El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), explicó que el pleno de la Cámara Baja puede ordenar el envío a la Fiscalía del informe de la Comisión Especial sobre el caso Botrading, al margen de la remisión del documento a la Contraloría, para que esa instancia investigue las presuntas irregularidades halladas en la actividad de esa subsidiaria de YPFB.
La citada comisión aprobó ayer por unanimidad el informe final sobre el caso Botrading y lo remitió a la Contraloría General del Estado para que investigue los elementos descritos en el documento.
Al respecto, Alarcón aclaró que este informe final será puesto a consideración del pleno de la Cámara Baja, para que esta decida si es que también se envía el documento el Ministerio Público para que investigue.
Alarcón explicó que la comisión estaba compuesta por seis integrantes, de los que tres legisladores eran del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras que dos de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) y uno de Creemos.
El asambleísta explicó que ni el oficialismo ni la oposición podían aprobar su respectivo informe, debido a que sólo tenían tres votos. Por ese motivo, acotó, se acordó aprobar un informe por unanimidad que reúna todos los elementos del oficialismo y de la oposición.
Tanto el oficialismo como la oposición tenían criterios distintos sobre Botrading, una empresa creada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Paraguay para proveer de combustible a ser comercializado en Bolivia. No obstante, hubo denuncias de irregularidades de esa empresa, como un sobreprecio en la compra de diésel y gasolina.
Por ejemplo, para el presidente de esta comisión, José Luis Flores (MAS), no hubo ningún indicio irregular. Sin embargo, reconoció que sus colegas “creen encontrar algún otro” elemento que fue incorporado en el informe final.
Para los legisladores opositores, entre ellos Alarcón, Enrique Urquidi (CC) y Tatiana Añez (Creemos) hubo irregularidades, como la conformación de una “sociedad ficticia y simulada” con Botrading y la venta con sobreprecio de combustible.
Otro de los elementos señalados en las presuntas irregularidades era la participación de uno de los hijos del presidente Luis Arce en Botrading.
Al respecto, Alarcón dijo que los diputados oficialistas impidieron que el hijo de Arce sea convocado. Acotó que el pleno de la Cámara Baja también puede ordenar, por mayoría, que se investigue al hijo del Presidente.

El diputado del ala evista del MAS, Héctor Arce, solicitó al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, que se le asigne resguardo policial tras denunciar una serie de amenazas, hostigamientos y ataques que afectan tanto su seguridad como la de su familia. Entre las agresiones, destacó la publicación de su número de teléfono personal en anuncios de servicios sexuales en medios impresos.
El diputado del ala evista del MAS, Héctor Arce, solicitó al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, que se le asigne resguardo policial tras denunciar una serie de amenazas, hostigamientos y ataques que afectan tanto su seguridad como la de su familia. Entre las agresiones, destacó la publicación de su número de teléfono personal en anuncios de servicios sexuales en medios impresos.
“En los periódicos La Voz, El Diario publicaron mi número en la sección de servicios de dama de compañía. A ese extremo miserable y cobarde llegan ustedes, señores del Gobierno. Comienzo a recibir mensajes y fotografías obscenas desde el año pasado y este año, el día de mi cumpleaños, suben a redes sociales”, denunció el legislador en conferencia de prensa.
Arce señaló que su trabajo de fiscalización ha generado represalias directas. “Estoy pidiendo al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, que se me asigne un efectivo policial para que dé las garantías y seguridad para hacer nuestro trabajo de fiscalización”, sostuvo. Añadió que también requiere un medio de transporte oficial para poder circular con seguridad por el territorio nacional.
El parlamentario afirmó que las amenazas contra su vida son reales y responsabilizó directamente al Ejecutivo. “Cualquier cosa que pase con mi vida va a ser de entera responsabilidad de este Gobierno. No tengo miedo a morir, la muerte nos llegará tarde o temprano, pero queremos advertir que bajo estas amenazas estamos haciendo esta solicitud en el marco de nuestras prerrogativas constitucionales”, declaró.
Arce también relató que, durante una visita al municipio de La Asunta, fue hostigado por funcionarios del municipio. “El alcalde manda a sus funcionarios y me despachan con la detonación de seis cachorros de dinamita. Presento la denuncia, pido al señor Ríos que investigue, pero no lo hacen, pese a que a 50 metros de este diputado hacen explotar seis cachorros de dinamita”, denunció.
Finalmente, el legislador evista remarcó que sus denuncias han incomodado al Gobierno, al que acusa de corrupción y de favorecer a familiares del presidente Luis Arce. “Es un deber constitucional denunciar todos los actos de corrupción. Eso estamos haciendo. Por tanto, consideramos que nuestra vida corre riesgo inminente”, concluyó.

