Tras el inicio de la devolución de depósitos en dólares, surgen dudas entre los ahorristas que aún no acceden a sus fondos. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el proceso se desarrollará por fases y que no todos los depósitos serán liberados de manera inmediata, debido a la necesidad de preservar la estabilidad del sistema financiero.

Espinoza proyectó que la segunda fase del proceso podría iniciarse en las próximas semanas, una vez evaluado el impacto de la primera etapa y verificada la disponibilidad de divisas. Según explicó, el objetivo es avanzar de forma responsable, evitando riesgos para el sistema financiero y garantizando que los depósitos puedan ser devueltos de manera sostenida.

Mientras tanto, el Gobierno aseguró que los ahorros no están en riesgo y que se trabaja en mecanismos que permitan ampliar gradualmente el acceso a los dólares depositados. Los ahorristas, por su parte, permanecen atentos a los anuncios oficiales y esperan definiciones concretas sobre fechas y alcances de la siguiente fase.

A partir de hoy martes, 27 de enero, el Gobierno inicia el proceso de devolución de depósitos en dólares a los ahorristas, en un contexto marcado por la expectativa ciudadana y la demanda de mayor certidumbre sobre la disponibilidad de divisas en el sistema financiero. La medida busca responder a las restricciones que en los últimos meses generaron preocupación entre los depositantes.

Según lo anunciado, la devolución se realizará de manera gradual y bajo los mecanismos establecidos por las entidades financieras, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y evitar impactos en la estabilidad del sistema bancario. Desde el Ejecutivo se reiteró que los depósitos en moneda extranjera pertenecen a los ciudadanos y deben estar disponibles, en el marco de la normativa vigente.

La decisión apunta a restablecer la confianza en el sistema financiero, aliviar la presión sobre los ahorristas y reducir la incertidumbre económica. Sectores productivos y comerciales consideran que la liberación de los depósitos podría contribuir a dinamizar la actividad económica y mejorar la circulación de divisas en el mercado interno.

Mientras avanza la devolución, la población permanece atenta a la implementación de la medida y a su alcance en los distintos bancos, esperando que el proceso se desarrolle con regularidad y transparencia en los próximos días.

Durante una visita al departamento de Potosí, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reiteró su compromiso de enfrentar la corrupción y la malversación de fondos públicos, asegurando que los responsables serán procesados y enviados a la cárcel sin importar su partido político. En un acto público, el mandatario enfatizó que su Gobierno no permitirá impunidad ni prácticas corruptas que afecten el desarrollo local y nacional.

“Vamos a perseguir a los corruptos que se robaron… porque se tienen que ir a la cárcel y no engañar más al pueblo potosino”, declaró Paz, destacando que la lucha contra la corrupción es una prioridad mientras se busca impulsar proyectos productivos y beneficiosos para la región. El presidente subrayó que su administración promoverá contratos transparentes y colaboración con los sectores interesados en iniciativas que realmente impacten positivamente en la población.

Este pronunciamiento se produce en un contexto de acciones judiciales recientes contra exautoridades por presuntos casos de corrupción, lo que refuerza el mensaje de cero tolerancia hacia irregularidades financieras en la gestión pública. Autoridades locales y representantes ciudadanos presentes en el acto manifestaron apoyo a la iniciativa y señalaron que esperan que estas medidas permitan recuperar recursos públicos y fortalecer la confianza de la población en las instituciones.

Analistas políticos señalan que la declaración del presidente busca enviar un mensaje claro a funcionarios y exfuncionarios, recordando que la persecución de actos de corrupción será independiente de afinidades políticas y que la transparencia en la gestión estatal es un eje central del gobierno actual. Este enfoque apunta a consolidar una administración más responsable, con procesos claros de control y rendición de cuentas, especialmente en departamentos históricamente afectados por irregularidades financieras.

El Gobierno boliviano inauguró oficialmente el Centro de Gobierno (Cengob), una unidad estratégica diseñada para impulsar la modernización del Estado con énfasis en eficiencia, transparencia y digitalización de los servicios públicos. La implementación cuenta con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro de un paquete de cooperación orientado a mejorar la gestión pública, fortalecer la rendición de cuentas y facilitar el seguimiento de metas de desarrollo.

El Cengob funcionará como un mecanismo de coordinación y supervisión, destinado a reducir la burocracia, agilizar los trámites para los ciudadanos y mejorar la planificación estatal mediante indicadores medibles. Según las autoridades, su labor permitirá transformar promesas gubernamentales en acciones concretas y cuantificables, de modo que la población pueda observar avances reales en los servicios que recibe.

El proyecto se sustenta en cuatro pilares principales: digitalización de servicios, mayor transparencia en la gestión, eficiencia administrativa y modernización del aparato estatal. Además, se espera que contribuya a la ejecución de los ejes estratégicos del Ejecutivo y que sirva como herramienta para enfrentar desafíos estructurales, como déficits fiscales y presión inflacionaria.

El ministro de la Presidencia explicó que Cengob permitirá “traducir las promesas en acciones cuantificables”, destacando la importancia de que la ciudadanía pueda verificar los resultados y avances en tiempo real. Expertos en gestión pública señalan que esta iniciativa podría marcar un hito en la modernización del Estado si logra integrar tecnología, planificación y control administrativo de manera efectiva, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

La puesta en marcha de este centro refleja la intención del Gobierno de consolidar un Estado más moderno, eficiente y transparente, con procesos más ágiles y mejor articulados, y de sentar las bases para una administración pública centrada en resultados y orientada al ciudadano.