El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, firmará desde Panamá su primer decreto supremo mediante firma digital, utilizando por primera vez la tecnología habilitada por el Decreto Supremo 5515, recientemente aprobado para permitir al mandatario ejercer sus funciones completas desde el extranjero sin interrumpir la administración del Estado. La medida se llevará a cabo mientras el presidente participa en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, un evento de gran relevancia regional centrado en el análisis de políticas económicas, desarrollo sostenible y cooperación internacional.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que la firma digital se realizará probablemente mañana, asegurando que “la continuidad del Gobierno no se verá afectada” y destacando que la normativa permite al presidente dictar decretos, promulgar leyes y supervisar la administración pública de manera remota. Según Lupo, este mecanismo tecnológico busca garantizar que las decisiones ejecutivas se mantengan ágiles y oportunas, incluso cuando el mandatario deba cumplir compromisos internacionales que requieren su presencia fuera del país.

El Decreto Supremo 5515 modifica disposiciones previas para incorporar formalmente el uso de herramientas digitales en el ejercicio del poder. La medida contempla protocolos de seguridad informática, verificación de identidad y mecanismos de registro oficial que aseguran la validez legal de los documentos firmados electrónicamente. “Estamos dando un paso hacia la modernización de la gestión estatal, asegurando que la tecnología sea un aliado para la gobernanza eficiente”, explicó Lupo.

Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que la firma digital permitirá al presidente Paz Pereira mantener contacto permanente con los ministerios, recibir informes diarios, supervisar proyectos estratégicos y aprobar decisiones urgentes, evitando retrasos administrativos que podrían afectar la implementación de políticas públicas. Expertos en administración pública coincidieron en que este tipo de mecanismos representan un avance significativo en la modernización del Estado, reduciendo la dependencia de la presencia física del mandatario para la toma de decisiones.

Ciudadanos y analistas políticos observan con interés este nuevo modelo de gobernanza, que combina tecnología y administración remota. Algunos señalan que la medida podría fortalecer la eficiencia del Gobierno, mientras que otros plantean la necesidad de transparencia y protocolos claros para garantizar la seguridad de los procesos electrónicos. “Es un cambio importante, pero debemos asegurarnos de que todo esté documentado y seguro para evitar problemas legales o administrativos”, comentó un analista político que sigue de cerca la gestión presidencial.

El presidente Paz Pereira, por su parte, ha destacado en intervenciones previas su interés por incorporar herramientas digitales que faciliten la gestión del Estado, especialmente en un contexto donde la globalización y la participación en foros internacionales exigen movilidad y rapidez en la toma de decisiones. Este primer decreto supremo firmado desde el extranjero marca un precedente histórico en Bolivia y abre la posibilidad de que la tecnología juegue un papel central en la continuidad administrativa del país.

En los próximos días, se espera que el Gobierno informe sobre los contenidos del decreto y su impacto inmediato en la gestión pública, así como sobre futuras aplicaciones de la firma digital en la administración estatal. Mientras tanto, la población y los actores políticos seguirán de cerca la implementación de esta innovación tecnológica que busca equilibrar la modernización del Estado con la transparencia y la eficacia gubernamental.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) instaló una sesión extraordinaria con el objetivo de definir el futuro del partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS), en medio de disputas internas por la dirigencia y la representación política de la organización. La decisión del TSE es clave para determinar quiénes podrán participar en las próximas elecciones bajo la sigla de UCS.

En paralelo, candidatos, militantes y simpatizantes del partido instalaron una vigilia frente a las instalaciones del TSE, exigiendo transparencia en el proceso y mostrando su respaldo a las distintas facciones. Los dirigentes de UCS señalaron que la medida busca evitar decisiones unilaterales y garantizar que la definición del liderazgo se realice de manera justa y conforme a la normativa vigente.

El Tribunal Supremo Electoral indicó que la sesión analizará documentación, estatutos internos y solicitudes de inscripción, con el fin de emitir una resolución definitiva sobre la autoridad legítima del partido, que tendrá implicancias directas en la participación electoral y en la asignación de candidaturas.

La situación mantiene en vilo a la militancia de UCS y a sus electores, mientras se espera que el TSE emita un pronunciamiento oficial que cierre la disputa interna y establezca los lineamientos para la participación política del partido en los próximos comicios.

El Gobierno nacional anunció que se realizará la entrega de 7.000 títulos de propiedad que estaban pendientes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el departamento de Chuquisaca. La medida busca regularizar la propiedad de tierras y garantizar seguridad jurídica a agricultores, comunidades y pequeños productores que aún no contaban con documentación oficial.

Autoridades del INRA indicaron que los títulos corresponden a predios rurales y urbanos, y que su entrega permitirá fortalecer la tenencia legal de la tierra, facilitar el acceso a créditos y reducir conflictos por derechos de propiedad. La entrega se realizará en coordinación con autoridades locales y municipales, quienes acompañarán el proceso de regularización y verificación de antecedentes catastrales.

El Gobierno destacó que esta acción forma parte de un plan nacional de titulación de tierras, orientado a consolidar la propiedad privada y comunal, así como a impulsar proyectos productivos que beneficien a las familias campesinas y a las comunidades rurales de Chuquisaca.

La Alcaldía de La Paz anunció el lanzamiento de un plan integral de control para frenar el trameaje en el transporte público, que contempla la implementación de sistemas GPS en los vehículos y el uso de un paquete de aplicaciones digitales para el monitoreo en tiempo real de las rutas y frecuencias. La medida busca mejorar el servicio y reducir los abusos contra los usuarios.

Según informaron las autoridades municipales, el sistema permitirá verificar el cumplimiento de recorridos, horarios y paradas, además de identificar de manera inmediata a los motorizados que incurran en trameaje. Las aplicaciones estarán conectadas a una plataforma de control que facilitará la fiscalización, el registro de infracciones y la aplicación de sanciones.

Desde la Alcaldía señalaron que este plan también apunta a transparentar la gestión del transporte, fortalecer el control municipal y brindar mayor seguridad a los pasajeros. Los usuarios, a su vez, podrán acceder a información sobre rutas habilitadas y reportar irregularidades mediante herramientas digitales.

El trameaje es una de las principales quejas de la población paceña, por lo que el gobierno municipal aseguró que el nuevo sistema permitirá ordenar el transporte público y mejorar la calidad del servicio, en coordinación con los sectores del autotransporte.