El Gobierno nacional anunció que se realizará la entrega de 7.000 títulos de propiedad que estaban pendientes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el departamento de Chuquisaca. La medida busca regularizar la propiedad de tierras y garantizar seguridad jurídica a agricultores, comunidades y pequeños productores que aún no contaban con documentación oficial.

Autoridades del INRA indicaron que los títulos corresponden a predios rurales y urbanos, y que su entrega permitirá fortalecer la tenencia legal de la tierra, facilitar el acceso a créditos y reducir conflictos por derechos de propiedad. La entrega se realizará en coordinación con autoridades locales y municipales, quienes acompañarán el proceso de regularización y verificación de antecedentes catastrales.

El Gobierno destacó que esta acción forma parte de un plan nacional de titulación de tierras, orientado a consolidar la propiedad privada y comunal, así como a impulsar proyectos productivos que beneficien a las familias campesinas y a las comunidades rurales de Chuquisaca.

La Alcaldía de La Paz anunció el lanzamiento de un plan integral de control para frenar el trameaje en el transporte público, que contempla la implementación de sistemas GPS en los vehículos y el uso de un paquete de aplicaciones digitales para el monitoreo en tiempo real de las rutas y frecuencias. La medida busca mejorar el servicio y reducir los abusos contra los usuarios.

Según informaron las autoridades municipales, el sistema permitirá verificar el cumplimiento de recorridos, horarios y paradas, además de identificar de manera inmediata a los motorizados que incurran en trameaje. Las aplicaciones estarán conectadas a una plataforma de control que facilitará la fiscalización, el registro de infracciones y la aplicación de sanciones.

Desde la Alcaldía señalaron que este plan también apunta a transparentar la gestión del transporte, fortalecer el control municipal y brindar mayor seguridad a los pasajeros. Los usuarios, a su vez, podrán acceder a información sobre rutas habilitadas y reportar irregularidades mediante herramientas digitales.

El trameaje es una de las principales quejas de la población paceña, por lo que el gobierno municipal aseguró que el nuevo sistema permitirá ordenar el transporte público y mejorar la calidad del servicio, en coordinación con los sectores del autotransporte.

La Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva de la exdiputada Laura Rojas en la cárcel de Palmasola, por un periodo de 180 días, en el marco de la investigación que se sigue dentro del denominado caso “narcomaletas”. La petición será presentada ante la autoridad judicial durante la audiencia de medidas cautelares.

De acuerdo con el Ministerio Público, la solicitud se sustenta en riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de obstaculización de la investigación, además de la necesidad de realizar múltiples actos investigativos, como pericias financieras, análisis de movimientos migratorios y toma de declaraciones a testigos clave.

La Fiscalía indicó que durante los seis meses solicitados se continuará con la recolección de elementos probatorios para esclarecer el origen del dinero, su destino y la posible participación de otras personas en el traslado de las maletas. Asimismo, no se descarta la ampliación de la investigación a otros delitos ni nuevas imputaciones.

El caso ha generado una amplia repercusión nacional, debido a la gravedad de las acusaciones y al perfil público de la investigada, mientras se aguarda la decisión del juez sobre la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

Un informe preliminar de la investigación del denominado caso “narcomaletas” señala que las maletas ingresadas al país por la exdiputada Laura Rojas habrían contenido aproximadamente 100 millones de dólares, según los primeros datos recabados por las autoridades competentes. El documento forma parte de las actuaciones iniciales que buscan esclarecer el origen, destino y posible uso ilícito del dinero.

De acuerdo con la información conocida, las maletas habrían ingresado sin los controles aduaneros correspondientes, lo que encendió las alertas de las instancias de fiscalización y derivó en la apertura de una investigación penal. Las autoridades analizan registros migratorios, imágenes de seguridad, declaraciones testificales y documentación financiera, con el fin de establecer responsabilidades y determinar si existió una red organizada detrás del traslado del dinero.

En el marco de este proceso, la exdiputada Laura Rojas fue aprehendida y posteriormente internada en una clínica, mientras continúan las diligencias judiciales. Desde el Ministerio Público se informó que el caso se encuentra en etapa investigativa y que no se descartan nuevas citaciones ni ampliaciones de la investigación conforme avancen las pericias.

El caso ha generado fuerte repercusión política y social, debido a la magnitud del monto mencionado y a las posibles implicaciones en delitos como legitimación de ganancias ilícitas, contrabando y uso indebido de influencias, por lo que las autoridades aseguraron que se llegará “hasta las últimas consecuencias”.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, reveló que el Ejecutivo tenía conocimiento del caso “narcomaletas” desde antes de que se hiciera público y afirmó que las autoridades han avanzado paso a paso para esclarecer la estructura del presunto delito, que ya ha derivado en detenciones y aprehensiones de personas vinculadas. Durante una entrevista radial, el mandatario explicó que la decisión de no divulgar la información de manera inmediata se tomó para no entorpecer las investigaciones en curso y garantizar que los procedimientos judiciales se desarrollen correctamente.

“Esta información la manejábamos tiempo atrás… tendrá que ser la investigación y la justicia que demuestren con claridad sus procedimientos”, indicó Paz, enfatizando que el Gobierno confía en el trabajo de las autoridades judiciales y en la transparencia del proceso. Según el presidente, la prioridad es desmantelar redes de corrupción vinculadas al caso y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Paz también anticipó que las pesquisas podrían revelar “muchos escándalos” en los próximos días, no solo relacionados con el caso “narcomaletas”, sino también en otras áreas de control y gestión pública. Pidió a la ciudadanía mantener la calma y confiar en que las investigaciones buscan garantizar justicia, transparencia y la depuración de posibles irregularidades en instituciones públicas. “El objetivo es llevar ante la justicia a los implicados, incluso si eso significa que se revelen más nombres y detalles sensibles”, subrayó.

