambición, sino por convicción. No por poder, sino por el pueblo”, arengó.
Movilizacion
“En estas elecciones está en juego el destino de nuestra patria, el futuro de nuestros hijos y de nuestras luchas históricas”, advirtió Morales.
Morales, que pretende ser candidato para las elecciones generales del 17 de agosto, no cuenta con una sigla con personería jurídica vigente. Eso, debido a que el Partido de Acción Nacionalista Boliviano (Pan-Bol) fue sancionado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no obtener el 3% mínimo requerido en las elecciones generales del 18 de octubre de 2020. En dichos comicios, solo alcanzó el 0,5% de los votos válidos.
El lunes, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ordenó al TSE emitir una nueva resolución respecto de su decisión.
Dicha determinación, no implica una orden para la restitución de la personería jurídica del Pan-Bol.

El suspendido gobernador de Potosí, Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez, logró ayer que el juez segundo de instrucción en lo penal, Omar Cardozo, modifique la detención preventiva por detención domiciliaria en el caso denominado “compra de antígenos nasales”.
La información fue confirmada a La Razón por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), William Torrez, uno de los impulsores de la candidatura del presidente de la Cámara de Senadores.
La campaña de la candidatura de Andrónico Rodríguez suspendió la presentación de su nueva alianza electoral, anunciada para este viernes en la ciudad de El Alto.
La información fue confirmada a La Razón por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), William Torrez, uno de los impulsores de la candidatura del presidente de la Cámara de Senadores.
Éste es el diálogo por WhatsApp:
—¿Se suspendió el acto de Andrónico de mañana en El Alto?
—Sí, se suspendió
—Cuál es el motivo?
—Debido a que aún falta hacer algunos ajustes a la alianza
—¿Se cayó el diálogo con UCS?
—Se sigue en diálogo con todos
Hasta la mañana de este jueves, el acuerdo inicial entre la organización de Rodríguez, Proyecto A, y La Fuerza del Pueblo, de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), persistía, aunque no estaba cerrado.
Puede leer: Torrez anuncia que Prado no será acompañante de Andrónico
Precisamente, Torrez develó en La Razón Radio que una primera decisión era el cambio del binomio del candidato. “Lo que sí queda claro es que la señora Mariana Prado no será la acompañante de Andrónico (Rodríguez), sino se tendrá otras opciones”, afirmó.
Rodríguez, separado de la línea del expresidente Evo Morales, decidió postularse por propia cuenta para las elecciones generales del 17 de agosto.
En su intento, acordó inicialmente su candidatura con Alianza Popular, cuyo partido es el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que sufre una denuncia por su presenta no renovación de su directiva. Peter Beckhauser había logrado una resolución constitucional que obliga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la anulación de la sigla.
Rodríguez, en el último día del plazo, el 19 de mayo, había registrado provisionalmente su candidatura junto a la exministra de Planificación del Desarrollo Mariana Prado. El martes, la alianza tramitó ante el TSE la devolución de las carpetas de candidatos.
El miércoles, luego de reuniones infructuosas, se supo que UCS y Proyecto A habían alcanzado acuerdos iniciales. Sin embargo, quedaba pendiente la suscripción de la alianza final.
Según una convocatoria que circuló en redes sociales, el Proyecto tenía previsto anunciar su nueva alianza a las 10.00 de este viernes en el local Arena Braniff, al lado del Coliseo Héroes de Octubre, en El Alto.

En un video el legislador mencionó los impedimentos que, considera, impiden a Evo Morales volver a gobernar Bolivia.
En medio de los intentos de Evo Morales y sus afines para que sea registrado como candidato para las elecciones 2025, este jueves, el senador nacional Erik Morón afirmó que el líder de los cocaleros del trópico no podrá presentarse a ninguna candidatura presidencial.
“Evo Morales no podrá ser nunca más presidente de Bolivia, así lo establece la Constitución, así lo dijo el Referendo del 21 de febrero, así lo establece la CIDH y también lo sepultó con una resolución el Tribunal Constitucional”, señaló Morón en un video compartido en las redes sociales.
Las declaraciones del senador se producen cuando desde el entorno de Morales insisten en que está habilitado para ser candidato. Además, en horas pasadas se registraron movilizaciones exigiendo que sea registrado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El Órgano Electoral, semanas atrás, informó que iba a recibir el registro de Evo Morales como postulante si se registraba con un partido político. Posteriormente iban a evaluar si cumplía con los requisitos para ser registrado oficialmente como candidato.
Morales manejaba dos opciones. En principio hizo público que iba a registrarse como candidato con el Frente Para la Victoria (FPV) y posteriormente habló de Pan Bol; sin embargo, el TSE le retiró la personería jurídica a ambas organizaciones políticas por no haber obtenido el mínimo del 3% de los votos en las elecciones generales de 2020, según lo establece la normativa.
El 26 de mayo se conoció que Pan – Bol ganó un recurso judicial en una sala constitucional; sin embargo, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz señaló que esa resolución no ordena habilitar la personería jurídica de este partido y tampoco habilitar candidatos.

