Por más de dos tercios de votos, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decidió devolver el informe de preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a la Comisión Mixta de Constitución para que, en el plazo de 24 horas, haga una propuesta integral.

La Comisión Mixta sugirió en su informe declarar desierta la convocatoria en cinco de los nueve departamentos del país –Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Pando– porque no se logró completar el mínimo de postulantes.

El vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, recordó que el artículo 38 de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 establece que la declaratoria de desierta de la convocatoria debe abarcar a todo el Tribunal y no por regiones, por lo que es necesario que la Comisión Mixta elabore un nuevo informe con una posición global.
Ante esa condición, el pleno de la Asamblea aprobó una resolución que dispone devolver el informe a la Comisión para que en 24 horas elabore un informe complementario a fin de que sea considerado en el plenario legislativo.

El jefe de la bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, quien votó en contra de la resolución, advirtió que ésta es parte de una estrategia para que no se realicen las elecciones judiciales porque se posterga el tratamiento de los demás informes de las comisiones mixtas poniendo en riesgo que la Asamblea pierda competencia desde el 6 de agosto.

Este sábado inició la segunda jornada de evaluación a los candidatos a las elecciones judiciales, en las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución, para elegir a los magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Con una demora de entre tres y cuatro horas las comisiones mixtas iniciaron el viernes las pruebas orales. Un total de 21 candidatos fueron evaluados en la Comisión Mixta de Justicia Plural y al menos 14 en la Comisión Mixta de Constitución.

La etapa de evaluación comprende un total de 100 puntos, a los cuales se añaden los 100 puntos del examen de méritos anterior. El postulante debe alcanzar un mínimo de 130 puntos en ambas etapas para integrar la lista que pasará al plenario de la Asamblea Legislativa, que elegirá por dos tercios de voto a los postulantes que irán a las elecciones judiciales.
Cada postulante escoge al azar cinco preguntas de un banco de preguntas y las responde en un tiempo máximo de cinco minutos cada una.

Las evaluaciones orales del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales se transmiten en las plataformas virtuales de las cámaras de Senadores y Diputados.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), comenzará su revisión junto a las organizaciones políticas, tal como establece el punto 5 del acuerdo multipartidario, con el objetivo de garantizar la confiabilidad y la transparencia del padrón electoral para procesos electorales.

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó que este trabajo se realizará de manera escalonada. En primera instancia los 11 partidos y las dos alianzas con presencia en la Asamblea Legislativa serán parte de esto junto a sus expertos informáticos y de sistemas.

Añadió que “como el boliviano es desconfiado del boliviano, vamos a trabajar con nuestros pares de organismos electorales. Igual vamos a emitir el informe de confianza de nuestro padrón electoral”.

El miércoles, el TSE realizó el Encuentro Multipartidario e Interdisciplinario por la Democracia en instalaciones del Órgano Electoral, con la participación de representantes de los partidos políticos y de los órganos Ejecutivo y Legislativo, entre otros.

El presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Juan Pablo Cervantes, justificó la renuncia de los postulantes a las elecciones judiciales que no se pueden realizar desde el año pasado; argumentó que existe cansancio y falta de confianza en el proceso.

«Desde hace mucho tiempo, los postulantes dieron un paso al costado. No solamente por lo complicado de todo el proceso, sino por el tema de la credibilidad de que luego igual, pese a todo, tiene que ser sometido primero a la Asamblea Legislativa para que «Se pongan de acuerdo y que digan sí; y, finalmente, una elección más por voto popular», argumentó Cervantes.

Las elecciones judiciales debían realizarse el año pasado, pero por diferentes obstáculos, principalmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), terminó paralizado hasta el momento. La convocatoria de las actuales autoridades judiciales finalizó el 31 de diciembre, pero se prorrogaron bajo la excusa de que no pueden permitir un «vacío de poder».

Entre tanto, los recursos presentados ante diferentes salas constitucionales, dependientes del TCP, se constituyeron en las principales para que el proceso no avance.