miércoles, abril 22, 2026
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Chofer huye tras accidente de bus dejando 17 heridos en la carretera a Uyuni

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La Policía continúa la búsqueda de Gustavo Guzmán, conductor de un bus que protagonizó un accidente el jueves en la comunidad de Keluyo, a 61 kilómetros de Uyuni. Tras el hecho, en el que 17 personas resultaron heridas, Guzmán huyó del lugar, abandonando a los pasajeros.

El vehículo, que partió desde La Paz con destino a Villazón, sufrió un vuelco lateral al costado de la vía. Entre los heridos se encuentra el ayudante del conductor. Las víctimas presentan múltiples lesiones y contusiones, y fueron trasladadas al Hospital Pérez y a la Caja Nacional de Salud en Uyuni.

El director de Tránsito, coronel Wilson Flores, informó que las investigaciones preliminares apuntan al exceso de velocidad como causa del accidente. “Estimamos que en las próximas horas podamos aprehender al conductor, mientras tanto el relevo del conductor fue arrestado”, señaló.

Las autoridades reiteraron el llamado a los transportistas a respetar las normas de tránsito y garantizar la seguridad de los pasajeros, mientras se intensifica la búsqueda del chofer fugitivo.

ANH detiene intento de traslado ilegal de combustible en Urujara

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Este jueves, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) intervino tres vehículos en la tranca de Urujara por transportar combustible en bidones sin la factura requerida, documento obligatorio para el traslado de carburantes fuera del tanque del vehículo, según la normativa vigente.

Durante el operativo, se solicitó a los conductores que vaciaran el combustible en los tanques de sus vehículos para descartar posibles irregularidades. El responsable de la ANH explicó que la normativa permite la compra y transporte de hasta 120 litros de combustible en bidones, siempre que se presente la factura correspondiente.

“La normativa establece que el transporte de combustible fuera del tanque debe contar con el respaldo documental. En esta situación, los conductores no contaban con las facturas”, señaló el funcionario.

La ANH anunció que continuará con los controles en diversas regiones del país para evitar el contrabando inverso de carburantes, una práctica que afecta negativamente la economía y el abastecimiento nacional.

Tras cuatro meses de demora, confirman que el desayuno escolar iniciará el lunes

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El director municipal de Educación de Santa Cruz de la Sierra, Raúl Ascarrunz, confirmó que este viernes 30 de mayo se emitió la orden de proceder para las empresas proveedoras encargadas de la entrega del desayuno escolar, tras varios meses de retrasos que generaron críticas y protestas por parte de padres y sectores sociales. La distribución comenzará el próximo lunes y beneficiará a estudiantes de inicial, primaria y secundaria, con un total de 370 mil raciones diarias, que incluyen 27 productos variados, entre líquidos, sólidos y frutas.

Ascarrunz explicó que la demora en la entrega se debió a que las firmas proveedoras aprovecharon el plazo máximo de 10 días hábiles para presentar la documentación requerida, retrasando así el inicio del proceso. “A partir del lunes, los estudiantes recibirán su ración diaria. Somos el único municipio que entrega 370 mil raciones dobles, tanto en líquidos como en sólidos”, aseguró el funcionario.

El proceso se llevó adelante respetando el Decreto Supremo 181 y la Ley 622. Según Ascarrunz, la primera licitación quedó desierta debido a la falta de divisas de las empresas interesadas. Posteriormente, una adjudicación directa también fracasó, pero en una segunda convocatoria se logró adjudicar el servicio por Bs 95 millones a siete empresas que cumplieron con todos los requisitos legales. Entre ellas figuran Orgánica del Sur SRL, Tecnología en Alimentos S.A, Soalpro SRL, Línea Horizontal S.R.L, Stavrakopoulos Jean Antoine, Fábrica de Alimentos Alina S.R.L y la Asociación Accidental del SOL, esta última siendo la única empresa local.

