El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, será trasladado del Centro Penitenciario de Chonchocoro a un juzgado de La Paz el próximo lunes 14 de octubre para el inicio del juicio por la crisis política de 2019. La orden fue emitida por Marco Antonio Vargas, juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia a las Mujeres.

La audiencia comenzará a las 9:00, y Camacho deberá estar presente hasta la conclusión del proceso. Martín Camacho, su abogado defensor, confirmó que el gobernador ya fue notificado y criticó la rapidez con la que Régimen Penitenciario, dirigido por Juan Carlos Limpias, ha dispuesto su traslado a la ciudad de La Paz.

El abogado señaló que, aunque celebra la celeridad, considera que en otros casos no se actúa con la misma diligencia. Además, informó que Camacho ha solicitado que en sus pruebas de descargo se tomen en cuenta las declaraciones de varias autoridades y líderes políticos, entre ellos el presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales y el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández.

El juicio oral, conocido como el caso “golpe I”, también involucra a la expresidenta Jeanine Áñez, el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, exministros y altos mandos militares y policiales, entre otros.

El director de la entidad estatal en Santa Cruz, Ramiro Soliz, informó que elServicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó lluvias y tormentas eléctricas en la Chiquitanía y el Norte Integrado para este miércoles, jueves y viernes.

“Se prevén lluvias y tormentas eléctricas para la ciudad de Santa Cruz, con montos acumulados entre los 10 y 30 milímetros durante el día; de igual manera, en la Chiquitanía se tendrán precipitaciones con tormentas eléctricas con montos acumulados entre 10 y 20 milímetros”, dijo desde el Centro Nacional de Monitoreo de Incendios Forestales.

Señaló que las lluvias y tormentas eléctricas se registrarán en los municipios de Roboré, San José de Chiquitos, San Julián y el Norte Integrado.

Las precipitaciones son esperadas para que ayuden a mitigar los incendios forestales que afectan, principalmente, la Chiquitanía cruceña.

«Indudablemente ayudan en la mitigación de los fuegos activos que al momento son 75, afectando a 28 municipios de Santa Cruz”, sostuvo el director del Senamhi.

El gabinete social del Gobierno, reunido ayer en la Casa Grande del Pueblo, decidió respaldar la orden del presidente Luis Arce de militarizar las fronteras como una medida para combatir el contrabando inverso, que ha impactado negativamente en la economía nacional. Además, se acordó solicitar la colaboración de los Gobiernos municipales y departamentales para controlar el alza de precios de los alimentos, lo cual ha afectado especialmente a los sectores más vulnerables en las últimas semanas.

Vidal Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), fue el encargado de anunciar las conclusiones de la reunión, que contó con la participación del presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, ministros de Estado y representantes de diversas organizaciones sociales afines al Gobierno.

Uno de los principales acuerdos fue la organización de una reunión de coordinación entre el Gobierno central, las alcaldías y las gobernaciones para definir estrategias conjuntas de control de precios en los mercados locales y evitar la especulación.

Asimismo, se instó a las organizaciones sociales y a la población en general a denunciar cualquier acopio irregular de alimentos destinado al contrabando hacia países vecinos, una actividad ilícita que afecta el abastecimiento interno.

Dos policías fueron arrestados en Patacamaya, La Paz, por su presunta participación en un caso de contrabando. La detención se realizó por militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) durante un patrullaje de rutina.

Los agentes fueron interceptados dentro de un vehículo particular mientras supuestamente «escoltaban» camiones que transportaban mercancía sin la documentación legal requerida.

Ambos efectivos, vestidos con su uniforme policial, fueron enmanillados y llevados a la Fiscalía de La Paz para iniciar una investigación sobre su implicación en el caso.
Las autoridades buscan esclarecer la situación y reforzar las acciones contra el contrabando en la zona.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos incrementó el despacho de combustibles líquidos a nivel nacional en más de 8,5 millones de litros diésel oil y gasolina especial en algunos días de la semana pasada, indicó Joel Callaú Justiniano, gerente de comercialización de YPFB.

“Estamos despachando más de lo programado, más de lo que establece la demanda. Los despachos se realizan desde todas las plantas de almacenaje a nivel nacional en volúmenes que superan los 8,5 millones de combustibles por día, tanto de diésel como de gasolina en días particulares”, manifesto Callaú Justiniano.

Añadió que la demanda normal a nivel nacional es de siete millones de litros diarios.

“En días domingo no se tienen despachos programados, pero hemos abierto plantas de almacenaje en Santa Cruz, Villa Montes, Puerto Suárez, Cobija y Riberalta para hacer despachos que no estaban programados. Realizamos un arduo esfuerzo para abastecer con los productos a la población”, mencionó el Gerente de Comercialización.

La estatal petrolera pidió a la población evitar el sobre abastecimiento de combustibles en bidones porque lo único que se genera es especulación y desesperación en la población.
“La difusión de mensajes masivos en redes sociales por parte de personas inescrupulosas generan susceptibilidad, pues las personas continúan yendo a las estaciones de servicio de manera descontrolada y esto ocasiona que tengamos que cambiar la logística de despachos a diferentes estaciones de servicio y en diferentes horarios. Además, se continúa viendo a personas inescrupulosas que se dedican a actividades ilícitas y esto hace que se prolifere más la reventa ilegal de hidrocarburos líquidos”, exteriorizó Callaú Justiniano.

Las operaciones del Plan Soberanía permiten realizar controles y contribuyen al Plan de Contingencia que encara en Estado a fin de garantizar el normal abastecimiento de combustibles líquidos en el país.

La expresidenta Jeanine Añez ya acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentó una demanda contra el Estado por la falta de un debido proceso en el caso “golpe II”. Esta denuncia será sustentada con las últimas revelaciones del expresidente Evo Morales, quien admitió que procesarla por la vía ordinaria fue una decisión política suya y asumida en el seno de su partido, el Gobierno de Luis Arce y sus organizaciones sociales.

La defensa de la exmandataria y su hija, Carolina Rivera, informaron a EL DEBER que, además, de ese paso ante esta instancia internacional exigen que Añez se defienda en libertad y que se redireccionen todos los procesos ordinarios en su contra y que sea la Asamblea Legislativa, como “el verdadero órgano competente” para que se instaure un juicio de responsabilidades.

“Ya se han presentado peticiones ante la CIDH entre ellas por la falta del debido proceso, se ha adjuntado la falta de juez natural ya que obligaron a (Jeanine Añez) a ir por la vía ordinaria que no es el juez competente para juzgar a una exmandataria de estado. Aquí vamos a incluir todas estas pruebas y declaraciones de todas estas exautoridades que sometieron a estas ilegalidades a mi madre. Éstas son pruebas contundentes ante la CIDH”, precisó Rivera a este medio.