El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé reafirmó que las acciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son inválidas y carecen de valor legal, considerándolas «nulas de pleno derecho».
Según su opinión, los magistrados del TCP están desempeñando funciones de manera ilegal, ya que su mandato expiró el 31 de diciembre de 2023, lo que viola la Constitución que prohíbe la prórroga de sus cargos. «El mandato no era prorrogable, y cualquier acto que realicen no tiene respaldo legal», sostuvo en el programa *Piedra, Papel y Tinta*, de La Razón.
Los magistrados, cuya prórroga fue aprobada, fueron elegidos en diciembre de 2017 y asumieron sus cargos el 3 de enero de 2018. La Constitución establece un mandato de seis años. En las últimas semanas, el TCP ha estado emitiendo fallos y resoluciones polémicas.
Hace poco, la Sentencia Constitucional 0770/2024 declaró desiertas las convocatorias para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, lo que, según denunció la Sala Plena del TSE, vulnera el principio de preclusión y la «unicidad» del proceso.
El año pasado, tras varios recursos legales, el TCP, con el respaldo de sus siete jueces, postergó las elecciones judiciales y pidió a la Asamblea Legislativa aprobar una nueva convocatoria para la preselección de candidatos. Esto se formalizó en la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre de 2023, que también prorrogó el mandato de los magistrados y consejeros elegidos en 2017.
El 14 de noviembre, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que validó el X Congreso del MAS de la facción arcista y la elección de Grover García como dirigente de ese partido.
En su intervención, Rodríguez lamentó la falta de acciones de las entidades de control gubernamental para frenar esta situación y criticó al TCP por actuar como un órgano que, en lugar de garantizar la estabilidad institucional, ha contribuido a la «consolidación de un estado de cosas inconstitucional».
El exmandatario también subrayó que esta situación refleja un vacío institucional y un conflicto de intereses, ya que los magistrados, al prorrogarse unilateralmente, actuaron como juez y parte, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. Finalmente, Rodríguez cuestionó que el TCP se haya convertido en un «suprapoder», tomando decisiones que invaden las competencias de otras instituciones. «El TCP fue creado para interpretar la Constitución y garantizar los derechos fundamentales, no para legislar ni reemplazar al pueblo boliviano, que es el verdadero constituyente», concluyó.