En cuanto a los productos que se entregarán, el director detalló que incluyen leche saborizada, galletas con chispas de chocolate, cereales extruidos, churros rellenos y frutas de temporada como banana y mandarina. “Estos alimentos fueron seleccionados tras una feria donde participaron los estudiantes. Se tomó en cuenta su opinión para definir los productos”, indicó Ascarrunz.

Respecto a la solicitud de padres de familia que piden un bono retroactivo por los meses en que no se entregó el desayuno escolar, Ascarrunz aclaró que cualquier medida compensatoria debe ajustarse a procedimientos legales. “No es cierto que existan 70 millones guardados. Una cosa es el presupuesto y otra la liquidez real del municipio”, manifestó.

Sin embargo, padres de familia mantienen su reclamo, argumentando que miles de niños resultaron afectados por el retraso. Una madre que participó en la marcha realizada el jueves en demanda del bono retroactivo expresó: “Nuestros hijos siguen viniendo a clases sin haber recibido un solo desayuno desde que comenzó el año escolar. ¿Dónde está el dinero que debía usarse para ellos?”

Por otro lado, concejales opositores también criticaron al gobierno municipal. José Alberti y Manuel Saavedra realizaron inspecciones en varias escuelas, constatando que aún no se había entregado el desayuno. Saavedra fue contundente en su denuncia: “No es la primera vez que anuncian y no cumplen. Nunca antes en la historia se vivió una situación como esta. Tenemos un inútil de alcalde que no hace su trabajo y deja a los niños por cuatro meses sin desayuno, la comida más importante y, en algunos casos, la única que reciben.”

Santa Cruz de la Sierra es la última de las nueve capitales del país en iniciar la entrega del desayuno escolar, mientras que las otras ocho comenzaron a distribuirlo desde el primer día de clases.

El retraso ha generado un fuerte debate sobre la gestión municipal y la responsabilidad en garantizar la alimentación complementaria de los estudiantes, un servicio considerado clave para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas en edad escolar.

Ecosistema “ROMA” facilita interoperabilidad de procesos penales entre Fiscalía y Órgano Judicial en La Paz

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El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, anunció la firma de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial de La Paz para implementar la interoperabilidad de procesos penales mediante el Ecosistema “ROMA” (Repositorio de Operaciones, Módulos y Aplicaciones). Esta herramienta será aplicada en ciudades intermedias y provincias del departamento, incluyendo los Juzgados de Niñez y Adolescencia, con el propósito de asegurar una justicia más rápida y eficiente. Se prevé que el sistema entre en funcionamiento dentro de dos semanas.

La reunión en la que se concretó el acuerdo contó con la participación del Fiscal Departamental Luis Carlos Torrez, la Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Fanny Coaquira, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yvan Córdova, vocales en materia penal y técnicos informáticos de ambas instituciones.

Con esta iniciativa se busca garantizar el principio de celeridad procesal y ofrecer una justicia pronta y accesible, consolidando una interoperabilidad total entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Abogada evista asegura que el dinero y explosivos confiscados a manifestantes fueron «implantados»

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La abogada Cecilia Urquieta, vinculada al movimiento evista, afirmó que el Gobierno estaría intentando eliminar cualquier alternativa política de izquierda distinta al MAS. Según Urquieta, el dinero y los explosivos encontrados en manos de manifestantes evistas fueron supuestamente “implantados” con el fin de facilitar procesos penales en su contra.

“Dudo que la entrega de dinero y la posesión de explosivos sean reales, ya que en ocasiones anteriores se han presentado pruebas falsas contra quienes participaban en las protestas”, declaró la jurista en entrevista con medios de comunicación.

Tras los enfrentamientos violentos ocurridos el jueves entre manifestantes evistas y la policía en La Paz, el viceministro Jhonny Aguilera indicó que las movilizaciones estarían financiadas con recursos económicos para generar caos, desestabilizar al Gobierno y obstaculizar las elecciones del 17 de agosto.

Como consecuencia de estos incidentes, al menos 26 personas fueron arrestadas y permanecen detenidas en dependencias policiales especializadas en la lucha contra el crimen. Urquieta consideró que las acciones policiales constituyen una violación de los derechos de los manifestantes.

