La Fiscalía dispuso la aprehensión de funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en La Paz, quienes están investigados por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según datos preliminares, al menos cuatro funcionarios fueron aprehendidos cuando fueron citados a declarar, pero también habría otros tres implicados.

El caso se desarrolla a denuncia del Viceministerio de Transparencia, debido a que los servidores públicos involucrados habrían incrementado su patrimonio de forma desproporcionada respecto a sus ingresos.

Se sospecha que se beneficiaron de hechos de corrupción, donde están vinculadas empresas que prestan servicios de logística.

Los funcionarios denunciados cumplen funciones en la oficina central de Emapa en avenida Mariscal Santa Cruz de La Paz. Para este viernes, estaba previsto que la Fiscalía realice el registro del lugar, sin embargo, este acto fue suspendido.

También, según la información extraoficial, se conoce que en la investigación se habrían detectado depósitos de dinero de altas sumas, que llegarían incluso al medio millón de bolivianos en una sola transacción.

Este viernes se ejecutará un nuevo reconocimiento aéreo y terrestre para precisar la magnitud de los incendios que aún se registran en esa región, aunque se conoce que la lluvia del jueves ayudó de gran manera a sofocar el fuego

Las lluvias registradas en la Chiquitania ayudaron “en gran medida y bastante” a mitigar incendios forestales en los municipios de San Ignacio de Velasco, Concepción, San Rafael y San Matías, pero aún el fuego persiste en algunas zonas, entre ellas la comunidad Monte Verde, señaló este viernes Augusto Cossío, responsable regional de Defensa Civil.

Añadió que el aguacero que se registró el jueves, y que llegó como bálsamo para los pobladores, “ha favorecido” en la lucha contra la emergencia que se tiene desde hace meses en esta parte del país, pero precisó que esto será corroborado a través de un reconocimiento aéreo que se ejecutará en la presente jornada y también con el despliegue terrestre programado para las próximas horas.

Las normativas y reglamentos para las operaciones en el aeropuerto de Guayaramerín, Beni, no se cumplen esta jornada debido a la densa humareda por los incendios y tormentas eléctricas que se registran en la región; por ello se cancelaron todas las operaciones, tanto de despegues como de aterrizajes, en ese aeropuerto.

La administración de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) instruyó desde las 6:00 de este viernes, 27 de septiembre, suspender todo tipo de operaciones, anulando así las autorizaciones de salidas y llegadas de vuelos.

«Se suspenden las autorizaciones de despegues y aterrizajes por reducción de visibilidad presente en el Aeropuerto de Guayaramerín. (…) Las condiciones mínimas de visibilidad requeridas para todas las operaciones de vuelo, tanto en el despegue y aterrizaje de las aeronaves deben ser 5.000 metros, pero se tiene reportado una de visibilidad de solo 1.500 metros reducida por humo y existencia de tormentas eléctrica con Iluvias», reza el comunicado oficial emitido por Naabol.

El gabinete de ministros de Bolivia aprobó el miércoles el Decreto Supremo N° 5230, que asigna un monto significativo de 477.550.000 bolivianos para el pago del bono Juancito Pinto, el cual se comenzará a entregar a partir de octubre. Este programa, que ha sido una iniciativa clave del gobierno, tiene como objetivo principal incentivar la permanencia escolar de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad económica.

El bono Juancito Pinto fue creado para apoyar a los estudiantes de niveles inicial y primario que enfrentan dificultades económicas que podrían impedirles continuar con su educación. A través de este subsidio, se busca mitigar la deserción escolar, un problema recurrente en muchas comunidades, especialmente en aquellas donde las familias luchan por satisfacer necesidades básicas.

La implementación de este bono no solo busca proporcionar un alivio financiero a las familias, sino que también tiene un impacto significativo en el sistema educativo. Al asegurar que más niños y niñas permanezcan en la escuela, se espera mejorar las tasas de alfabetización y, a largo plazo, contribuir al desarrollo humano y económico del país. Al mantener a los estudiantes en el aula, el bono promueve un ambiente de aprendizaje más estable y propicio.

El decreto especifica cómo se realizará la distribución del bono. Generalmente, se espera que los pagos sean canalizados a través de las escuelas, lo que garantiza que el apoyo llegue directamente a los estudiantes beneficiarios. Las autoridades educativas locales jugarán un papel crucial en la identificación de los beneficiarios, asegurándose de que los recursos se destinen a aquellos que realmente lo necesitan.

Si bien el bono Juancito Pinto representa un paso positivo hacia la inclusión educativa, también es importante reconocer los desafíos que pueden surgir. La correcta implementación del programa requiere de una administración eficiente y de un seguimiento continuo para evaluar su impacto. Además, es esencial que las familias estén informadas sobre cómo acceder a este apoyo, para maximizar su efectividad.

El Gobierno nacional envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de “Ley de atención de emergencias por desastres naturales y salud pública” por $us 250 millones.

