Los hospitales públicos de Bolivia reportaron una atención limitada durante el mes de enero, ya que solo operaron cinco días, debido a los paros y movilizaciones del sector salud, lo que generó retrasos en consultas, cirugías programadas y servicios de emergencia.

Autoridades del Ministerio de Salud señalaron que los paros afectaron la cobertura de atención médica a nivel nacional, sobre todo en áreas rurales y municipios donde la oferta de personal sanitario es más reducida. Se destacó que esta situación impacta directamente en pacientes con enfermedades crónicas, cirugías programadas y control de vacunas, aumentando riesgos para la población vulnerable.

El viceministro de Salud informó que se está coordinando con directores de hospitales y sindicatos para garantizar la atención continua, implementar medidas de conciliación y asegurar que los servicios básicos no se vean interrumpidos en lo que resta del mes. Además, se impulsarán planes de refuerzo de atención para recuperar los días perdidos y atender a los pacientes pendientes.

Representantes de asociaciones médicas afirmaron que los paros obedecen a reclamos por salarios, ítems y condiciones laborales, pero coincidieron en la necesidad de buscar soluciones que no perjudiquen a los ciudadanos. “El diálogo y acuerdos claros son esenciales para que la población reciba atención médica sin interrupciones”, indicaron.

El Gobierno nacional ratificó una política de “cero tolerancia” a los avasallamientos de tierras y anunció un conjunto de medidas orientadas a recuperar la institucionalidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho, garantizar la seguridad jurídica y frenar la toma ilegal de predios en diferentes regiones del país.

Autoridades del área señalaron que se desplegarán acciones coordinadas entre el INRA, la Policía, el Ministerio Público y otras instancias del Estado para intervenir de manera oportuna en casos de ocupaciones ilegales, desalojos irregulares y tráfico de tierras. Asimismo, se anunció el fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y seguimiento de procesos de saneamiento y titulación, considerados focos históricos de conflicto.

En el marco de este plan, el Gobierno también impulsa un proceso de restructuración institucional del INRA, que incluye auditorías administrativas y técnicas, revisión de expedientes, depuración de personal, y la implementación de sistemas tecnológicos para transparentar los trámites. El objetivo, según las autoridades, es eliminar prácticas de corrupción y discrecionalidad que habrían debilitado la credibilidad de la institución.

“El mensaje es claro: no habrá impunidad para quienes promuevan o ejecuten avasallamientos. La tierra debe ser administrada conforme a la ley y en beneficio de quienes realmente la trabajan”, señalaron fuentes oficiales, remarcando que la recuperación de la institucionalidad del INRA es clave para garantizar un ordenamiento territorial justo y legal.

Desde sectores productivos, organizaciones agrarias y analistas se valoró la postura del Gobierno, aunque se advirtió que la efectividad de estas medidas dependerá de su aplicación real en el territorio, la coordinación interinstitucional y la voluntad política para enfrentar intereses irregulares vinculados al tráfico de tierras.

El Presidente del país , Rodrigo Paz denunció la existencia de “ítems fantasmas” y el pago de salarios ilegales durante la gestión gubernamental anterior, señalando que estas prácticas habrían generado un grave daño económico al Estado y afectado la transparencia en la administración pública.

Según Paz, se identificaron cargos presupuestados que no contaban con personal real que cumpla funciones efectivas, así como remuneraciones que no se ajustaban a la normativa vigente, lo que configuraría un esquema de uso irregular de recursos públicos. “Estamos hablando de recursos del Estado que fueron desviados a través de mecanismos irregulares, con contratos y salarios que no tienen sustento legal”, afirmó el mandatario .

Paz también señaló que la existencia de estos “ítems fantasmas” afecta directamente la eficiencia del Estado, ya que recursos que deberían destinarse a salud, educación y servicios básicos habrían sido utilizados de manera irregular. En ese sentido, exhortó a que el Gobierno actual impulse reformas estructurales en el sistema de contratación y control del gasto público.

Desde sectores políticos y sociales se respaldó la necesidad de una investigación profunda e independiente, mientras que otras voces pidieron prudencia y el respeto al debido proceso. No obstante, coincidieron en que, de confirmarse estas denuncias, se trataría de un hecho grave que compromete la institucionalidad y la confianza ciudadana.