“La Policía ha actuado con dureza contra todas las personas detenidas, por lo que no descarto que los supuestos explosivos hayan sido colocados por terceros”, añadió la abogada.

Sobre la presión ejercida por seguidores de Evo Morales para inscribir su candidatura, Urquieta recordó que una sentencia constitucional restauró los derechos del partido Pan-Bol, y que el Órgano Electoral tiene la responsabilidad de remediar el daño causado permitiendo la participación de los candidatos inscritos.

Además, la abogada señaló que el Gobierno busca impedir la participación de otras opciones políticas de izquierda distintas al MAS, mencionando que también se han presentado obstáculos para la candidatura del presidente del Senado.

“Andrónico tiene derecho a postularse, pero está siendo objeto de persecución y de intentos para revocar la personería jurídica de cualquier organización política en la que participe. Esto, según mi criterio, es una estrategia del Gobierno para evitar la competencia de otras fuerzas políticas”, concluyó Urquieta.

Sectores afines a Evo Morales denuncian presuntos excesos policiales durante protestas en La Paz

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Sectores afines a Evo Morales denunciaron al Gobierno nacional ante organismos nacionales e internacionales por una presunta vulneración de derechos humanos durante los enfrentamientos ocurridos en La Paz. Las protestas, en demanda de la inscripción de Morales como candidato presidencial, fueron reprimidas por las fuerzas del orden el miércoles cerca de la Plaza Murillo y el jueves en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Santos Mamani, acusó a la Policía de hacer un uso excesivo de la fuerza durante ambas jornadas, con gasificación indiscriminada y detenciones consideradas ilegales. Señaló que estas acciones violan protocolos policiales y derechos humanos garantizados en la Constitución y tratados internacionales, por lo que se remitieron denuncias al Defensor del Pueblo y a organismos internacionales.

Las movilizaciones se concentraron principalmente frente al TSE en rechazo a la negativa de inscribir a candidatos del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), luego que una sala constitucional revocara la cancelación de la personalidad jurídica de ese partido, donde Morales fue proclamado candidato. Los seguidores interpretan esta decisión como una maniobra para impedir su postulación.

Durante los disturbios del jueves, la Policía usó agentes químicos para dispersar a manifestantes que intentaron ingresar al edificio del TSE, lo que provocó enfrentamientos y la detención de 26 personas, según informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos. Esta acción generó críticas por supuestos excesos policiales desde legisladores y sectores sociales.

Por su parte, el Gobierno defendió la intervención policial, asegurando que fue necesaria para proteger bienes públicos y mantener el orden, y afirmó que la protesta debe ser pacífica y sin poner en riesgo a la población.

El diputado Mamani también cuestionó la capacidad del Ejecutivo para atender la situación económica y demandó la renuncia del presidente Luis Arce, si considera que no puede responder a las demandas sociales.

Armada Boliviana y Dirección de Educación de La Paz impulsan maestría en educación superior

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El Capitán de Fragata DAEN Julio César Barrios Granados, director de la Escuela de Posgrado de la Armada Boliviana (EPAB), representando al Contralmirante Oscar Jaime Vaca Molina, Comandante General de la Armada Boliviana, firmó un convenio con el Dr. Basilio Gómez Pérez, Director Departamental de Educación de La Paz. Este acuerdo marca el inicio formal de la Maestría en Educación Superior, un proyecto que nació el 13 de mayo de 2025 como resultado de una colaboración estratégica entre ambas entidades. La iniciativa está destinada a fortalecer la capacitación académica de los docentes bolivianos, reflejando el compromiso conjunto por mejorar la formación profesional en el país.