Así, con la nueva Ley, ya suman $us 1.228 millones pendientes de tratamiento y aprobación.

“Hemos remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional un nuevo proyecto de ley de financiamiento externo, destinado a la atención de emergencias por desastres naturales y salud pública”, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en sus redes sociales.

De acuerdo con los datos de la autoridad gubernamental, el crédito beneficiará a la población boliviana afectada por los desastres naturales; se trata de un financiamiento externo “rápido y eficiente para cubrir gastos extraordinarios en emergencias”.

“Este proyecto permitirá responder de manera efectiva a las demandas y necesidades del pueblo boliviano”, enfatizó el ministro.

El director de la Terminal Metropolitana de El Alto, Henrry Oporto, informó que en las últimas semanas se detectó un nuevo «modus operandi» para camuflar los billetes falsos en los horarios donde existía mayor demanda de viajes.
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Los billetes falsos se encontraron en cortes desde Bs. 10, 20, 50, 100 y 200 además de monedas similares al de Bs. 5.

Se informa a la ciudadanía tomar las debidas precauciones con la circulación de dinero falsificado.
Ante cualquier denuncia o sospecha, las autoridades policiales y funcionaros de la Terminal Metropolitana estarán para coadyuvar a nuestra ciudadanía.

La Planta de Cemento Viacha, propiedad de SOBOCE, se ha convertido en la primera cementera del país en coprocesar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para convertirlos en combustibles alternos. Una prueba piloto, en la que se gestionarán 133 toneladas métricas de este residuo, se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

“Viacha cuenta con todas las licencias y autorizaciones ambientales para el coprocesamiento de combustibles alternos. Hoy somos testigos de un hito histórico para la industria, porque se marca el inicio de la era de los combustibles alternos, como una solución ambiental sostenible para el país”, explicó Francisco Shwortshik, CEO de Sociedad Boliviana de Cemento.

A partir de la prueba piloto, la planta de cemento de Viacha se convertirá en el lugar donde se gestionarán residuos para convertirlos en energía como una alternativa que se enmarca en la economía circular y el propósito superior de SOBOCE: Generamos soluciones sostenibles e innovadoras que mejoran la vida de la sociedad.
Las 133 toneladas de residuos a ser coprocesados en uno de los hornos de la planta de cemento Viacha corresponden a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, concretamente plásticos con retardante de llama bromados.

El senador por Santa Cruz, Henry Montero, reclamó al gobierno central que la Chiquitania, en el oriente boliviano, clama por la ayuda para enfrentar los incendios que arrasan con la flora, la fauna y los cultivos, incluso hay comunidades con amenaza de desaparición por la intensidad del fuego.

«Es lamentable lo que está pasando en el país y sobre todo en el departamento de Santa Cruz, la Chiquitania está gritando ayuda ya no da más el esfuerzo humano que pueda existir y aquí solamente lo que nos queda es poder recibir la ayuda internacional, pero el gobierno está con otras (prioridades)”, reclamó.

El legislador cruceño recordó que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) efectuó un show en Santa Cruz con el “gabinete ministerial” para presuntamente enfrentar los incendios, pero su prioridad fue la pelea por el poder entre Luis Arce y Evo Morales, incluso las acusaciones de “quién se droga más” en el MAS.

“Más prevaleció la novela del ‘narco-estado’, las peleas del Movimiento Al Socialismo y se olvidaron de los incendios, hoy por hoy, hay comunidades con riesgo de desaparecer por estas quemas. El gobierno hasta el momento no toma acciones concretas de declarar desastre (nacional)”, subrayó.

El Pacto de Unidad conformado por sectores afines al expresidente Evo Morales, convocó a una reunión este jueves en la ciudad de Cochabamba con el objetivo de coordinar nuevas medidas de presión contra el Gobierno de Luis Arce. A pesar de esta reunión, los “evistas” ratificaron un bloqueo nacional de caminos a partir del 30 de septiembre, en caso de no recibir respuesta a sus demandas.

El senador Leonardo Loza, uno de los principales representantes del ala “evista” del MAS, confirmó la reunión y adelantó que podrían aprobarse otras movilizaciones. “Este jueves hay una reunión nacional, puede ser que se apruebe otro tipo de movilizaciones en nuestro país”, confirmó el senador “, señaló Loza.

La molestia del bloque “evista” surge debido a la falta de respuesta del Gobierno a un pliego petitorio presentado por Evo Morales. “Hasta este momento, el Gobierno no ha respondido. Ya terminó la marcha y ahora tenemos decisiones tomadas a partir del 30 de este mes, pero necesitamos seguir coordinado para otras determinaciones” explicó el legislador.

Después de concluir su marcha en La Paz, Morales y sus seguidores otorgaron un plazo de 24 horas al Ejecutivo para realizar cambios en su gabinete ministerial. Ante la falta de respuesta, los “evistas” amenazaron con llevar adelante un bloqueo nacional de carreteras si no se cumplen sus exigencias.