Al principio fue una salida práctica frente a la tormenta. Era julio del año 2000 y Bolivia se hallaba inmersa en una crisis social: bloqueos, marchas y una inflación contenida a duras penas. El presidente Hugo Banzer tomó una decisión drástica: congelar el precio de la gasolina y el diésel para calmar a los transportistas y evitar que el precio internacional del petróleo golpeara el bolsillo de la gente. Así nació una política que muchos celebrarían entonces… sin sospechar el precio que implicaría mantenerla dos décadas después.
El congelamiento de precios se justificó como una protección a los más vulnerables. Y lo fue, brevemente. Pero al poco tiempo ya comenzaban a verse las primeras grietas: las empresas petroleras empezaron a acumular cuentas por cobrar y el Estado se vio obligado a compensar con deuda e impuestos lo que dejaba de ingresar. Para 2003, la deuda con las petroleras superaba los 19 millones de dólares. Era el inicio de una maquinaria de subsidios que no dejaría de crecer.
Con la llegada de Carlos Mesa en 2004, el subsidio dejó de ser temporal y se convirtió en política de Estado. Mientras el precio del barril de petróleo escalaba en los mercados internacionales, Bolivia mantenía los precios congelados, pagando la diferencia. Como coincidía con los años del “boom del gas” y el auge de exportaciones, el país pudo financiar la ilusión de estabilidad. Pero esa ilusión tenía un reverso muy real: el contrabando de combustibles hacia los países vecinos comenzó a florecer como una industria paralela.
En 2008, mientras en Perú o Chile se pagaba hasta 1,50 dólares por litro de combustible, en Bolivia ese mismo litro costaba menos de 0,50. Era negocio redondo para los contrabandistas. Y una pérdida silenciosa para el Estado, que subvencionaba no solo al boliviano común, sino también al mercado negro.
Luego llegó el momento que cambió el tono de la conversación. En diciembre de 2010, el gobierno de Evo Morales, en su intento más ambicioso de reforma, aplicó un aumento abrupto a los precios de la gasolina y el diésel. El llamado “Gasolinazo” pretendía eliminar de golpe la subvención. Pero la respuesta fue inmediata: protestas masivas, bloqueos, saqueos, y una sensación de traición. La medida fue revertida en apenas cinco días.
Lo que quedó no fue solo la vuelta al precio anterior, sino algo mucho más profundo: el subsidio se convirtió en un símbolo. Ya no era una ayuda del Estado; era, para la mayoría de la población, un derecho adquirido. Tocarlo sería tocar la fibra sensible del imaginario colectivo. El combustible barato se volvió intocable.
En los años que siguieron, la política de subsidios se mantuvo por inercia. Entre 2016 y 2023, su costo pasó de poco más de 200 millones de dólares a más de 1.700 millones anuales. Las reservas internacionales, en cambio, pasaron de 15.000 millones a menos de 3.500. La economía comenzó a crujir. Y, sin embargo, el tema seguía siendo políticamente radiactivo.
En 2024, el presidente Luis Arce, ante el creciente déficit fiscal y el desabastecimiento en los surtidores, intentó una estrategia distinta: convocar a un referéndum. La idea era transferir la responsabilidad al pueblo, evitar el costo político directo y legitimar cualquier decisión futura. Se introdujeron dos nuevos tipos de gasolina con precios más altos, y se puso el debate en manos de la ciudadanía.
Pero mientras tanto, la escasez persiste hasta hoy, el contrabando continuaba drenando divisas y las proyecciones eran cada vez más alarmantes: si no se tomaban decisiones, el subsidio absorbería el 15 % del PIB hacia 2030.
Los expertos ofrecieron soluciones técnicas: eliminación gradual, compensaciones directas a las familias más pobres, inversión en producción nacional y coordinación regional de precios. Sin embargo, ninguna reforma tendría éxito sin enfrentar primero el núcleo del problema: la percepción popular.
Porque, en el fondo, el problema no era solo económico, sino cultural. En Bolivia, el subsidio se consolidó como parte del pacto social informal entre el Estado y el pueblo. Un pacto que decía: mientras todo lo demás falle, la gasolina seguirá barata. Romper ese pacto exige algo más que medidas técnicas: requiere una nueva narrativa nacional sobre lo que el Estado puede —y no puede— seguir garantizando.
Así, Bolivia enfrenta hoy una encrucijada incómoda. Puede seguir alimentando una política que consume recursos, distorsiona el mercado y beneficia más a los ricos que a los pobres. O puede asumir el costo político de una reforma estructural que, aunque dolorosa al principio, podría evitar una crisis mayor.
Porque si algo ha demostrado esta larga historia, es que en economía no existen los regalos eternos. Lo que alguna vez se presentó como un derecho, fue en realidad un privilegio insostenible. Y tarde o temprano, la cuenta llega. Siempre.