El Bloque Oriente de Santa Cruz ha declarado alerta permanente para defender la democracia y ha exigido investigaciones para determinar quienes están detrás del intento de golpe de Estado fallido en Bolivia.
La secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas de Santa Cruz, Felipa Montenegro, junto a otros dirigentes del bloque, anunció que están en constante vigilancia y mantienen reuniones continuas. Han dejado claro que no permitirán que se desestabilice al gobierno, ya que consideran que la defensa de la democracia es un deber de todos los bolivianos.

El Bloque Oriente, que representa a varias organizaciones sociales en Santa Cruz, reiteró su condena enérgica hacia las acciones llevadas a cabo por un grupo de militares liderado por Juan José Zúñiga el pasado miércoles. Este grupo tomó la plaza Murillo e ingresó violentamente con tanquetas al viejo Palacio de Gobierno, anexo a la Casa Grande del Pueblo, con la intención de llevar a cabo un golpe de Estado.

Este posicionamiento del Bloque Oriente subraya la unidad y la determinación de las organizaciones sociales cruceñas para salvaguardar la estabilidad democrática del país y buscar justicia ante los eventos ocurridos recientemente en Bolivia.

La Policía Boliviana ha aprehendido a 21 personas relacionadas con la toma de la plaza Murillo y el intento de golpe de Estado ocurrido el miércoles 26 de junio. Estas detenciones se basan en las pruebas recopiladas hasta el momento. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no se descarta ampliar las acusaciones para incluir el delito de magnicidio en grado de tentativa.

En una conferencia de prensa el viernes, el ministro informó que las investigaciones preliminares y el análisis de las imágenes permitieron identificar al capitán de Infantería Miguel Ángel B. D., quien habría dirigido el ingreso violento del general Juan José Zúñiga al Palacio de Gobierno, conocido como «Palacio Quemado».

Este desarrollo refleja una escalada en las acciones legales contra los presuntos responsables del intento de golpe de Estado, subrayando la seriedad con la que el gobierno boliviano está abordando este incidente.

La reciente sesión de la Cámara de Diputados en Bolivia estuvo marcada por intensos debates y polémicas, extendiéndose desde la noche del miércoles hasta la madrugada del jueves. Bajo la presidencia de Israel Huaytari, conocido como «arcista», la sesión culminó con la aprobación de varios proyectos de ley impulsados por el Gobierno.

Uno de los puntos álgidos de la sesión fue la anulación por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional de una sesión previa de la Asamblea encabezada por Andrónico Rodríguez. Tanto la oposición como los partidarios de Evo Morales («evistas») expresaron su preocupación por lo que consideraron una intromisión de otro órgano del Estado en el Legislativo. Criticaron a los «arcistas», alineados con el presidente Huaytari, por proteger a los magistrados del Tribunal Constitucional que se han prorrogado en sus cargos.

A pesar de la controversia y la sugerencia inicial de suspender la sesión debido a la decisión del Tribunal, la Cámara de Diputados procedió con la aprobación de importantes normativas. Entre estas medidas, se autorizó a YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) a suscribir un contrato de servicios petroleros con la empresa Canacol Energy Colombia S.A.S. para la exploración y explotación en el área ‘Tita Techi’ en Santa Cruz.

Además, se aprobaron dos créditos significativos: uno por 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Integración Urbana Parque Lineal en La Paz y El Alto; y otro por 223 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la construcción de la Carretera Uyuni – Hito LX.

Estas decisiones legislativas reflejan las dinámicas políticas y las tensiones institucionales en Bolivia, destacando el papel del Tribunal Constitucional en la supervisión de los procesos legislativos y el manejo de recursos estratégicos como el petróleo y la infraestructura vial.