La alcaldesa Eva Copa, tras una reunión con las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto, anunció que se permitirá el paso de la marcha evista con el objetivo de evitar confrontaciones y salvaguardar la integridad de la urbe alteña. En su declaración, Copa subrayó la importancia de mantener la paz y la convivencia en la ciudad, asegurando que los ciudadanos no se dejarán llevar por la provocación y la confrontación.

Asimismo, la alcaldesa hizo un llamado a la Policía para que cumpla con su deber de hacer respetar la Constitución y garantizar la seguridad de todos.

También instó a Evo Morales a participar en el diálogo convocado por el Defensor del Pueblo, resaltando la necesidad de construir puentes y no muros entre los bolivianos. Copa enfatizó que es fundamental dejar de lado el discurso de odio y violencia, promoviendo un ambiente de diálogo y entendimiento que beneficie a toda la sociedad. Su enfoque busca fomentar la unidad y la resolución pacífica de los conflictos, en lugar de intensificar las divisiones existentes.

Organizaciones afines a Evo Morales han reconocido que la marcha tiene como propósito habilitar su candidatura y buscar el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ ante la ONU. La carta, dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señala que uno de los objetivos es conseguir la validación de dicho congreso, que aprobó el evismo sin la participación de los seguidores de Arc.

Asimismo, los participantes de la marcha acusan al gobierno de Luis Arce de emplear «grupos de choque» y a la Policía para tratar de desestabilizar la movilización, mencionando también la crisis que enfrenta el país. A pesar de que Morales ha afirmado en reiteradas ocasiones que la movilización «no es por una persona, no es por Evo», el contenido del documento presentado por los marchistas contradice esa declaración. La marcha tiene previsto ingresar el lunes a El Alto, La Paz, Bolivia.

Las activistas Melania Torrico y la abogada Marvia Subirana han llevado a cabo una denuncia penal ante la Fiscalía de La Paz contra el exmandatario Evo Morales. En su denuncia, argumentan que Morales ha incitado públicamente a delinquir y ha promovido desórdenes y perturbaciones públicas, además de atentar contra la libertad de trabajo.

Torrico y Subirana sostienen que las declaraciones y acciones de Morales durante sus recientes intervenciones han fomentado un clima de tensión y desestabilización, lo que podría tener graves consecuencias para la seguridad y el orden social en el país. Según ellas, la conducta del ex presidente no solo contraviene las normas legales, sino que también pone en riesgo el bienestar de la población.

La presentación de esta denuncia ha generado un amplio debate en la opinión pública y en los medios de comunicación, reflejando las divisiones políticas en Bolivia. Las activistas buscan que la Fiscalía tome acciones concretas ante lo que consideran un abuso de poder y una falta de respeto hacia las instituciones democráticas. Con este paso, esperan que se tomen en serio las responsabilidades de los líderes políticos y se garantice la paz y el respeto a la ley en el país.