El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, anunció la implementación de un proceso de “tecnificación” integral y la realización de auditorías internas y externas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como parte de un plan de reestructuración institucional destinado a mejorar la transparencia, la eficiencia y la credibilidad del sistema de administración de tierras en Bolivia.

La autoridad explicó que este proceso de modernización contempla la digitalización de trámites, la actualización de bases de datos, el uso de herramientas tecnológicas para el control de procesos y la reducción de la burocracia, con el objetivo de agilizar los procedimientos y evitar irregularidades en la titulación y saneamiento de tierras. “Queremos un INRA moderno, transparente y al servicio de la población, donde los trámites sean claros y no existan espacios para la corrupción”, afirmó Vaca Díez.

Asimismo, anunció que se iniciarán auditorías técnicas, administrativas y legales, que permitirán identificar posibles irregularidades en procesos anteriores, revisar expedientes y evaluar el desempeño institucional. Estas acciones, según la autoridad, buscan garantizar que la tierra sea distribuida de manera justa y conforme a la ley, priorizando a quienes realmente la trabajan y la necesitan.

Vaca Díez remarcó que la tecnificación permitirá también un mayor control sobre los procesos de saneamiento y titulación, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la seguridad jurídica de los propietarios y comunidades. “La transparencia es fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”, sostuvo.

Desde sectores sociales y organizaciones vinculadas al ámbito agrario, se valoró el anuncio como una medida necesaria para enfrentar problemas históricos de corrupción, tráfico de tierras y retrasos en los trámites, aunque también se pidió que las auditorías sean independientes, públicas y con resultados concretos, para que no queden solo en anuncios políticos.

Desde el 1 de enero de 2026 rige oficialmente en Bolivia el nuevo salario mínimo nacional de Bs 3.300, de acuerdo con el reglamento aprobado por el Gobierno, que establece los lineamientos para su aplicación en los sectores público y privado. La norma busca garantizar el cumplimiento obligatorio del incremento salarial y proteger los derechos laborales de los trabajadores del país.

Entre las 9 claves principales del reglamento, se establece que el nuevo salario mínimo es de aplicación obligatoria para todas las empresas, instituciones públicas, entidades privadas y empleadores particulares. Asimismo, se dispone que ningún trabajador puede percibir un salario inferior a Bs 3.300, independientemente del tipo de contrato o modalidad laboral.

Otra de las disposiciones centrales es que el incremento debe aplicarse de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2026, lo que implica que los empleadores deberán regularizar los pagos correspondientes a los meses anteriores. Además, el reglamento señala que el salario mínimo sirve como base de cálculo para beneficios sociales, aportes a la seguridad social, indemnizaciones y otros derechos laborales.

También se establece que el ajuste salarial no afecta otros bonos, beneficios adicionales ni acuerdos internos que ya tengan las empresas con sus trabajadores, los cuales deben mantenerse vigentes. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones administrativas y económicas para los empleadores que no apliquen la normativa.

Desde el Gobierno, autoridades laborales señalaron que el objetivo del nuevo salario mínimo es proteger el poder adquisitivo, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y fortalecer el mercado interno. “Este incremento busca dignificar el trabajo y garantizar un ingreso básico que permita cubrir necesidades esenciales”, afirmaron desde el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, representantes de organizaciones sindicales valoraron la medida como un avance en la defensa de los derechos laborales, aunque pidieron controles efectivos para garantizar que el reglamento se cumpla en todo el país, especialmente en el sector privado y en regiones donde existe alta informalidad laboral.

Los recursos financieros provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) serán destinados a fortalecer el crecimiento económico del país y a consolidar el sistema educativo, en el marco de una estrategia integral de desarrollo que apunta a mejorar la calidad de vida de la población boliviana.

De acuerdo con la información oficial, estos fondos permitirán financiar proyectos de infraestructura productiva, programas de apoyo a sectores estratégicos de la economía y políticas públicas orientadas a la generación de empleo sostenible. Además, una parte importante de los recursos será destinada al fortalecimiento del sistema educativo, priorizando la mejora de la calidad de la enseñanza, el acceso a la educación en áreas rurales y la modernización de la infraestructura escolar y universitaria.

Autoridades nacionales destacaron que el respaldo de la CAF representa una oportunidad clave para dinamizar la economía y reducir las brechas sociales. “La inversión en educación es una inversión en el futuro del país, porque garantiza desarrollo sostenido y mejores oportunidades para las nuevas generaciones”, señalaron fuentes gubernamentales. En la misma línea, representantes del sector educativo afirmaron que estos recursos permitirán avanzar en la formación de capital humano y en la construcción de un sistema educativo más inclusivo y moderno.

Desde el Gobierno se remarcó que los proyectos serán ejecutados bajo criterios de transparencia, eficiencia y enfoque social, priorizando las regiones con mayores necesidades y promoviendo un desarrollo equilibrado e inclusivo a nivel nacional.