Durante la firma, Barrios Granados resaltó que esta maestría representa una oportunidad concreta y accesible para renovar la educación desde enfoques críticos, innovadores y éticos. También mencionó que, gracias a descuentos importantes en la matrícula y facilidades para acceder al programa, se reconoce y valora la labor del sector educativo. Subrayó que esta formación va más allá de obtener un título, constituyendo un espacio para la reflexión, el diálogo y la construcción colectiva de soluciones a los retos actuales del sistema educativo. Con este acuerdo, la Armada Boliviana reafirma su compromiso activo en el impulso de la transformación educativa en Bolivia.

Fiscalía y Órgano Judicial impulsan Congreso Iberoamericano de Derecho Penal en Santa Cruz

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El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, asistió a la inauguración del Primer Congreso de Derecho Penal, Política Criminal y Seguridad Ciudadana en Santa Cruz de la Sierra. El evento, organizado por el Ministerio Público, el Órgano Judicial y Legaltech, tiene como objetivo analizar nuevas tendencias y retos relacionados con la criminalización de género. El congreso se extenderá hasta el viernes 30 de mayo y contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales que tratarán temas relevantes para la sociedad.

Grupos de riesgo tienen prioridad y tolerancia laboral para vacunarse contra la influenza

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El Ministerio de Salud y Deportes recordó que los grupos vulnerables deben vacunarse contra la influenza para evitar complicaciones y hospitalizaciones durante el invierno. Las dosis son gratuitas y están disponibles en más de 3.600 centros de salud a nivel nacional.

El viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, señaló que se prioriza la atención a embarazadas, niños de 6 meses a 12 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personal de salud. Además, se dispuso tolerancia laboral de dos horas para que los trabajadores en estos grupos puedan asistir a los vacunatorios.

La vacunación también está disponible en centros de seguridad social, sin importar si la persona está afiliada. Para acceder a la vacuna solo se necesita presentar la cédula de identidad. En casos de personas con movilidad reducida, puede coordinarse la inmunización a domicilio informando al centro de salud más cercano.

Hasta ahora, 337.146 personas del total estimado de 1,8 millones han recibido la vacuna. Las autoridades piden a la población acudir lo antes posible, especialmente quienes están en riesgo, y recuerdan que la vacunación no solo protege al individuo, sino también a su entorno.

El Ministerio ha ampliado horarios de atención en varios centros e incluso durante fines de semana para facilitar el acceso. Además, se recomienda mantener medidas de prevención como el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento físico. Ante síntomas respiratorios, se sugiere no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

YPFB informa que pagos a Botrading S.A. superan los 828 millones de dólares y defiende legalidad de las operaciones

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La Gerente de Administración y Finanzas Corporativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Marieta Paredes, informó este jueves que los pagos realizados a la empresa Botrading S.A. ascienden a 828.047.076,74 dólares. La cifra corresponde, según explicó, al suministro de combustibles efectivamente recibido por la estatal petrolera, en el marco de contratos vigentes y procedimientos establecidos por la normativa nacional.

Paredes hizo esta declaración en referencia a la información enviada a la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados. Aclaró que todos los pagos se enmarcan en el presupuesto aprobado por la Ley del Presupuesto General del Estado 2025 y que responden al abastecimiento del mercado interno de combustibles.

Los contratos con Botrading S.A., al igual que con otros proveedores, están registrados en el Sistema de Contratación del Estado (SICOES) y en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado (CGE). Asimismo, los pagos se procesan a través del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), lo que, según Paredes, garantiza su trazabilidad y transparencia.

Detalló que del total pagado, 661.414.939,04 dólares corresponden a la suma de los montos adjudicados en 12 contratos firmados con Botrading S.A., mientras que 166.632.137,70 dólares se vinculan a pagos por volúmenes adicionales acordados mediante adendas, también suscritas conforme a la normativa vigente.

Paredes rechazó las acusaciones sobre presuntos pagos en exceso y afirmó que dichas observaciones no consideran el volumen real recibido por YPFB. “No se ha realizado ningún pago fuera de lo establecido”, indicó.

Finalmente, la empresa estatal expresó su disposición a someterse a auditorías conforme a la Ley SAFCO, con el objetivo de demostrar la legalidad y eficiencia de sus procedimientos administrativos.