Expertos en derecho penal y analistas en seguridad señalan que la declaración del presidente confirma la existencia de una estructura compleja detrás del ingreso irregular de las maletas y advierte sobre la posibilidad de implicaciones en distintos niveles del Estado. La coordinación entre la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y otras instancias de control será clave para esclarecer el caso y evitar filtraciones que puedan afectar la investigación.

El anuncio presidencial se produce en medio de una creciente atención pública sobre el caso “narcomaletas” y la expectativa de que las autoridades amplíen las detenciones y aprehensiones a otros implicados, incluyendo potenciales funcionarios o asociados vinculados a la cadena de control aduanero. Las declaraciones de Paz buscan generar confianza en la población sobre la seriedad y transparencia de las investigaciones, mientras se prepara el terreno para que la justicia actúe de manera rigurosa y con total independencia.

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocó a los candidatos inhabilitados de las organizaciones políticas Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) a reunirse en la Vicepresidencia para evaluar posibles acciones legales en defensa de sus derechos civiles y políticos. La convocatoria surge tras las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inhabilitar a postulantes de ambos partidos luego de que perdieran su personería jurídica por no alcanzar el mínimo de votos requerido por la normativa electoral vigente.

Lara criticó las decisiones del TSE, señalando que no se trata de procesos estrictamente legales, sino de determinaciones que podrían tener un trasfondo político. “Los derechos constitucionales y humanos, como el de participar en elecciones, no pueden ser restringidos de manera injusta. Convoco a los candidatos afectados a presentar sus casos para evaluar recursos legales que defiendan su posibilidad de competir en las urnas”, indicó el vicepresidente.

El planteamiento de Lara sostiene que, aunque los partidos hayan perdido la personería jurídica, los ciudadanos que ya estaban habilitados como candidatos deberían poder ejercer su derecho a postularse, garantizando así el respeto a la Constitución y a la ley. “Las decisiones del TSE deberían basarse únicamente en la normativa vigente, sin influencia de presiones o conveniencias políticas”, subrayó.

Varios candidatos afectados han expresado su preocupación por la situación, afirmando que sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Algunos manifestaron temor de quedar fuera de la contienda electoral a pesar de haber cumplido con los requisitos de inscripción, mientras buscan claridad sobre su posibilidad real de participar en las elecciones subnacionales programadas para marzo de este año.

Expertos en derecho electoral señalan que el escenario genera un conflicto jurídico de gran relevancia, ya que enfrenta la interpretación de la normativa sobre personería jurídica de partidos con los derechos individuales de los candidatos inscritos. Analistas políticos destacan que las acciones legales que se definan podrían sentar precedentes sobre cómo se aplican las reglas de inhabilitación de partidos y candidatos en futuros procesos electorales.

La Vicepresidencia informó que durante la reunión se escucharán los casos de cada candidato y se evaluarán recursos legales, que podrían incluir apelaciones ante el TSE o instancias judiciales superiores. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la participación de estos candidatos continúa generando debates en el ámbito político y jurídico, con implicaciones directas para la competencia electoral y la representación de los votantes en los próximos comicios.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz amplió la investigación del caso “narcomaletas”, que involucra el ingreso de 32 maletas presuntamente con sustancias controladas a través del aeropuerto de Viru Viru, con la detención de tres socios del juez Hebert Zeballos, quien ya se encuentra con detención preventiva. Los aprehendidos están vinculados a una empresa de seguridad relacionada con el magistrado y fueron aprehendidos tras prestar declaración informativa ante las autoridades. Dos de ellos ya permanecen en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), mientras que el tercero aún se encontraba en dependencias fiscales al cierre del reporte.

El caso también involucra a dos trabajadores de la Aduana Nacional que estaban presentes en el momento del ingreso de las maletas. Ambos declararon ante la Fiscalía y las autoridades evalúan si su participación amerita aprehensión, lo que ampliaría el número de investigados directos. La investigación busca determinar si existió complicidad interna en el control aduanero y cómo fue posible que las maletas ingresaran al país sin ser detectadas por los controles correspondientes.

Este proceso forma parte de una investigación más amplia que ya incluyó la detención preventiva del juez Zeballos y la aprehensión de otras personas vinculadas al caso. Fuentes judiciales indicaron que se analizan registros de seguridad, testimonios de funcionarios y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias controladas, con el objetivo de esclarecer la responsabilidad de cada implicado.

Especialistas en derecho penal señalan que la detención de socios vinculados al juez refuerza la hipótesis de posible participación de actores internos en la cadena de control aduanero. “Si se confirma la complicidad de funcionarios o asociados, se estaría frente a un caso de corrupción y tráfico de drogas que compromete la integridad del sistema judicial y aduanero del país”, explicó un analista consultado.

La Fiscalía y la FELCN anunciaron que las investigaciones continuarán en los próximos días, con nuevas declaraciones, inspecciones a empresas de seguridad y análisis de documentación relacionada con la empresa vinculada al juez. Las autoridades buscan determinar no solo la responsabilidad directa en el ingreso de las maletas, sino también posibles redes de protección que habrían permitido que el ilícito se ejecutara.

El caso “narcomaletas” mantiene en alerta a las autoridades judiciales y de control aduanero, mientras la población observa con preocupación cómo se desarrollan los procesos contra funcionarios y particulares vinculados al presunto tráfico de sustancias controladas dentro del aeropuerto internacional de Viru Viru.