Se tiene una base técnica para negociar la reparación con las víctimas, anunció El procurador general del Estado, César Siles Bazán, además cuestionó el accionar de la Fiscalía General del Estado al rechazar las investigaciones de torturas y otros delitos, pero que considera se revertirá en los próximos días.

El Procurador indicó que “Es una irresponsabilidad de la Fiscalía el convocar con bombos y platillos, designar una comisión de fiscales, que dicha comisión iba a realizar investigación del caso y días después emitir una resolución de rechazo, porque no hay suficientes elementos de convicción, no han podido encontrar los elementos probatorios”.

Agregó “no sólo como Viceministro de Justicia, sino por la experiencia en el ámbito penal, esta resolución de rechazo será revocada”.

Se logró adquirir más de 1,8 millones de dosis para contrarrestar el brote de influenza en el país, ayer informó el Gobierno en esta campaña se priorizará a los grupos de riesgo. Los inmunizantes se obtuvieron gracias al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La llegada de las vacunas coincide con el descenso de casos.

El viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina tradicional, Max Enríquez informó que “Hemos vivido un incremento significativo de casos de influenza. En la última semana se han reducido en un 50%. Por ejemplo, en Santa Cruz, de 1.000 casos semanales ahora se registran 500”.

El Ministerio de Salud ha distribuido las vacunas a 3.600 centros de salud en todo el país.

De acuerdo a un Informe de Conflictividad en Bolivia, emitido por la Defensoría del Pueblo con base en el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana, durante el primer trimestre de este año, se registraron 103 conflictos en el país.

Del total, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, reportan 18 y 17 hechos de conflictividad, respectivamente, luego le siguen Potosí y Beni con 16, cada uno, mientras que en Cochabamba hubo al menos 15.

La principal demanda reflejada en la disconformidad de los actores demandantes se traduce en el campo laboral, por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte del gobierno central, departamental o municipal.

De la totalidad de reportes presentados, se evidencia que la mayor medida de presión utilizada por los actores demandantes es el bloqueo como forma determinativa de exigencia de demandas.

Las vulneraciones de los derechos humanos identificados son: 39 al derecho al trabajo y empleo que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo.