El escándalo por el ingreso irregular de 32 maletas presuntamente con droga en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru continúa creciendo y ya involucra repercusiones judiciales, diplomáticas y políticas de gran alcance. La Cancillería confirmó la anulación del pasaporte diplomático de la exdiputada suplente y actual candidata a concejal Laura Rojas Ayala, documento que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para evadir controles aduaneros en el arribo de un vuelo chárter procedente de Estados Unidos.

El pasaporte diplomático N° DE01266, otorgado a Rojas en septiembre de 2022 por solicitud de la Cámara de Diputados, fue anulado de oficio el 13 de noviembre de 2025 luego de que la exlegisladora no devolviera el documento tras concluir su mandato, a pesar de los compromisos y gestiones formales para su devolución. La medida fue comunicada a Interpol y a la Dirección General de Migración, quedando el documento inválido para cualquier tránsito fronterizo o uso oficial. La Cancillería advirtió que el uso de pasaportes diplomáticos anulados o invocar prerrogativas inexistentes para evadir controles constituye un hecho que será investigado y sancionado penalmente.

En paralelo, el caso genera tensiones en el ámbito electoral municipal. Gary Añez, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la alianza Primero Santa Cruz, confirmó que se espera una reunión con Rojas Ayala para definir su situación política, ante la posibilidad de que se retire de la candidatura debido a la magnitud del escándalo y las implicaciones judiciales.

El Gobierno, a través del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, rompió el silencio y aseguró que “no hay intocables” y que cualquier irregularidad será sancionada conforme a la ley. Justiniano explicó que la demora en pronunciarse se debió a la necesidad de no interferir en la investigación en curso, enfatizando que “lo que afecta a un Gobierno es encubrir; actuar conforme a la ley fortalece la institucionalidad”.

El caso también tiene derivaciones judiciales directas: fue aprehendido el juez Heberth Zeballos, acusado por tráfico de sustancias controladas. Según la investigación, Zeballos sería propietario del galpón donde se secuestraron varias maletas con 79 kilos de marihuana, presuntamente parte del mismo cargamento que ingresó por el aeropuerto Viru Viru.

Laura Rojas Ayala fue citada a declarar como testigo el lunes próximo, mientras la Fiscalía y la Policía profundizan las investigaciones para determinar si existe una conexión directa entre el ingreso del equipaje, el uso del pasaporte diplomático y la actuación del juez implicado. Autoridades enfatizaron que no habrá encubrimiento de ninguna irregularidad, independientemente de la jerarquía o cargo de los involucrados, y que todas las responsabilidades serán establecidas conforme a la ley.

Especialistas en derecho y seguridad aeroportuaria indicaron que este caso evidencia fallas en los controles del aeropuerto, la necesidad de reforzar los protocolos de revisión de equipaje y la importancia de mantener mecanismos de fiscalización eficientes para evitar que documentos oficiales sean usados indebidamente. El Gobierno reiteró que se tomarán medidas correctivas y preventivas para garantizar que hechos similares no se repitan y que la investigación avance con total transparencia y sin interferencias políticas o institucionales.

El escándalo de las 32 maletas ha generado repercusión nacional e internacional, poniendo a prueba la capacidad del sistema judicial, la fiscalización aduanera y la supervisión de pasaportes diplomáticos, mientras ciudadanos y autoridades esperan que se esclarezcan todos los hechos y se sancione a los responsables.

La ciudad dio inicio oficial a la Feria de la Alasita 2026, considerada una de las tradiciones culturales más representativas del país, que cada año reúne a cientos de artesanos, comerciantes y visitantes atraídos por las emblemáticas miniaturas, símbolos de abundancia, trabajo y prosperidad. La inauguración contó con la presencia de autoridades locales, organizadores y miembros de la comunidad, quienes resaltaron la relevancia social, cultural y económica del evento.

Durante el acto inaugural, se enfatizó que la feria no solo preserva una tradición ancestral reconocida a nivel nacional e internacional, sino que también constituye un motor importante para el turismo y la economía local, generando oportunidades de comercialización para los artesanos y fortaleciendo la identidad cultural de la región. “La Alasita es un patrimonio vivo que promueve la creatividad, el emprendimiento y la esperanza en el futuro de nuestra gente”, señalaron autoridades durante su intervención.

En el marco del evento, se anunció la participación de Rodrigo Paz, quien recorrerá los distintos puestos de la feria, sosteniendo encuentros con artesanos, comerciantes y representantes de sectores culturales presentes. Su presencia se espera que incentive la visibilidad del evento y genere un mayor acercamiento entre autoridades, expositores y visitantes, fortaleciendo la proyección de la feria a nivel nacional e internacional.

Organizadores destacaron que la Feria de la Alasita 2026 contará con diversas actividades culturales y educativas, talleres de elaboración de miniaturas, presentaciones artísticas y espacios de intercambio entre artesanos y público general. Además, se establecerán protocolos de seguridad y logística para garantizar una experiencia ordenada y segura para todos los asistentes, fomentando la participación masiva de familias, estudiantes y turistas nacionales y extranjeros.

La feria se desarrollará durante varios días y se prevé que genere un movimiento económico significativo, beneficiando a artesanos, comerciantes y servicios locales, mientras se mantiene la tradición de ofrecer miniaturas que representan sueños, metas y deseos de prosperidad para el año en curso. Autoridades y participantes coincidieron en que este evento es un espacio de encuentro, promoción cultural y fortalecimiento de la identidad local, reafirmando la importancia de preservar y difundir la Alasita como una de las expresiones culturales más emblemáticas del país.

