El Gobierno boliviano inauguró oficialmente el Centro de Gobierno (Cengob), una unidad estratégica diseñada para impulsar la modernización del Estado con énfasis en eficiencia, transparencia y digitalización de los servicios públicos. La implementación cuenta con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro de un paquete de cooperación orientado a mejorar la gestión pública, fortalecer la rendición de cuentas y facilitar el seguimiento de metas de desarrollo.

El Cengob funcionará como un mecanismo de coordinación y supervisión, destinado a reducir la burocracia, agilizar los trámites para los ciudadanos y mejorar la planificación estatal mediante indicadores medibles. Según las autoridades, su labor permitirá transformar promesas gubernamentales en acciones concretas y cuantificables, de modo que la población pueda observar avances reales en los servicios que recibe.

El proyecto se sustenta en cuatro pilares principales: digitalización de servicios, mayor transparencia en la gestión, eficiencia administrativa y modernización del aparato estatal. Además, se espera que contribuya a la ejecución de los ejes estratégicos del Ejecutivo y que sirva como herramienta para enfrentar desafíos estructurales, como déficits fiscales y presión inflacionaria.

El ministro de la Presidencia explicó que Cengob permitirá “traducir las promesas en acciones cuantificables”, destacando la importancia de que la ciudadanía pueda verificar los resultados y avances en tiempo real. Expertos en gestión pública señalan que esta iniciativa podría marcar un hito en la modernización del Estado si logra integrar tecnología, planificación y control administrativo de manera efectiva, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

La puesta en marcha de este centro refleja la intención del Gobierno de consolidar un Estado más moderno, eficiente y transparente, con procesos más ágiles y mejor articulados, y de sentar las bases para una administración pública centrada en resultados y orientada al ciudadano.

A partir del 26 de enero de 2026 entró en vigencia un nuevo ajuste tarifario para vuelos nacionales, que fija nuevas tarifas máximas de referencia para 17 rutas aéreas y estará vigente por seis meses.

El ajuste también incorporó cinco nuevos tramos en la estructura tarifaria para ampliar la cobertura del transporte aéreo nacional. Las tarifas actúan como techo máximo permitido, por lo que las aerolíneas pueden ofrecer precios iguales o menores, pero no superiores a estos límites.

El ajuste se produce en un contexto en que la Boliviana de Aviación (BoA) es la principal aerolínea que opera vuelos nacionales, y la oferta de vuelos ha sufrido variaciones en frecuencia y disponibilidad de asientos, especialmente en rutas fuera del eje central, lo que también incide en los precios efectivos al consumidor.

Se recomienda comprar con anticipación para acceder a tarifas más bajas dentro del rango permitido, mientras que en fechas cercanas a la salida o en rutas con alta demanda los precios pueden acercarse al tope máximo establecido.

La exdiputada Laura Rojas se presentó este lunes ante el Ministerio Público para prestar su declaración en calidad de testigo, tras haber sido citada en el marco de la investigación sobre el hallazgo de drogas en un galpón relacionado con la denominada operación de las 32 maletas.

Según información preliminar, Rojas acudió acompañada de su abogado defensor y se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Su comparecencia se da luego de que la Fiscalía emitiera la citación formal, indicando que su testimonio podría aportar detalles clave sobre la propiedad del galpón y las personas vinculadas a las maletas con droga encontradas en el lugar.

El abogado de la exdiputada aseguró que Rojas “dirá su verdad” durante la declaración y reiteró que su clienta actuará con transparencia y disposición para esclarecer cualquier duda en torno al caso, enfatizando que la citación no implica culpabilidad, sino que forma parte del procedimiento legal normal dentro de la investigación.

Por su parte, autoridades judiciales indicaron que se trata de una etapa preliminar de investigación y que los datos obtenidos de testigos y otras pruebas serán analizados para determinar posibles responsabilidades penales de los involucrados en el hallazgo de la droga.

Las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) revelan que las irregularidades no se limitarían a un solo sector, sino que habrían involucrado a distintos niveles de la estructura institucional, desde personal operativo y administrativo hasta instancias de dirección y gerencia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el esquema irregular habría operado mediante el manejo indebido de recursos económicos, procesos administrativos y operaciones comerciales, lo que permitió desvíos millonarios y una afectación directa al patrimonio del Estado. Las indagaciones apuntan a que cajeros, responsables administrativos y altos ejecutivos habrían tenido algún grado de participación u omisión en los hechos investigados.

Autoridades señalaron que este caso expone fallas graves en los mecanismos de control interno y fiscalización dentro de la empresa estatal, lo que facilitó que las irregularidades se mantuvieran durante un periodo prolongado sin ser detectadas oportunamente. Asimismo, se indicó que se están revisando contratos, movimientos financieros y procedimientos internos para establecer responsabilidades individuales.

Desde el Gobierno se aseguró que no habrá protección para nadie y que las investigaciones continuarán hasta identificar y sancionar a todos los responsables, sin importar el cargo que hayan ocupado. El caso Emapa se perfila como uno de los escándalos de corrupción más graves en una empresa estatal, con consecuencias económicas y políticas aún en evaluación.