Ayer renunció sorpresivamente a su cargo la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Yacira Cardozo. Denunció «presiones y amenazas» de otras autoridades judiciales.

Ahora expresidenta del TDJ potosino “No soy marioneta de nadie, la institución no se maneja políticamente. Han sido recurrentes, pese a haber presentado mi denuncia hace dos o tres semanas atrás en la Fiscalía. Creo que la orden está dada. Recientemente se han reunido y un magistrado ha ordenado taxativamente que se pida mi renuncia, hecho que no es necesario porque yo nunca me he agarrado de este cargo, desde que he asumido nos hemos puesto a trabajar”.

El 3 de mayo, ella formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia, por la presunta comisión del delito de coacción, debido a las presiones ejercidas para que deje el cargo, esto según los antecedentes. El implicado sería el magistrado Edwin Aguayo.

Ayer aprobó una resolución camaral el pleno de la Cámara de Senadores, en el que exige al vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocar a una sesión para debatir y definir el futuro de las elecciones judiciales.

La resolución da un plazo de 48 horas para la convocatoria “a objeto de disponer lo pertinente en cuanto al proceso de preselección de altas autoridades del Órgano Judicial”, informó el Senado a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

El mismo día en el que se conoció la resolución camaral del Senado convocó Choquehuanca a los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, Andrónico Rodríguez e Israel Huaytari, respectivamente; a los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas (MAS-IPSP, CC y Creemos); y presidentes de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural a una reunión para buscar encaminar el proceso de las elecciones judiciales.

Poco después de que el presidente Luis Arce anunciara la abrogación del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales, Leonardo Loza, senador del M.A.S. no ha quedado callado a las reacciones que surgieron ayer.

El senador cochabambino, “leal” a Evo Morales, expresó que “El pueblo boliviano ha hecho retroceder a este Gobierno. Por supuesto, era un decreto totalmente inconstitucional, un decreto que viola toda norma (…). El pueblo ha hecho temblar a este Gobierno”.

Loza cree que “no es suficiente”. “Vamos a exigir que también tenga que correr la misma suerte el otro decreto que se complementa a este decreto, que es el 4732. Debe ser abrogado inmediatamente”, manejando el mismo discurso que las Seis Federaciones del Trópico.

Obligaron al presidente Luis Arce a abrogar ayer el Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales (DDRR), esto ante la presión social, advertencias de movilización de sectores como los gremiales, colectivos ciudadanos y la oposición política.

Para evitar una convulsión social, Arce alegó que abrogó el decreto 5143 y lamentó la desinformación respecto a esa norma y aseguró que la propiedad privada siempre fue respetada por su Gobierno.

El año pasado, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de reforzamiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero tuvo que paralizar su tratamiento cuando se debatía la norma en la Comisión de Constitución por las marchas de gremiales, transportistas y otros sectores que alegaron que criminalizaba la protesta y vulneraba otros derechos.

Anoche tras una reunión de las tres fuerzas políticas de la Cámara de Senadores decidieron dar continuidad a las elecciones judiciales, esto mediante una ley corta para ampliar los plazos.

Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara Alta, fue quien anunció la decisión tomada y quien también pidió al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, asumir su rol de forma “más activa” por el conflicto.

Aclarando que el trabajo de una ley corta fue aprobado de manera unánime entre los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, lo que no significa algún contubernio o pacto.