El Gobierno y los empresarios llegaron a un acuerdo para establecer una tarifa referencial, aún por determinar, para la importación de combustibles sin subsidio. También se decidió crear una ventanilla única para agilizar el proceso de compras de combustibles por parte de los privados.

Desde hace varios meses, Bolivia enfrenta una crisis de desabastecimiento de combustible, que se intensificó en la última parte de 2024. Como respuesta, el Gobierno autorizó la importación libre de gasolina y diésel.
En una rueda de prensa, representantes del gobierno y del sector empresarial explicaron los acuerdos alcanzados sobre la liberación de la importación de combustibles.

La reunión, organizada por el Ministerio de Hidrocarburos, tuvo como objetivo coordinar acciones para asegurar el suministro de combustibles en Bolivia y se centró en tres aspectos principales: la fijación de un precio referencial, la creación de una ventanilla única y la mayor flexibilidad para los surtidores privados.

El primer acuerdo establece un precio referencial para la importación de combustibles, el cual será determinado mediante una metodología definida por el Gobierno, que tomará en cuenta tanto el costo del producto como los gastos logísticos.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, no descartó la posibilidad de suspender temporalmente las exportaciones de carne si el desabastecimiento interno persiste en el país.

En una entrevista con La Razón Radio, Silva comentó: «No descartamos la posibilidad de decretar una pausa o suspender la exportación de carne, pero primero necesitamos evaluar los antecedentes técnicos».

La Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) reafirmó su decisión de iniciar un paro indefinido a partir de este lunes en todo el país, en protesta por el aumento del precio del kilo gancho y las exportaciones del producto. Los trabajadores también protestan por el incumplimiento de acuerdos que buscaban estabilizar los precios en los mercados nacionales.

Según el sector, el precio del kilo gancho de carne en ciudades como La Paz, Oruro, Chuquisaca y Potosí oscila entre Bs 31 y Bs 35, mucho más alto que el rango fijado por el Gobierno, que estaba entre Bs 22 y Bs 24,50. Los carniceros sostienen que el aumento se debe principalmente a las exportaciones, y exigen que se suspenda temporalmente la venta de carne hacia otros países. Actualmente, aseguran que el 60% de la carne producida se destina a la exportación, mientras que el 40% restante queda para el consumo interno.

Silva, por su parte, señaló que los exportadores han asegurado que se mantienen dentro del límite de 37.000 toneladas de carne para exportar. «Ellos afirman que hay suficiente carne tanto para el mercado interno como para las exportaciones», indicó.

En noviembre del año pasado, el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, había anunciado que el cupo de exportación de carne se incrementaría de 25.000 a 37.000 toneladas en 2024, asegurando que la demanda interna quedaría completamente cubierta y que el excedente de producción permitiría aumentar los envíos a otros países.

Ahora que Donald Trump se alista para asumir su segundo mandato (2025-2029), varios temas importantes vuelven a la mesa de debate, en particular las relaciones políticas y económicas entre Estados Unidos (EEUU) y Bolivia, el tema migratorio y, desde luego, la reposición de embajadas.

Relaciones bilaterales

En contacto con Los Tiempos, el analista político Marcelo Arequipa menciona que EEUU, así tenga un gobierno demócrata o republicano, tiene una línea clara sobre América Latina. “Esa línea tiene ver con la posibilidad de explotar con mayor medida los recursos naturales de los países, pero también introduciendo criterios políticos de manera vertical”, afirma.

Arequipa advierte que en todo esto existe un añadido con el tema de Donald Trump, “porque en la región tenemos a Milei, y de pronto en su momento Bolsonaro pretenda volver a disputar la presidencia en Brasil. Respecto a la relación con Bolivia-EEUU, yo creo que va a dar algunas señales en esa dirección, en querer presionar para que Bolivia se enfile con ellos”.

Consultado sobre si se debería pensar en retomar el diálogo político y reponer embajadas, el analista menciona que probablemente Bolivia se tenga que replantear esta situación en algún momento, “pero no ahora, sino con la siguiente gestión, porque ahora mismo el Gobierno nacional está de salida”, concluye.

