La reciente sesión de la Cámara de Diputados en Bolivia estuvo marcada por intensos debates y polémicas, extendiéndose desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves. Bajo la presidencia de Israel Huaytari, conocido como «arcista», la sesión culminó con la aprobación de varios proyectos de ley impulsados por el Gobierno.
Uno de los puntos álgidos de la sesión fue la anulación por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional de una sesión previa de la Asamblea encabezada por Andrónico Rodríguez. Tanto la oposición como los partidarios de Evo Morales («evistas») expresaron su preocupación por lo que consideraron una intromisión de otro órgano del Estado en el Legislativo. Criticaron a los «arcistas», alineados con el presidente Huaytari, por proteger a los magistrados del Tribunal Constitucional que se han prorrogado en sus cargos.
A pesar de la controversia y la sugerencia inicial de suspender la sesión debido a la decisión del Tribunal, la Cámara de Diputados procedió con la aprobación de importantes normativas. Entre estas medidas, se autorizó a YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) a suscribir un contrato de servicios petroleros con la empresa Canacol Energy Colombia S.A.S. para la exploración y explotación en el área ‘Tita Techi’ en Santa Cruz.
Además, se aprobaron dos créditos significativos: uno por 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Integración Urbana Parque Lineal en La Paz y El Alto; y otro por 223 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la construcción de la Carretera Uyuni – Hito LX.
Estas decisiones legislativas reflejan las dinámicas políticas y las tensiones institucionales en Bolivia, destacando el papel del Tribunal Constitucional en la supervisión de los procesos legislativos y el manejo de recursos estratégicos como el petróleo y la infraestructura vial.
