La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), alineada con el presidente Luis Arce, anunció que intensificará su vigilia en La Paz en respuesta a la marcha del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la que acusan de intentar desestabilizar al gobierno. Guery García, secretario de defensa de la Csutcb, afirmó que las organizaciones pro-gobierno garantizarán el cumplimiento de las resoluciones del cabildo ‘arcista’ de Ventilla, que incluyen detener la violencia de los marchistas.

García cuestionó las intenciones de Evo Morales, recordando el rechazo a su nueva candidatura en el referéndum de 2016 y citando el apoyo de organismos internacionales a la prohibición de la reelección indefinida. Ante la marcha, los grupos ‘arcistas’ cercarán la plaza Murillo para proteger las instituciones.

En un controversial señalamiento, García acusó a Morales de contratar paramilitares argentinos para infiltrarse entre los manifestantes, alegando que estarían equipados para generar caos. “Evo Morales está entregando armamento para sembrar miedo y desorden”, declaró García, advirtiendo sobre una estrategia para desestabilizar el país.

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental ha emitido una grave denuncia sobre abusos y negligencia por parte del Ministerio Público en el caso de los dirigentes de los ponchos rojos, quienes han sido condenados a tres años de prisión. Los asambleístas expresaron su preocupación por las circunstancias en las que se desarrolló este proceso judicial, argumentando que los acusados fueron sometidos a presiones para que se declararan culpables, lo que les llevó a optar por un proceso abreviado.

Según la Comisión, este tipo de prácticas no solo comprometen la justicia, sino que también vulneran los derechos fundamentales de los dirigentes. Resaltaron que el derecho a un juicio justo y a la defensa adecuada es esencial en cualquier sistema democrático, y que las presiones ejercidas sobre los sindicados socavan la confianza en las instituciones judiciales.

Los asambleístas han solicitado una revisión exhaustiva de este caso, así como una investigación sobre las prácticas del Ministerio Público que podrían haber llevado a estas irregularidades. Además, enfatizaron la importancia de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política o social, tengan acceso a un proceso judicial imparcial y transparente.

Este pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos refleja una creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en el país y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las garantías legales y la protección de los derechos de aquellos que participan en la vida política y social. La denuncia también resuena en un contexto más amplio de tensiones políticas, donde el respeto por los derechos fundamentales se convierte en un tema central para el futuro de la democracia en la región.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ha declarado con firmeza que las organizaciones sociales de la ciudad están dispuestas a salir a defender su territorio y a garantizar la paz social en el contexto de la llegada de la marcha evista. Según Copa, es crucial que la comunidad se mantenga unida y rechace cualquier intento de confrontación que pueda surgir a raíz de esta movilización.

Copa enfatizó que la población alteña es fuerte y está comprometida con la defensa de sus derechos y la estabilidad de la región. Aseguró que, ante cualquier provocación, las organizaciones sociales actuarán de manera coordinada para evitar conflictos y preservar la convivencia pacífica.

La alcaldesa también hizo un llamado a la reflexión, instando a los actores políticos a priorizar el diálogo y la búsqueda de soluciones constructivas en lugar de alimentar la confrontación. En este sentido, destacó la importancia de mantener la paz en El Alto, un lugar que ha sido históricamente un bastión de luchas sociales y políticas.

Copa subrayó que la comunidad debe estar alerta y preparada para responder ante cualquier situación que amenace el bienestar de la ciudad. Su mensaje busca no solo movilizar a las organizaciones sociales, sino también reafirmar el compromiso de El Alto con la paz y el respeto mutuo en tiempos de polarización política.