Desde 2006, la estatal petrolera ha sido el principal financiador del Bono Juancito Pinto, un incentivo clave para la permanencia escolar en Bolivia, destinando Bs 220 millones en 2024 y cubriendo el 46% del total de este beneficio social.

Desde su implementación en 2006 hasta el año 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aportó más de Bs 3.762 millones para el pago del Bono Juancito Pinto informó Danny Ronald Roca Jiménez, gerente de planificación corporativa de la estatal, citado en un boletín institucional.

La compañía asegura que este aporte es crucial para garantizar el pago de este beneficio, que incentiva la permanencia escolar de los estudiantes de educación pública en Bolivia.

El ejecutivo explicó que, durante la gestión de 2024, YPFB destinará 220 millones de bolivianos a este bono, lo que representa un 46% del financiamiento total, posicionando a la empresa como el principal financiador de este programa.

Según el Ejecutivo, la medida de presión organizada por el evismo está golpeando duramente a los sectores más vulnerables y afectando la estabilidad del país, además de perjudicar su imagen internacional.

En medio de las tensiones provocadas por los bloqueos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales, el Gobierno, a través de sus ministros, advirtió que la medida, si se extiende, afectará gravemente a la economía popular, con pérdidas estimadas de hasta 120 millones de dólares diarios.

Los bloqueos, que se iniciaron en algunos puntos del país como protesta contra los procesos judiciales que enfrenta Morales por delitos de estupro y trata de personas, ya están comenzando a generar impactos preocupantes.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que, aunque los promotores de esta medida afirman defender la economía de los sectores más vulnerables, en realidad terminan perjudicando a las personas de ingresos bajos y medios, quienes dependen directamente de la estabilidad económica.

Mientras que el 28% del fuego se concentra en propiedades agrícolas medianas y empresariales.
El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, informó que, hasta el 8 de octubre, se registraron 9,8 millones de hectáreas afectadas por incendios forestales en todo el país. El reporte sostiene que el 61% del fuego se concentra en zonas boscosas.

Según el informe, Santa Cruz es el departamento más afectado con el 68% de las cicatrices de quema, mientras que Beni representa el 28% y La Paz el 3%. Estas áreas incluyen 26 municipios y 34 comunidades, movilizando a 1.256 bomberos en todo el país para combatir los focos de fuego.

Comparado con la semana pasada, se ha logrado reducir las áreas afectadas, pasando de 70 a 43 sectores con incendios activos. «La situación es crítica, pero hemos logrado avances significativos en la última semana», aseguró Núñez.

La concejala Lola Terrazas solicitó a la Fiscalía que se emita una alerta migratoria contra Mario Centellas, exsecretario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según la edil, Centellas ha obstaculizado la investigación, al negarse a declarar ante la Fiscalía y proporcionar información incompleta a los medios de comunicación.

“Cuando la Fiscalía y los abogados de los denunciantes esperaban su declaración, él se abstuvo de hacerlo. Eso impide que la investigación avance. Si no tiene nada que ocultar, debería colaborar con toda la información que tiene”, declaró Terrazas.

La concejala cuestionó que Centellas prefiera hablar ante la prensa, en lugar de hacerlo en los espacios oficiales. “Después de abstenerse en la Fiscalía, declara ante los medios, sin presión alguna. Dice que ‘La Paz’ autoriza los roles de usuario, pero ¿quién es ‘La Paz’? Debería hablar con transparencia”, señaló.

Terrazas también mencionó las «inconsistencias» en las declaraciones de Centellas, quien afirmó que durante su gestión los usuarios del sistema se redujeron de 266 a 66. “Si solo autorizó 13 usuarios para consulta, eso muestra que tenía poder para gestionar usuarios. ¿Qué criterios usó para reducirlos?”, cuestionó la concejala.

Sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), Terrazas explicó que esta institución no tiene autoridad para definir los usuarios de los gobiernos municipales.

“El RUAT solo actúa a solicitud de los municipios. La responsabilidad sobre la veracidad de los datos recae en cada administración local”, detalló.

Terrazas subrayó que no se acusa a Centellas de manipular personalmente los sistemas, sino de haber sido la máxima autoridad responsable de las recaudaciones.

“Si detectó irregularidades, debió denunciarlas ante las instancias correspondientes. El hecho de no haberlo hecho lo hace responsable, incluso si no fue partícipe”, afirmó.

La concejala presentó este lunes a la Fiscalía un CD con documentación que respalda sus denuncias, incluyendo el Manual de Funciones del SAT y el del RUAT.

Conjuntivitis, resfriados y dolores musculares encabezan los diagnósticos atendidos por las brigadas médicas desplegadas en Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz.
Hasta este lunes 14 de octubre, los equipos de respuesta rápida del Ministerio de Salud y Deportes han brindado 26.856 atenciones médicas a pobladores, militares, bomberos y voluntarios que combaten los incendios en 27 municipios de Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz.

La médica Carla Rojas, del programa Safci – Mi Salud, explicó que el operativo sanitario se enmarca en un plan de tres etapas: antes, durante y después de los incendios.

“Contamos con brigadas en 27 municipios y 56 comunidades, con 296 equipos distribuidos. Santa Cruz concentra 200 de ellos, mientras que Beni tiene 66 y Pando 30. La Paz se mantiene en monitoreo constante ante cualquier emergencia”, indicó.

El estudio destaca cómo las comunidades indígenas y campesinas son las más afectadas por la deforestación, la contaminación del agua y el cambio climático.
Una reciente investigación de OXFAM Bolivia, titulada A Fuego y Mercurio. Crisis Ecológica y Desigualdades en Bolivia, revela la profunda relación entre la degradación ambiental y el aumento de las desigualdades sociales en el país. El estudio destaca cómo las comunidades indígenas y campesinas son las más afectadas por la deforestación, la contaminación del agua y el cambio climático. Mientras tanto, las élites económicas, concentradas en sectores como la agroindustria y la minería, se benefician desproporcionadamente, contribuyendo en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero.

El 87% de las emisiones de gases provienen de la deforestación, y el 1% más rico del país es responsable de más de la mitad del aumento de las emisiones. Estas dinámicas evidencian un sistema extractivista que perpetúa la desigualdad, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.