La Aduana Nacional inició una investigación interna exhaustiva sobre los procedimientos de control aplicados en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, luego del polémico ingreso de 32 maletas el pasado 29 de noviembre de 2025. Estas maletas estarían vinculadas a una exdiputada y actual candidata a concejal, y su aparición se produce en el marco de una investigación más amplia por presunto tráfico de sustancias controladas, que se desató tras el hallazgo de droga en un galpón cercano al aeropuerto.

El principal objetivo de la investigación aduanera es determinar si se presentaron irregularidades, negligencias u omisiones en los procesos de revisión del equipaje que permitieron que las maletas salieran del aeropuerto sin cumplir con los controles establecidos por ley. Autoridades aduaneras destacaron que la acción busca colaborar estrechamente con las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía, asegurando que todos los procedimientos se lleven a cabo de manera transparente y bajo la supervisión de los organismos competentes.

El presidente de la Aduana Nacional subrayó que “no se encubrirá ningún acto de corrupción, sea quien sea”, y aseguró que cualquier irregularidad que sea detectada en los procedimientos será sancionada conforme a la normativa vigente. Además, indicó que la institución está reforzando los controles en todas las áreas del aeropuerto, con especial atención a los procedimientos de revisión de equipaje y a la cadena de custodia de los bienes que ingresan y salen del país.

En el marco de las pesquisas, la exdiputada vinculada al caso fue citada a declarar como testigo. Su abogado aclaró que ella solo viajó en el vuelo investigado con dos maletas personales y que no es propietaria de las 32 maletas en cuestión. Testimonios y documentos preliminares muestran que las investigaciones continúan avanzando con la participación activa de la Fiscalía y de la Policía, quienes buscan esclarecer la procedencia exacta de las maletas, las posibles conexiones con el hallazgo de sustancias controladas y si existen responsabilidades penales asociadas.

Especialistas en control aduanero y seguridad aeroportuaria señalan que casos como este evidencian la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de supervisión y fiscalización, así como la capacitación del personal encargado de la revisión de equipaje, para prevenir que incidentes similares puedan repetirse en el futuro. La Aduana indicó que se revisarán los registros, cámaras de seguridad, reportes de supervisión y toda la documentación relacionada con el ingreso de las maletas para garantizar la transparencia y responsabilidad en las actuaciones de sus funcionarios.

Las autoridades aseguraron que la investigación no solo busca sancionar posibles irregularidades, sino también establecer medidas preventivas y correctivas que refuercen los mecanismos de control en aeropuertos y fronteras. El caso de las 32 maletas ha puesto en evidencia vulnerabilidades en la cadena de revisión de equipaje y ha generado una coordinación más estrecha entre Aduana, Fiscalía y Policía, con el fin de garantizar que los procedimientos se ajusten estrictamente a la ley y que los responsables de cualquier irregularidad sean llevados ante la justicia.

El Gobierno nacional se pronunció de manera oficial este miércoles en relación con el denominado caso de las 32 maletas, un hecho que ha generado amplia repercusión y cuestionamientos públicos por el presunto ingreso irregular de equipaje que no habría sido sometido a los controles establecidos. Desde el Órgano Ejecutivo se aseguró de forma categórica que ninguna persona está por encima de la ley y que no existirá protección para ningún implicado, independientemente del cargo o la función que desempeñe.

Las autoridades informaron que el caso ya se encuentra en conocimiento de las instancias competentes, las cuales llevan adelante las investigaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el ingreso de las maletas, qué procedimientos fueron vulnerados y si existieron fallas, omisiones o actos deliberados que permitieron eludir los controles. En ese marco, se instruyó a todas las entidades y funcionarios involucrados a brindar plena colaboración, facilitando el acceso a documentación, registros y toda la información que sea requerida.

Desde el Ejecutivo se remarcó que el objetivo central de las investigaciones es establecer responsabilidades claras, tanto en el ámbito administrativo como en el penal, sin considerar jerarquías ni vínculos institucionales. “No hay intocables y se llegará hasta las últimas consecuencias”, señalaron autoridades, subrayando que el Estado tiene la obligación de actuar con transparencia y firmeza ante hechos que puedan vulnerar la normativa vigente y la confianza ciudadana.

Asimismo, se indicó que el proceso se desarrollará respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero con un enfoque riguroso orientado a esclarecer los hechos en su totalidad. Las autoridades explicaron que, una vez concluidas las investigaciones, los resultados serán comunicados de manera oficial a la población y se adoptarán las medidas correctivas necesarias para fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.

El Gobierno sostuvo que este caso pone a prueba los sistemas de control del Estado y reiteró su compromiso de evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. En ese sentido, no se descarta la revisión de protocolos y procedimientos internos, así como la aplicación de sanciones ejemplares en caso de confirmarse irregularidades.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes en el municipio de Cuatro Cañadas, cuando un bus interprovincial que cubría la ruta entre Santa Cruz y Guarayos volcó a la altura de una empresa agrícola, en la carretera con dirección a San Julián. El siniestro provocó la muerte de una mujer y dejó a varios pasajeros heridos, algunos de ellos con lesiones de gravedad.

Según la información preliminar, el vehículo transportaba aproximadamente a 60 pasajeros y, por causas que aún son materia de investigación, terminó volcado a un costado de la vía. La víctima fatal fue identificada como Barbarita Aracu Figueroa, de 26 años, oriunda de Guarayos, quien quedó atrapada bajo la estructura del bus y perdió la vida en el lugar del accidente.

Equipos de emergencia y personal de salud acudieron rápidamente a la zona para auxiliar a los heridos. La mayoría de los afectados fue trasladada al Hospital Municipal de Cuatro Cañadas, mientras que los pacientes con lesiones más graves fueron derivados a centros médicos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Testigos relataron momentos de desesperación y confusión tras el vuelco, así como la rápida intervención de ambulancias y rescatistas para socorrer a los pasajeros.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades. El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos en las rutas interdepartamentales del país y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial.