El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el expresidente Evo Morales continúa en territorio boliviano, específicamente en la región del trópico de Cochabamba, y desmintió categóricamente versiones que señalaban que habría viajado a México u otro país. Oviedo señaló que esta información oficial coincide con los comunicados emitidos por el propio Morales y sus allegados, y aclaró que no existe registro de salida legal del país por parte del exmandatario, enfatizando que cualquier afirmación contraria carece de respaldo oficial.

La aclaración se produce en un contexto de tensión política y judicial, luego de que un legislador asegurara públicamente que Morales ya no se encontraba en Bolivia y cuestionara al Gobierno por una supuesta pasividad frente al proceso judicial abierto en su contra por presuntos delitos graves. Ante estas declaraciones, el Ejecutivo reafirmó que la orden de captura contra Morales sigue vigente, y que las instituciones competentes, incluyendo la Policía y sectores afines al exmandatario, mantienen vigilancia en el trópico de Cochabamba, garantizando el cumplimiento de las medidas legales sin generar riesgos para la seguridad pública.

Algunos allegados a Morales han mencionado que el expresidente podría encontrarse enfermo de dengue o bajo cuidado médico en esa región, aunque el Gobierno no ha confirmado oficialmente su estado de salud ni otros detalles sobre su situación personal. Estas declaraciones buscan, según Oviedo, frenar rumores y garantizar que la ciudadanía reciba información verificada sobre la ubicación y condición del exmandatario, evitando la propagación de especulaciones que puedan desinformar a la población o generar incertidumbre política.

El caso mantiene alta atención pública debido a la relevancia política de Morales y a la vigencia de la orden de captura. La situación ha abierto debates sobre la ejecución de medidas judiciales, el respeto a la legalidad y el control de los procesos en casos de alto perfil político. El Gobierno aseguró que todas las instituciones encargadas están cumpliendo con sus funciones, y que se actúa conforme a la ley para garantizar que Morales responda ante la justicia de manera ordenada y transparente, sin comprometer la seguridad ciudadana ni la estabilidad institucional.

Además, el anuncio del Ejecutivo busca frenar la circulación de información no verificada en redes sociales y medios de comunicación, que ha generado especulaciones sobre el paradero y la salud de Morales. Oviedo señaló que estas versiones podrían provocar confusión en la población y afectar la percepción de la actuación estatal frente a procesos judiciales de gran relevancia. Por ello, se enfatizó la necesidad de que los ciudadanos se basen únicamente en datos oficiales y comunicados verificados por las autoridades competentes.

El trópico de Cochabamba, donde se encuentra Morales, ha sido históricamente un bastión político del exmandatario y su movimiento, y sectores locales mantienen vigilia en apoyo al expresidente. Esta situación añade un componente social y político al seguimiento del caso, ya que cualquier movimiento del exmandatario genera atención tanto en medios de comunicación como en la opinión pública, reforzando la necesidad de información clara y oficial sobre su ubicación y estado.

En términos institucionales, la gestión del Ejecutivo frente al caso Morales refleja la combinación de seguimiento judicial y control político necesario para atender situaciones de alto perfil sin generar crisis de gobernabilidad. La vigilancia, la comunicación oficial y la coordinación con autoridades locales forman parte de las medidas implementadas para asegurar que la justicia se cumpla, mientras se protege la seguridad y el orden público en las regiones involucradas.

En suma, el Gobierno boliviano reafirma que Evo Morales permanece en el trópico de Cochabamba, que la orden de captura sigue vigente y que todas las acciones de seguimiento se realizan dentro del marco legal. La información oficial busca garantizar transparencia, frenar rumores y asegurar que la ciudadanía tenga acceso a datos verificados sobre la situación de uno de los personajes políticos más relevantes del país.

La diputada Diana Romero, quien además es esposa del vicepresidente Edmand Lara, denunció públicamente ser víctima de acoso político por parte de algunos de sus colegas en la Asamblea Legislativa, luego de que se difundieran acusaciones de que habría viajado a Panamá junto a su esposo y realizado gastos innecesarios con fondos del Estado. Romero aclaró de manera enfática que no viajó al extranjero y que se encontraba en Santa Cruz cumpliendo con sus responsabilidades legislativas y de fiscalización, asegurando que estas actividades forman parte de su trabajo formal como parlamentaria.

En un comunicado difundido a la ciudadanía, la diputada señaló que las acusaciones falsas afectan directamente su dignidad y honorabilidad, además de intentar menoscabar la confianza en su desempeño profesional. Romero aseguró que este tipo de señalamientos no solo constituyen hostigamiento político, sino que también buscan generar un clima de desinformación y presión dentro del órgano legislativo, afectando el normal desarrollo de su labor parlamentaria.

La legisladora anunció que emprenderá acciones legales, tanto ordinarias como políticas, contra quienes continúen con conductas de difamación o acoso, con el objetivo de proteger sus derechos fundamentales y frenar el hostigamiento político en su contra. Romero recalcó que su objetivo es garantizar que este tipo de situaciones no queden impunes y que se respete la integridad y el trabajo de los representantes del pueblo frente a acusaciones infundadas.

La diputada también hizo un llamado a sus colegas y a la ciudadanía para mantener un debate político basado en hechos verificables y respeto mutuo, señalando que la manipulación de información con fines políticos puede afectar no solo a las personas directamente involucradas, sino también a la confianza pública en las instituciones y en la Asamblea Legislativa.

Este caso refleja, según Romero, la necesidad de fortalecer mecanismos de control y sanción frente a conductas de hostigamiento político dentro de la vida parlamentaria, y de establecer un entorno donde las diferencias y críticas se manejen con transparencia, respeto y apego a la ley.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado de respaldo “absoluto” al presidente del organismo, Gustavo Ávila, luego de que en los últimos días se registraran críticas y descalificaciones por parte de algunos actores políticos vinculados a decisiones institucionales de la entidad electoral. En el comunicado, los vocales afirmaron que todas las resoluciones y acciones del TSE se realizan estrictamente conforme a la Constitución Política del Estado y la normativa electoral vigente, subrayando que no cederán ante presiones externas que busquen influir en su labor.

Los miembros de la Sala Plena expresaron su rechazo categórico a “cualquier intento de presión, amedrentamiento o deslegitimación que busque debilitar la institucionalidad”, destacando la importancia de mantener la confianza de la ciudadanía en el órgano electoral. En palabras de los vocales, “la actuación responsable, con respeto a la ley y apego a la verdad, es fundamental para garantizar procesos democráticos transparentes y justos”. Añadieron que las descalificaciones hacia el presidente Ávila son infundadas y no contribuyen al fortalecimiento de la democracia, sino que buscan afectar la credibilidad de las instituciones ante la población.

Este pronunciamiento ocurre en un momento electoral intenso, a poco más de 50 días de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026. Durante este período, la habilitación de candidaturas y otras decisiones del TSE han generado debates y cuestionamientos en distintos sectores políticos, algunos de los cuales han expresado su desacuerdo de manera pública. Ante esta situación, los vocales reafirmaron que todas las decisiones del TSE están respaldadas por la ley y se toman pensando en la transparencia, la equidad y la confianza de los votantes.

El respaldo unánime a Gustavo Ávila evidencia, según los propios vocales, la unidad del órgano electoral frente a intentos de presionar o influir en su independencia y fortalece la posición de la institución frente a escenarios de confrontación política que podrían surgir en las próximas semanas. Además, refleja la intención de mantener un proceso electoral que se perciba como legítimo, confiable y respetuoso de los principios democráticos que rigen al país.