Bolivia registra una caída de sus exportaciones, que al cierre de septiembre sumaron $us 6.787,9 millones, un 19% menos que en el mismo periodo de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con los $us 8.391,7 millones registrados entre enero y septiembre del año pasado, el descenso equivale a una pérdida de $us 1.603,8 millones. Esta contracción en el comercio exterior ocurre en un escenario de desaceleración económica que también afecta las importaciones, estancadas en $us 8.453,9 millones.

El informe del INE detalla que la caída en las exportaciones afectó principalmente a tres sectores clave:

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Este sector registró una disminución del 9,3%, pasando de $us 431,8 millones en 2023 a $us 391,5 millones en 2024.

2. Hidrocarburos: Las exportaciones de gas natural, uno de los productos emblemáticos de Bolivia, retrocedieron un 18,5%, con ingresos que bajaron de $us 1.563,6 millones en 2023 a $us 1.274,8 millones en 2024.

3. Industria manufacturera: Este sector experimentó la mayor contracción proporcional, con una caída del 36%. Las ventas se redujeron a $us 2.772 millones.

El expresidente Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de haberle “robado” la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) como parte de un plan para debilitar y fracturar al partido. Según Morales, esta maniobra forma parte de un supuesto “Plan Negro” orquestado por figuras como Hugo Moldiz, Edmundo Novillo y un vicealmirante vinculado a la Escuela de Inteligencia del Ejército, con apoyo de presuntos asesores externos.

En una conferencia de prensa, Morales, acompañado del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y dirigentes cocaleros, insistió en que, pese a la decisión formal de retirarle la sigla, él continúa siendo el presidente legítimo del MAS. Denunció al gobierno de Arce —al que denominó el “arcismo”— de intentar controlar la estructura partidaria y desacreditar su liderazgo. “Primero roban el dinero del pueblo, ahora la sigla del MAS”, declaró.

Pronosticó una derrota contundente para Arce o cualquier candidato oficialista en las elecciones generales de 2025. Según Morales, el oficialismo podría obtener menos del 3% de los votos debido a la falta de respaldo popular. Además, mencionó que el gobierno estaría impulsando fórmulas como la de Andrónico Rodríguez con Arce, así como a figuras como María Nela Prada y Eduardo del Castillo, las cuales, aseguró, carecen de la aceptación necesaria para consolidarse en el electorado.

“Están ejecutando un segundo golpe al proceso de cambio. El enemigo ya no es la derecha; ahora es el Gobierno de Lucho Arce”, afirmó. También advirtió sobre presuntos planes para intervenir políticamente el trópico de Cochabamba, considerado un bastión del MAS y base de apoyo clave para Morales.

A pesar de las prohibiciones y leyes de protección y preservación de la serranía de San Pedro, existen dos lugares que pretenden ser urbanizados en el municipio de Cercado.

Los sectores en riesgo son La Asuada y Llawi Llawi. El subalcalde de la Comuna Valle Hermoso, Sergio Garvizú, indicó que se realizaron varias notificaciones, pero pese a ello, las personas continuaron construyendo de forma ilegal y ofreciendo los terrenos.

La serranía está protegida por la Ley Nacional Nº 174, que declara de prioridad nacional su preservación, y, además, por la Ley de Medio Ambiente 1333, la Resolución Suprema 12196, del 10 de junio del 2014, la Ley Municipal 019/2014, la Ley Municipal 024/2014 y la Ley Municipal N° 1421/24 de Gestión de Áreas Protegidas en el Municipio de Cochabamba.

La Asuada

En La Asuada, que es parte de la serranía de San Pedro, aparecieron varias edificaciones que fueron hechas durante los fines de semana, pero no son habitables, dijo Garvizú.

Hace una semana, la Alcaldía junto con la guardia municipal intentó demoler las construcciones, pero las personas se opusieron y señalaron que cuentan con la documentación. Se convocó a una reunión para aclarar su situación jurídica.

“Lo que pasa es que los supuestos propietarios, que son los excolonos de la zona, contaban con el título ejecutorial que se les otorgó en la época de la Reforma Agraria y, a partir de eso, dicen tener un derecho propietario”, explicó.