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este martes que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho permanecerá en la cárcel de Chonchocoro con detención preventiva hasta que se ejecute una sentencia en su caso.
«La sala ha ratificado que en consecución el señor Luis Fernando Camacho va a seguir detenido preventivamente en tanto y en cuanto no enerve ningún riesgo procesal y va a estar detenido porque existen todos los riesgos procesales hasta que se dicte la sentencia y quede en calidad de cosa juzgada», declaró el procurador.
La Justicia rechazó la tarde del viernes 23 de agosto la acción de libertad presentada por la defensa del gobernador electo de Santa Cruz, quien permanece detenido de forma preventiva en el penal de Chonchocoro, por la crisis política de 2019.
Él ha presentado una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz y la sala correspondiente en materia constitucional ha denegado dicha situación, él ha presentado esa acción de libertad en contra del Tribunal de Sentencia, que le negó la cesación a la detención preventiva, ese tribunal le dijo claramente ‘usted ha equivocado el camino, no era el procedimiento y menos el instituto jurídico que usted debería presentar», sostuvo Condori.
El abogado del exlider cívico, Martín Camacho, denunció presiones políticas para que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia emita el fallo en su contra, una decisión que será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión.

La marcha encabezada por la concejala de El Alto y aspirante a la vicepresidencia por PAN-BOL, Wilma Alanoca, no logró llegar hasta la puerta del TSE debido al resguardo policial en la zona.
Una marcha en apoyo a la candidatura del expresidente Evo Morales, quien se encuentra inhabilitado, llegó a primera hora de la tarde de este martes hasta cercanías del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz con el objetivo de exigir la inscripción del exmandatario como candidato. Asimismo, los manifestantes solicitaron la renuncia del vocal Tahuichi Quispe, quien previamente había declarado que no se aceptaría ningún registro adicional.
Este lunes, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dejó sin efecto la resolución del 7 de mayo del TSE que canceló la personería jurídica del Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), sigla con la que Morales busca ser inscrito como candidato a la Presidencia.
Además, ordenó al ente electoral emitir una nueva resolución fundamentada sobre la cancelación de la personería.
Desde PAN-BOL y el evismo se considera que la decisión judicial significa que el binomio de Morales y Wilma Alanoca (vicepresidenciable) debe ser inscrito; sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, afirmó que el fallo no abre esta posibilidad.
El vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe reiteró este martes que el plazo para la inscripción venció el 19 de mayo, por lo que no pueden admitirse nuevos registros.
“Basta Tahuichi, vamos a buscar tu cabeza hasta que renuncies porque no te vamos a perdonar como movimiento campesino a nivel nacional y estamos fortalecidos en estos momentos”, afirmó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) evista, Pedro Llanque.
La marcha encabezada por Alanoca, quien es concejala evista por El Alto, no logró llegar hasta el TSE debido al resguardo policial en el lugar.
Los manifestantes llegaron con cacerolas y a media cuadra del TSE empezaron a quemar muñecos.
La presidenta de PAN-BOL, Ruth Nina, advirtió que el TSE “arderá” si no inscribe a sus candidatos de cara a las elecciones generales del 17 de agosto.