Autoridades de salud alertan que Bolivia podría perder la certificación otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la reconoce como país “Libre de Sarampión”, debido a reportes de casos recientes, baja cobertura de vacunación en ciertas regiones y brechas en el seguimiento epidemiológico.

La situación genera preocupación entre expertos, quienes advierten que un retroceso en esta certificación podría tener graves consecuencias para la salud pública y la seguridad sanitaria del país.

Especialistas recuerdan que mantener la certificación de “Libre de Sarampión” requiere una cobertura de vacunación superior al 95% y un sistema de vigilancia epidemiológica robusto, por lo que instaron a la población a acudir a los centros de salud para completar esquemas de vacunación y proteger a los grupos más vulnerables, especialmente niños menores de cinco años.

El incumplimiento de estas medidas podría implicar que Bolivia pierda la acreditación internacional, lo que afectaría la confianza en el sistema de salud y aumentaría el riesgo de brotes en el país y en la región. Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración de la población para mantener los logros alcanzados en la lucha contra el sarampión.

La organización Transparencia Bolivia presentó una denuncia formal por presuntos actos de corrupción vinculados a la compra de un terreno y la construcción del nuevo edificio de la Aduana en Tarija. Según la institución, existirían irregularidades en la adjudicación de contratos, sobreprecios en la obra y deficiencias en los procesos de supervisión que podrían haber generado un perjuicio económico al Estado.

En su informe preliminar, Transparencia señala que los documentos revisados muestran inconsistencias en los costos reportados, falta de transparencia en la selección de contratistas y posibles conflictos de interés durante la ejecución del proyecto. La denuncia busca que las autoridades competentes investiguen si se configuraron delitos vinculados a corrupción, malversación de fondos o conducta antieconómica.

Desde el Ministerio Público se indicó que la denuncia ya fue recibida y se iniciará la recopilación de antecedentes, citando a funcionarios, técnicos y empresas involucradas para esclarecer los hechos. La institución subrayó que se respetará el debido proceso y que la investigación será conducida conforme a la normativa vigente, buscando garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, representantes de la Aduana no se han pronunciado hasta el momento, mientras que analistas consideran que este caso puede abrir un precedente para fortalecer los controles internos en obras públicas y procesos de adquisición de bienes estatales en todo el país.

Un diputado opositor afirmó que el expresidente Evo Morales se encuentra actualmente en México, y cuestionó el silencio del Gobierno sobre su paradero y actividades recientes. Según el legislador, la falta de información oficial genera incertidumbre en la ciudadanía y abre la puerta a especulaciones sobre posibles gestiones políticas o diplomáticas en curso.

El parlamentario también pidió al Ejecutivo emitir un comunicado transparente para aclarar la situación y garantizar que se respeten los procedimientos legales y la transparencia institucional. “El pueblo boliviano tiene derecho a conocer la ubicación de quienes han ocupado cargos públicos, sobre todo cuando existen cuestionamientos políticos o judiciales pendientes”, declaró.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre la información, manteniendo un silencio que ha sido criticado por distintos sectores políticos y analistas, quienes consideran que la falta de claridad puede afectar la confianza ciudadana y generar tensiones en el escenario político nacional.

El sector de la construcción atraviesa un escenario crítico marcado por una deuda acumulada de aproximadamente Bs 1.200 millones y el constante incremento en el precio de los materiales, situación que pone en riesgo la continuidad de obras, la estabilidad de empresas constructoras y miles de fuentes de empleo en todo el país. Representantes del rubro advirtieron que esta combinación de factores está generando una presión financiera insostenible para pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.

Dirigentes y empresarios constructores señalaron que gran parte de la deuda corresponde a pagos pendientes por obras ejecutadas para distintas instancias del Estado, lo que ha provocado problemas de liquidez, paralización de proyectos y dificultades para cumplir con obligaciones laborales, tributarias y financieras. “Muchas empresas están trabajando sin recibir pagos oportunos, lo que está llevando a una situación límite”, afirmó un representante del sector.

A esto se suma el alza sostenida en los precios de insumos como cemento, hierro, acero, áridos, combustibles y otros materiales esenciales, lo que ha incrementado de forma considerable los costos de ejecución de obras públicas y privadas. Los constructores indicaron que los contratos firmados bajo precios anteriores ya no cubren los costos reales de producción, generando pérdidas económicas y riesgo de quiebra para varias empresas.

Desde el sector constructor se solicitó al Gobierno la implementación de medidas urgentes, entre ellas la regularización de pagos pendientes, la actualización de precios referenciales, mecanismos de compensación por variación de costos y políticas de apoyo financiero, con el objetivo de evitar un colapso del rubro y proteger el empleo de miles de trabajadores que dependen directamente de la actividad constructiva en el país.